VALÈNCIA (EP/VP). El Ayuntamiento de València y el Ministerio de Fomento han iniciado un auténtico diálogo de sordos a cuenta de la ampliación de la V-21. Mientras el Ministerio de Fomento ha advertido sobre las consecuencias que tendría paralizar la obra, asegurando que podría retrasar la infraestructura “una década”, el alcalde Joan Ribó ha reclamado que se no se ejecute el proyecto para salvar la huerta.
El alcalde ha reivindicado también la inversión prevista para el acceso de la V-21 a la ciudad. El alcalde recordó este viernes que la moción aprobada en el Pleno de este jueves en ningún momento rechaza la inversión, sino que emplaza a minimizar el impacto que tenga sobre la huerta cualquier infraestructura que se tenga que ejecutar. Esta es la primera premisa que recordó Ribó, junto con la voluntad de desvincular los accesos de la V21 a València respecto del acceso norte al Puerto, con un grave impacto medioambiental.
Cabe recordar que el proyecto del Ministerio de Fomento, tal y como está actualmente redactado, destruiría 89.000 metros cuadrados de huerta productiva, así como elementos patrimoniales de diversos términos municipales, entre los cuales, el de València. Ribó apeló “a la responsabilidad de las administraciones para trabajar conjuntamente, mejorando las infraestructuras que utiliza la ciudadanía, al tiempo que protegiendo los valores paisajísticos y de producción agraria del entorno de la ciudad”.
Por ello, Ribó emplaza a un “diálogo entre las administraciones, más allá de declaraciones gruesas que parecen más un chantaje: o se hace un proyecto de infraestructuras destruyendo todo a su paso, o no se hace nada”. Según ha proseguido el alcalde “desde València defendemos que se puede mejorar las infraestructuras reduciendo al máximo su impacto medioambiental, y así deseamos trasladarlo al ministerio de Fomento”.
La moción aprobada por el pleno acuerda “instar al Gobierno Central al mantenimiento de la inversión estatal aprobada para el proyecto de ampliación a tres carriles de la V21, realizando un estudio previo que favorezca la movilidad colectiva y sostenible de futuro, desvinculado de toda implicación con el descartado nuevo acceso norte al Puerto de València”. Por tanto, la moción en ningún momento solicita paralizar la inversión, recordaron desde el consistorio. Es más, desde el Ayuntamiento se señala que solicitar un modificado del proyecto, en ningún caso implica repetir todo el procedimiento, “ni por supuesto, perder dicha inversión”.
Desde el Ayuntamiento lamentan que se intente someter a un “chantaje” bajo la disyuntiva “de infraestructuras a costa de una absoluta destrucción patrimonial, o nada”, y emplazan a buscar alternativas viables que mejoren las infraestructuras necesarias y los servicios a la ciudadanía, citando como ejemplo “la necesaria inversión en movilidad sostenible metropolitana, en que València es la única ciudad con área que queda apartada del contrato-programa del ministerio”.
Ya este jueves el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, salió al paso de la moción y criticó al Ayuntamiento de València. Por su parte el Ministerio de Fomento, en declaraciones recogidas por Europa Press, advirtió que “la suspensión del proyecto de la V-21 para plantear nuevas alternativas, tal como han pedido València en Comú, PSPV y Compromís supondría retrasar el inicio de las obras una década y el colapso de la vía por el incremento de los tráficos”. Asimismo, subrayó que, si la obra no se llevara a cabo, la inversión de 28,99 millones se destinaría a otras actuaciones en desarrollo en cualquier punto de España por parte del Ministerio de Fomento.
Este departamento del Gobierno central expresó, a través de un comunicado, “su sorpresa por la citada iniciativa para paralizar las obras de la ampliación de la V-21, ya que las mismas formaciones aprobaron en 2015 una moción de apoyo a este proyecto”. “A ello hay que añadir que Compromís presentó, tanto en el Congreso como en el Senado, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para que se incluyera una partida para mejorar y ampliar la V-21. Este grupo justificaba precisamente en su enmienda que los accesos por carretera a la ciudad de València requieren de mejoras”.
En la misma línea, el Ministerio de Fomento mostró su “asombro ante una iniciativa que se justifica en que supone la alternativa más cara de las presentadas cuando, en realidad, de las siete, tiene el coste intermedio”. “Pedir que se paralicen las obras justo cuando van a empezar y después de haber tenido diez años para realizar alegaciones es incomprensible y va en contra de lo que las formaciones que aprobaron ayer la moción han transmitido a la sociedad valenciana en los últimos años, reclamando mejores accesos para la ciudad y una mejora de la seguridad vial”, continúa la administración central.
“Llama la atención que el plan de participación pública del estudio de integración paisajística, incluido en el estudio de impacto ambiental y que tuvo en consideración el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia, no obtuvo respuestas para poder hacer siquiera un análisis de resultados”, incidieron antes de recalcar que la tramitación del proyecto actual, que tan solo está pendiente de la adjudicación del contrato para el inicio de las obras, ha durado diez años.
Según las proyecciones contenidas en el proyecto constructivo, la densidad de tráfico en los accesos a la V-21 para dentro de diez años alcanzaría una intensidad media diaria de vehículos de 82.600, “lo cual colapsaría esta vía de acceso a València”. Pero insistió en que, si la obra no se llevara a cabo, la inversión se destinaría a otras actuaciones en desarrollo.