Centro de eventos de Feria ValenciaVALENCIA. La Generalitat valenciana se hará cargo de los casi 600 millones de euros de deuda que arrastra Feria Valencia como paso previo a la cesión de su gestión a una empresa mixta de mayoría privada. Este es el eje fundamental del proyecto diseñado por el Consell para despejar el futuro del recinto, un plan que implica la liquidación de la entidad centenaria Feria Muestrario Internacional y la creación de una gestora para verificar los hitos de la disolución y organizar los certámenes mientras se completa la externalización del negocio.
FOTOGALERÍA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO
La hoja de ruta diseñada por la Conselleria de Hacienda presentada este martes al patronato de Feria Valencia supone el inicio formal de una transformación que comenzó a gestarse hace prácticamente tres años, aún con el PP al frente del Ayuntamiento y la Generalitat, y que en ese periodo ha ido variando hasta alcanzarse la solución actual.
El plan, expuesto por el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, implica la aprobación de un decreto ley de asunción de deuda por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y la modificación de la legislación actual sobre ferias comerciales, competencia de la Conselleria de Economía Sostenible. Además, se finalizará por adelantado la concesión del Ayuntamiento de Valencia a favor de Feria Muestrario Internacional, que acababa en diciembre de 2051.
El primero de los decretos, el de la Conselleria que dirige Vicent Soler, servirá para despejar definitivamente las dudas sobre si la Generalitat debe hacerse cargo de la millonaria deuda derivada de la ampliación del recinto aprobada a mediados de la pasada década. De mantenerse la situación actual, la Generalitat estaría obligada a exigirle a Feria Valencia la devolución de las cantidades aportadas, lo que la abocaría a la quiebra inmediata.
Con la situación actual, la Generalitat debe exigir a la devolución de lo aportado, lo que haría quebrar la feria
En ese sentido, tras el patronato, Manuel Illueca explicó que, tal y como estaban diseñadas, las operaciones de financiación presentaban una "problemática jurídica" para la Generalitat.
Además de la asunción de la deuda, el decreto garantiza el equilibrio económico de Feria Valencia hasta que esté lista la nueva estructura.
La financiación de las obras impulsadas con Rita Barberá al frente del patronato asciende a 587,1 millones de euros y está estructurada en dos fases con aval y subvención públicos. El pasivo será definitivamente asumido por la Generalitat para permitir que la empresa que se creará para explotar el negocio nazca sin el lastre de la deuda.
Del primer tramo, aún se deben 302,9 millones porque en los 14 años que han pasado desde la emisión de las obligaciones se han pagado 202 millones de intereses y 20 de principal. Inicialmente Feria Valencia pagó "lo que pudo" y constituyó una cuenta de reserva con 14 millones que dotó mientras tuvo capacidad. Con la liquidación de Feria Valencia, la Generalitat recuperará esos fondos y los aportará como capital de la nueva sociedad mixta que gestionará el recinto.
De la segunda tanda de financiación aún se deben 202 millones de euros tras haberse amortizado 61 millones y haber pagado 52,5 millones en intereses. Al pasiso se suma un tercer tipo de operaciones de financiación corriente para cubrir las pérdidas por la actividad propia de los últimos años.
La Generalitat, como avalista de los créditos con los que se pagó la ampliación, ya abona desde 2009 cerca de 30 millones de euros anuales ante la imposibilidad de Feria Valencia de generar recursos suficientes. El recinto, que encadena seis años de pérdidas y graves problemas de tesorería, se sostiene con recursos públicos. Por ese hecho el Banco de España ya considera a Feria Valencia una entidad pública a efectos de contabilidad nacional.
Illueca aludió a la "caída dramática" de la actividad que ha sufrido el recinto en los últimos años. Como muestra, destacó que Feria Valencia ha destruido 60 millones de euros en Ebitda en los años de la crisis.
El director del IVF destacó que asumir la deuda no es "una ley de punto final", sino que se trata de dar "viabilidad a la feria" y de que la justicia "haga su camino", en referencia a la investigación de la Fiscalía sobre la gestión anterior y los "importantes sobrecostes" detectados por la intervención en esas obras.
Por su parte, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya ha alcanzado un acuerdo con los acreedores de Feria Valencia, paso previo a la aprobación del decreto de asunción de deuda. Posteriormente prevé hacerlo también con los bonistas, con los que ahora existe "alguna dificultad". Junto a los obligacionistas, el principal acreedor de Feria Valencia es el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
"Entendemos que no debería haber grandes problemas porque va en interés de los acreedores de Feria Valencia", señaló Illueca, que insistió en que el modelo se basa en la premisa de limpiar la carga de deuda de la sociedad, "imprescindible para hacer atractiva a los inversores".
