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¿Hacienda somos los tontos?

«‘Hacienda somos todos’ es un eslogan no aplicable a derecho», aseguró la abogada del  Estado Dolores  Ripoll durante el juicio del caso Nóos para intentar (con éxito) que a la infanta Cristina se le aplicara la llamada Doctrina Botín. Pues si no somos todos, entonces... ¿quiénes son Hacienda?

16/05/2017 - 

VALÈNCIA.- Con el segundo trimestre del año a los asalariados españoles les llega el momento de rascarse el bolsillo al liquidar el impuesto sobre la renta —de pagar o de recuperar algo de lo abonado si cumplieron de sobra durante el ejercicio pasado—. En cualquiera de los dos casos la reflexión tributaria es prácticamente inevitable. Ante las cifras del borrador el contribuyente exclama: «¡Caramba, pagué todo esto de impuestos el año pasado, el tanto por ciento de mi sueldo!», y a tal conmoción porcentual le suelen suceder otras preguntas: «¿Pagará los mismos impuestos mi primo en Madrid? ¿Y el dueño del bar de aquí abajo? ¿De verdad los ricos pagan impuestos en mayor proporción?».

Luis Pintor y Ernesto Carratalá, parafraseando el famoso lema de la Agencia Tributaria, trataron de dar respuesta a estas cuestiones en 2005 con su libro Hacienda somos (los) tontos, una feroz crítica a las herramientas legales para la elusión fiscal ilustrada en su portada con un alegórico exprimidor de naranjas. La pregunta es: ¿De verdad funciona así? ¿Están pagando más los más tontos, los que menos conocimientos tienen para eludir?

«Desde luego», opina en esta línea Francisco Gaspar, coordinador en la Comunitat Valenciana del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La organización, que agrupa a 8.000 profesionales dentro del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, se muestra muy crítica con el actual reparto de la carga impositiva del IRPF. «Los datos son claros. El 80% del IRPF lo soportan las rentas del trabajo mientras que las rentas empresariales, las del capital, o las ganancias patrimoniales aportan muy poco. Quienes realmente pasan cuenta y sostienen el Estado son los trabajadores asalariados», defiende.

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En efecto, los datos oficiales de la Agencia Tributaria reflejan esta circunstancia. En concreto, según las cifras de distribución porcentual de las fuentes de renta de 2014 —el último dato disponible— el 80,92% de la cuota líquida que recaudó el país la aportaron las rentas del trabajo, lejos del 6,55% correspondiente a la ‘estimación directa’ —la aportación de la mayoría de los empresarios autónomos—. Todavía inferior fue el 4,75% que aportó al IRPF el capital mobiliario, el 3,46% de las ganancias patrimoniales o el 3,27% del capital inmobiliario. En el gráfico que acompaña esta información se aprecia con mayor claridad el reparto.

Eso en lo se que refiere al reparto porcentual. Pero la media de lo que declara al fisco cada uno de los colectivos también es reveladora. Mientras las rentas del trabajo ascienden a un importe medio por empleado de 18.726 euros anuales en la Comunitat Valenciana, los empresarios que se acogen a la ‘estimación directa’ declaran una media de 8.866 euros al año, algo menos de 740 euros al mes.

¿De verdad la media de ingresos de los autónomos valencianos que declaran la renta es de menos de 740 euros? ¿No esconde esta cifra la elusión de obligaciones fiscales? «No. No hay engaño. Esa es la realidad de los ingresos netos», replica Rafael Pardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA).

El dirigente afirma que la sombra de la economía sumergida «es un sambenito injusto que se ha colgado habitualmente al colectivo». «En algún caso puede ser verdad, pero no es en absoluto la generalidad. Decir eso es desconocer profundamente la realidad del autónomo. El hecho de que se declaren esas cuantías medias —que ¡ojo!, es la media, hay autónomos que están manteniendo sus negocios con pérdidas— responde a las durísimas circunstancias de la crisis. Hay trabajadores a los que les va bien y otros que están manteniendo el negocio en negativo. Hay mucha disparidad entre los autónomos», afirma.

«No se puede comparar el IRPF con las sicavs, que reportan una renta a cambio del riesgo de que un tercero utilice nuestro dinero», dice Alejandro Martínez

En cualquier caso, el debate sobre el reparto de la carga impositiva en la sociedad española va mucho más allá de lo que se refiere estrictamente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). «No está todo el mundo que podría estar. Muchas personas, muchos empresarios y profesionales, no están en el IRPF. Lo que hacen es crear sociedades para salir de ese ámbito, y ¡ojo!, lo hacen con instrumentos 100% legales», explican desde Gestha.

A juicio de Gaspar, «el impuesto sobre la renta tiene un problema desde hace más de una década, y es que es un impuesto dual». «No estamos tratados todos por igual en el impuesto sobre la renta. Durante muchos años el impuesto sobre la renta ha sido un impuesto progresivo, cualquiera que fuera la naturaleza de la renta, independientemente de que fueran rentas del trabajo, empresariales, del capital o de ganancias patrimoniales. Todas tributaban a tarifa», cuenta.

