Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. Hace apenas un año, Les Corts daban luz verde a uno de los proyectos estrella de Podemos: la Agencia Antifraude. El trámite no fue sencillo. Los grupos parlamentarios presentaron más de 100 enmiendas que cambiaron la norma planteada inicialmente por los morados. Hubo discusión sobre cuestiones técnicas del articulado. Pero, especialmente, por las competencias que ésta tendría o de quién dependería orgánicamente. Aspectos que distanciaban a los partidos del Consell de su socio crítico parlamentario, Podemos.
Ahora, con el proceso para seleccionar a la plantilla finalizado y la búsqueda de una sede en la que asentarse en proceso, el director de la oficina Joan Llinares ha solicitado a la Mesa de Les Corts hacer algunos cambios en la ley que se aprobó el 10 de noviembre de 2016. ¿La razón? No ve claras algunas de las cuestiones que se establecieron en la normativa y que afectan a la propia definición jurídica del organismo.
De hecho, la primera de ellas hace referencia a la naturaleza de la agencia. Llinares quiere que no sea considerada una "entidad de derecho público", sino que figure como una "institución". Según consta en el escrito presentado ante el registro de entrada de Les Corts, tras la puesta en marcha de este organismo y después de mantener algunas relaciones con otras entidades, se ha producido en ocasiones el equívoco de que algunos agentes la han encuadrado "de forma incorrecta" dentro del Sector público instrumental de la Generalitat.
Así, argumenta que las entidades de derecho público de la Generalitat tienen "rasgos bien diferenciados" con los que tiene la agencia. Entre ellos, por ejemplo, la dependencia funcional de una o varias consellerias, a quien precisamente debe fiscalizar para que en ellas no se den malas praxis. Una consideración que choca con la adscripción de la oficina antifraude, ya que es dependiente de Les Corts Valencianes, tal y como exigió Podemos desde el inicio del trámite de la ley. La petición generó un distanciamiento con sus socios del Botánic, ya que el PSPV quería que dependiera de Presidencia, y Compromís prefería que lo hiciera de la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz.
Llinares, que levantó las alfombras del Palau de la Música Catalana tras destapar el 'caso Millet', describe también que las entidades de derecho público realizan actividades o gestionan servicios "para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolla la Administración"; "desarrollan acciones con arreglo a un plan de acción anual aprobado por el Consell a propuesta de la conselleria" de la que depende; y, además, "se rigen por el derecho privado". Unas funciones que no realiza la agencia antifraude y por las que considera que debería cambiar su definición en artículo 1 de la ley.
Las objeciones del 'Elliot Ness valenciano' a la norma no quedan ahí. El artículo 29 determina que los puestos de trabajo "se clasificarán y proveerán de acuerdo con las normas de la Ley de función pública valenciana". Una redacción a la propone que se añada: "Sin perjuicio de la regulación que de forma específica pueda establecerse reglamentariamente por la agencia".
Este añadido tiene razón de ser en que la plantilla del organismo la compondrán funcionarios de carrera de las administraciones. A Llinares no le parece "lógico ni razonable que el personal funcionario de carrera de la agencia procedente de otras administraciones o instituciones, pueda ver disminuidos sus derechos" como consecuencia de incorporarse a trabajar a la agencia. Es decir, quiere evitar que mengüen las condiciones laborales de las personas que sean destinadas a la agencia o que este factor -la pérdida de salario- pueda desalentar a los interesados en formar parte de la plantilla.
Por ello, y aunque el también exresponsable de la Oficina de Transparencia en Barcelona mantenga que se rijan por la ley de Función Pública, prefiere que se añada a su redacción con el fin de que el "posterior desarrollo reglamentario desplegado por la propia agencia determine las condiciones laborales del personal".
Con base a todos estos argumentos, Llinares también razona que la agencia no podría "estar sometida al régimen de intervención general de la Generalitat", ya que actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
De esta manera, no sólo pide acomodarse a los presupuestos de Les Corts. También que la contabilidad de la oficina antifraude esté sujeta a los principios de contabilidad pública "y al sistema de autorización, disposición, obligación y pago para asegurar el control presupuestario". Con esto, se compromete a justificar su gestión de manera anual a un órgano independiente como es la Sindicatura de Comptes que preside Vicente Cucarella.
Para contar con un marco legislativo adecuado y que no dé pie a confusiones o interpretaciones dispares, Llinares también prefiere que cambie la disposición que fija que el director de la oficina antifraude, a los seis meses de acceder al cargo, deba presentar ante Les Corts y el Consell el reglamento de funcionamiento.
Valiéndose de los antecedentes de instituciones como el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes, el exresponsable de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de Barcelona razona que mantener "la aprobación del reglamento por el Consell, podría afectar a la necesaria independencia de actuación". Además, añade: "En ninguno de los casos el reglamento de desarrollo de las leyes se aprueba, al tiempo, por Les Corts y por el Consell", es decir, por el legislativo y ejecutivo. Por lo que apela a la división de poderes.
Después de que el Consell haya destinado casi 2,8 millones de euros para su funcionamiento el próximo ejercicio, el director del organismo pide que la disposición adicional primera de la ley de Presupuestos de 2018 incluya a la Agencia Antifraude. Este artículo en concreto, engloba a una serie de instituciones y órganos estatutarios a los que se les permite que incorporen el remanente de presupuestos anteriores a los mismos capítulos de las cuentas del año siguiente.
No en vano, el Ejecutivo valenciano destinó 1,5 millones de euros a esta oficina en el Presupuesto de 2017. Una partida que apenas se ha ejecutado debido a los retrasos para ponerse en marcha. Tal y como publicó Abc, la mayoría del presupuesto del próximo año (2,1 millones de euros) se destinaría al primer capítulo: gastos de personal. Llinares fiscaliza a su propio organismo.
