La circunvalación de peaje de Alicante sobrevive a la liquidación de la concesionaria

ALICANTE. La segunda circunvalación de Alicante seguirá abierta este sábado, pese a que todo parecía indicar que iba a cerrarse hasta que el Ministerio de Fomento asumiera su gestión, fruto del concurso de acreedores de su concesionaria, Ciralsa. El titular del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dejado sin efecto la entrega a Fomento de la vía, que debía certificarse este sábado y que suponía de facto el cierre, dado que el Gobierno no pensaba asumir su gestión hasta el mes de julio de 2017.

Esta segunda circunvalación (un nuevo tramo de la AP-7), inaugurada en 2007, se diseñó para absorber con el tiempo hasta el 80% del tráfico rodado que circula por la primera, la autovía A-70. No obstante, desde el primer año no ha parado de perder usuarios, según los datos del Ministerio de Fomento. En 2013, año en que entró en concurso, la intensidad media diaria alcanzó los 5.298 vehículos al día (de los que apenas 300 eran camiones).

La autopista bordea la comarca del Campo de Alicante a lo largo de 33 kilómetros, que conectan el peaje de El Campello de la AP-7 con la autovía del Camino de Castilla, donde cruza la A-31 entre Monforte del Cid y el Rebolledo. Cuenta con cuatro peajes (Busot-Muchamiel, Campello, San Vicente del Raspeig y Monforte del Cid), aunque es de libre acceso para los usuarios que circulen entre San Vicente y Busot.

Tras postergar la entrega a Fomento, el juez tendrá que fijar una nueva fecha en el auto de liquidación de la concesionaria. Un auto que está previsto que se dicte en un plazo no inferior a dos meses. Mientras tanto, la circunvalación seguirá abierta al tráfico gestionada por la empresa. Al mismo tiempo, el juez de lo Mercantil deja también sin efecto el cese de la explotación de las autopistas radiales R-3 y R-5, así como un tramo de la M-50, todas ellas en Madrid. De momento se quedan en manos de sus concesionarias, en concurso de acreedores. En unos dos meses se conocerá el auto con el plan de liquidación de estas empresas, en el que se fijará una nueva fecha de cese y fin de actividad. 

Fomento intenta lograr una prórroga en la fecha de cese, hasta julio de 2017, para asumir estas infraestructuras. El Ministerio se había comprometido a asumir la explotación de estas autopistas, pero con un plazo de 9 meses para que la transición se hiciese de forma ordenada y no este sábado, tal y como se recogía en una resolución judicial del pasado mayo. Ahora el juez ha acordado fijar una nueva fecha de cese en la actividad y entrega al Estado que se determinará en el próximo auto.

El juez asume que retrasar el cese de la actividad de estas concesionarias perjudica a los acreedores. Especialmente a los bancos que financiaron las obras, que siguen siendo los que soportan el esfuerzo de la continuidad de la explotación (en beneficio del Estado, que cada vez debe menos). No obstante, ha pesado más el hecho de que el Estado no se haya comprometido a asumir las obras este sábado, por lo que el cese en la conservación, vigilancia y seguridad de las citadas vías exigía su cierre, y que éste iba a afectar a centenares de miles de ciudadanos (especialmente en el caso de las autopistas madrileñas).

Eso sí, el auto destaca que el aplazamiento en el cese de estas autopistas se acuerda con un compromiso por parte del Ministerio de Fomento de asumir las obras y obligaciones nacidas de la concesión, lo que presenta "indudables ventajas económicas y concursales" respecto a la resolución o ineficacia sobrevenida de los contratos unidos a la concesión. Ahora se abre un plazo de 15 días para que tanto los deudores como los acreedores formulen sus observaciones o propuestas.