Pero esto cambió. «El artículo 31 de la Constitución Española dice que todos contribuiremos a las arcas públicas en función de nuestra capacidad y de una forma progresiva. Pero este principio, que recogía la reforma fiscal constitucional que entró en vigor en el año 1979, se ha ido rompiendo con posterioridad. Esto es muy importante que se sepa. Ahora hay una tarifa para las rentas del trabajo y empresariales —que oscila entre el 19% y el 45% en función de los ingresos de cada uno— mientras que la tarifa para el ahorro —en la que están incluidas la mayoría de las rentas del capital e incluso las ganancias patrimoniales especulativas— oscila entre el 19% y el 23%. Esta diferencia es el gran problema», defiende.

Las sicavs se defienden

¿Y qué más está fuera del IRPF? «Por descontado, en el impuesto sobre la renta no tributan los rendimientos que obtienen las personas propietarias de grandes fortunas, que desvían a figuras que se han creado posteriormente como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que solo pagan el 1% de los rendimientos que obtienen en el Impuesto de Sociedades. Las grandes fortunas gozan de elementos legales que les permiten pagar muchísimo menos», lamenta Gaspar, que además critica que la supervisión de estas firmas exceda al control de la Agencia Tributaria y esté en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Y así funcionan. Se supone que han de tener un mínimo de socios, pero muchas recurren a ‘mariachis’ para cumplir el cupo y no pasa absolutamente nada», critica.

Alejandro Martínez, cofundador de la empresa valenciana de asesoramiento financiero (EAFI) EFE&ENE, ofrece una visión bien distinta al respecto.  «No se pueden comparar el impuesto sobre las rentas del trabajo con lo que paga el inversor de una sicav; ese planteamiento es equivocado y lleva a confusión. Son dos cosas completamente diferentes. Las sicavs reportan una renta a cambio de un riesgo, a cambio de que un tercero utilice nuestro dinero. No tiene nada que ver con el sueldo que cobra una persona. Los inversores de las sicav también tienen sus propias actividades por las que ya tributan, bien sea a través del IRPF o del Impuesto de Sociedades», defiende.

El llamado ‘dumping’ fiscal «es un escándalo, Madrid lo utiliza ya casi como reclamo», afirma Francisco Gaspar (Gestha)

Y aquí otro de los debates recurrentes, el de si está bien o mal tributar varias veces. Martínez lo tiene claro: «Cuando pagas impuestos deberías pagarlos solo una vez, por la obtención de rentas. Lo que se hace a partir de ahí no debería estar gravado. Todo lo demás es nuestro derecho a usar el dinero que ya ha tributado o a asumir un riesgo con él: el consumo, los inmuebles, las sucesiones, el ahorro o inversión financiera...».

Al respecto, Gaspar replica que el argumento contra la doble imposición «no se sostiene». «Todos pagamos dos o más veces. El sistema impositivo implica que hay cadenas de impuestos. Con lo que un trabajador gana en la nómina consume productos con los que paga IVA, un impuesto indirecto que pagamos todos por igual…», defiende, y en la misma línea subraya que «solo puede haber una verdadera progresividad como la que marca la Constitución Española gravando también la riqueza».

Respecto a los ‘mariachis’, Martínez argumenta en defensa de las sicav que «debería dejar de requerirse un número mínimo de integrantes de la sicav». «Con un solo partícipe podría ser suficiente. ¿Cuál es el miedo? ¿La concentración del capital? Cualquier gran fondo de autor tiene mayor concentración de capital que una sicav española, y los integrantes de las sicav tributan igual que si estuvieran en un fondo de inversión. Todo es transparente y accesible en la web de la CNMV. Se trata más de una agitación interesada que de otra cosa», sostiene.

La crisis y el ‘dumping’ fiscal

Además de las diferencias entre los tributos de asalariados, autónomos, grandes empresarios ahorradores e inversores, Gaspar también subraya la evolución y el impacto de los diferentes impuestos durante la crisis económica. «La recaudación con el impuesto sobre la renta ya ha conseguido alcanzar niveles anteriores a la crisis, periodo en el que cayeron los ingresos de todos los impuestos.

También se ha recuperado la recaudación mediante el IVA, en este caso de forma artificial, elevándose el impuesto al 21%, de modo que es mayor el peso de la imposición indirecta —la que afecta a todos por igual—, que hace que pierda terreno la tributación progresiva de la que habla la Constitución. Por contra, el Impuesto de Sociedades aún no se ha recuperado, de modo que el trasiego de la crisis todavía ha supuesto un mayor esfuerzo fiscal a los asalariados.

Otro fenómeno de moda en materia tributaria es el dumping fiscal, la rebaja de impuestos para atraer inversiones. En la Comunitat esto tiene como principal efecto la mudanza de personas —real o simulada— a la Comunidad de Madrid, donde el IRPF es menor y los impuestos de donaciones y sucesiones son prácticamente simbólicos. «Es un escándalo, Madrid lo utiliza ya casi como reclamo. ‘Preferimos paraísos fiscales que infiernos fiscales’, ha llegado a decir Cristina Cifuentes. Nosotros a eso le respondemos que los paraísos fiscales son los infiernos sociales», explica Gaspar, cuyo sindicato —Gestha— es una de las entidades impulsoras de la Plataforma por la Justicia Fiscal, «que trata de poner negro sobre blanco los efectos reales y tangibles del mal reparto de la carga tributaria y de la elusión fiscal».  

*Este artículo se publicó originalmente en el número de mayo de la revista Plaza

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