Por otro lado, la modificación del decreto ley sobre ferias comerciales de la Comunitat, una competencia que depende de la Conselleria de Economía servirá para eliminar de la norma actual, que data de julio de 2014, la consideración de las instituciones feriales como entidades sin ánimo de lucro, lo que permitirá a la futura empresa explotadora funcionar como una sociedad 100% privada.
"Feria Valencia nació de la iniciativa privada y debe volver a la iniciativa privada", insistió el director del IVF, para quien la presencia de las administraciones en los órganos de gobierno de la nueva empresa mixta garantiza la continuidad de las ferias actuales "tal y como las conocemos". "Nos aseguraremos de que, quienes vengan, obtengan el rendimiento con las nuevas actividades que traerán", concretó.
La empresa que explotará el recinto ferial surgirá como una firma de capital totalmente público participada por el Ayuntamiento y la Generalitat. Posteriormente se abrirá a la entrada de capital privado hasta un máximo del 60% del accionariado, de manera que la parte pública se diluirá hasta quedar en minoría. Dentro de ese 60% podría haber varios socios tecnológicos, algunos locales.
De ese 40% que se reservará la administración, el 10% estará en manos del Ayuntamiento, que cederá el derecho de uso y explotación del edificio a la empresa gestora mediante una concesión demanial. En principio, será durante 50 años a lo largo de los cuales ingresará un canon anual y, al final de la concesión, recuperará la propiedad del suelo y los edificios.
Por su parte, la Generalitat quedará como titular de un 30%, con la expectativa de que la sociedad pueda dar beneficios y repartir dividendos que contribuyan a minimizar la factura pública por hacerse cargo de los créditos vinculados a la ampliación.
La actual plantilla de Feria Valencia pasará a depender de la nueva sociedad al tratarse de una sucesión empresarial, con lo que se evitan "problemas que hemos visto en otros procesos de este tipo". La nueva firma también asumirá la deuda que se genere desde ahora.
La entrada del socio privado en el capital de esta sociedad se llevará a cabo mediante una ampliación de capital en la que la participación de las instituciones públicas se diluirá hasta el mencionado 40%, quedando el 60% restante en manos privadas. La cantidad a desembolsar es una de las cuestiones clave que debe quedar definida en los próximos meses.
El capital a aportar por el socio privado depende de las necesidades del nuevo plan de negocio
El capital que los socios privados aportarán dependerá del interés que Feria Valencia sea capaz de despertar entre los potenciales aspirantes y de las necesidades que estimen para desarrollar su plan de negocio, pero también de las expectativas que el Ayuntamiento fije sobre el canon que tiene que ingresar.
En este caso, serán los actuales gestores del recinto ferial, con el director general Enrique Soto y el presidente José Vicente González a la cabeza quienes, con el apoyo de una consultora externa, dirigirán la selección de un operador privado mediante un proceso abierto de diálogo competitivo. Para ello, elaborarán una suerte de cuaderno de venta de la nueva sociedad.
Feria Valencia ya ha realizado en los últimos meses gestiones encaminadas a captar el interés de operadores feriales internacionales. El objetivo final de esta alianza es que, con la mecánica y los procesos de contratación propios de la empresa privada, resulte más fácil mantener los pabellones con actividad todo el año gracias a la complementariedad del nuevo socio estratégico y más allá de los certámenes que actualmente ya organiza Feria Valencia.
La solución a Feria Valencia ha sido una de las cuestiones más controvertidas a las que se ha tenido que enfrentar el nuevo Consell durante su primer año de trayectoria. Tras el demoledor informe de la intervención de la Generalitat que reveló sobrecostes millonarios e irregularidades en la contratación los nuevos inquilinos de la Generalitat y el Ayuntamiento se vieron en la tesitura de continuar con un plan heredado por el PP o diseñar uno propio.
A ello se une, además la investigación de la Fiscalía de posibles irregularidades en la gestión de los anteriores responsables del recinto, tanto por el coste del plan de ampliación como por el uso de las tarjetas de crédito del recinto.
La solución pactada por los gestores de Feria Valencia con las anteriores administraciones consistía en desgajar la actividad de la sociedad en una nueva empresa y mantener en la actual la titularidad del recinto (la concesión) y la deuda. Esta solución, según los actuales responsables de la Conselleria de Hacienda, no era jurídicamente posible.
La solución pactada ahora tiene algunos puntos en común, pero también sustanciales diferencias. Una de las principales es la renuncia de la Generalitat a recibir canon de la empresa que gestionará el negocio, una opción que siempre había estado sobre la mesa para compensar su asunción de la deuda.
El criterio siempre defendido por los gestores de Feria Valencia para explotar la actividad a través de una sociedad de capital mayoritariamente privado se ha impuesto al deseo inicial del Ayuntamiento y la Generalitat de tener la mayoría en esa firma.
