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por duplicar facturas para justificar los fondos

La Generalitat denuncia a la patronal de Alicante por fraude y apropiación indebida

26/09/2016 - 

VALENCIA. La Generalitat ha denunciado a la patronal de la provincia de Alicante (Coepa) por fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible en la tramitación de más de 6,82 millones de euros en ayudas y créditos públicos ingresados desde 2002 para sufragar la construcción de un centro de formación en prevención de riesgos laborales.

La querella, que según informa en el TSJ de la Comunitat se encuentra en el Juzgado de Instrucción 5 de Valencia, se sustenta en la presentación de facturas duplicadas por parte de la organización empresarial para justificar las obras, para las que recibió 3,8 millones en subvenciones y otros 3 millones en forma de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que no ha devuelto. 

La administración sospecha que Coepa pudo utilizar 2 millones para fines distintos a los que motivaron la subvención, ya que los documentos aportados para acreditar la construcción y equipamiento del edificio subvencionado suman 4,77 millones de euros.

Todas las facturas que la patronal de Alicante presentó ante la administración fueron emitidas entre septiembre de 2005 y septiembre de 2010 por la misma empresa: la constructora Hormigones Martínez, S.A., propiedad de Rafael Martínez Berna, quien fue presidente de Coepa entre julio de 2009 y noviembre de 2011, momento en el que se vio forzado a dimitir tras una multa de la CNMC por pactar precios con otras constructoras para repartirse licitaciones públicas.

El antecesor de Martínez Berna en el cargo fue Modesto Crespo, que presidió Coepa durante los años en los que se produjo el presunto fraude denunciado por la Generalitat. Crespo será próximamente juzgado en la Audiencia Nacional por apropiación indebida y administración desleal por el cobro ilegal de dietas como presidente de la CAM. Anticorrupción pide para él cuatro años de cárcel.

La denuncia, presentada a principios de agosto por la exsecretaria autonómica de Economía, María José Mira en representación del Servef, surge de un informe interno solicitado por la delegación territorial de este ente en Alicante a raíz de un escrito presentado por la confederación de la pequeña empresa de Alicante (Cepyme Alicante) en el que alertaba a de una serie de posibles irregularidades relacionadas con el mencionado centro de formación.

Al margen de esta denuncia, tal y como publicó Valencia Plaza, la Intervención de la Generalitat está analizando la información aportada tanto por el Servef como por el IVF sobre la duplicidad de las facturas de Coepa antes de trasladarla a la Fiscalía.

Cepyme Alicante, enfrentada con Coepa desde hace años, puso a la administración valenciana sobre aviso por el incumplimiento de las condiciones impuestas para disfrutar de 3,82 millones de euros en subvenciones que el Servef y otros entes públicos como la Dirección General de Trabajo o el antiguo Sepiva le habían concedido desde 2002. Algunas de ellas estaban financiadas con fondos europeos.

Tras comprobar que el centro de formación estaba cerrado desde 2012 y que por tanto se había roto el compromiso de mantenerlo abierto los diez años siguientes, el Servef inició un expediente de reintegro para reclamar la devolución de 1,91 millones de euros en fondos finalistas para la construcción del centro de formación.

A ello se une, además, el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones, que impide recibir dos ayudas, ya sea en forma de recursos o ingresos de entes públicos o privados, para un mismo fin. La organización se saltó esta prohibición con el crédito de 3 millones que en junio de 2006 le concedió el IVF para construir el edificio, del que tampoco informó al Servef tal y como estaba obligada por el convenio.

Más que una infracción administrativa

El solapamiento de los dos ingresos ya constituye por sí sola una infracción administrativa que obligaría a Coepa a devolver las cantidades a la Generalitat, pero las maniobras llevadas a cabo por la organización empresarial para saltarse le ley son, a juicio de la administración, constitutivas de hasta cuatro delitos. 

Tal y como se relata en la querella, la presentación de facturas idénticas para justificar la percepción del préstamo y, al mismo tiempo, las ayudas de la Conselleria de Economía constituiría un fraude en subvenciones, ya que la cantidad presuntamente defraudada, 4,77 millones, supera de largo los 120.000 euros a partir de los cuales el Código Penal contempla penas de prisión de uno a cinco años. La duplicación de las facturas constituiría, además, un delito de falsedad documental. 

Para los denunciantes, los hechos adquieren mayor repercusión si se tiene en cuenta que la patronal alicantina no ha devuelto el crédito de 3 millones que le concedió el IVF, a pesar de que se le flexibilizaron las condiciones. Considera el Servef que si Coepa hubiera usado las subvenciones para pagar el crédito no se le podría imputar irresponsabilidad alguna.

Sin embargo, la denuncia considera que la diferencia entre los 6,82 millones que la patronal alicantina ingresó entre las ayudas y el crédito y los 4,77 millones en gastos para construir y equipar el centro que justificó con facturas duplicadas podrían haber sido destinados a fines desconocidos y distintos al propósito por el que le fueron concedidos.

Una diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente gastado que supera los 2 millones y que, habida cuenta de los mecanismos presuntamente seguidos para distraer esos fondos, podría suponer la comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida, señala la denuncia.

Un concurso interesado

A todo lo anterior se suma la decisión de Coepa de acogerse al concurso de acreedores cuando el IVF, todavía con el PP en la Generalitat, interpuso una demanda de ejecución con amenaza de embargo de los bienes de la patronal. Desde la declaración de insolvencia, la organización ha cambiado de presidente y mantiene su pulso con la administración para que acepte quedarse el centro de formación en dación en pago de la deuda, algo a lo que el IVF se opone.

A juicio de los querellantes, la estrategia de la patronal reduce las opciones de que la administración pueda recuperar todo o parte de las subvenciones para las que se cometió la infracción administrativa. En concreto se refiere a los 1,9 millones de euros del expediente de reintegro tramitado por el Servef, que está personado en el concurso, y a los 3 millones prestados por el IVF.

Además, la querella considera que la valoración que la patronal de Alicante realiza del centro de formación que pretende entregar a la administración está hinchada. La conclusión se extrae de un informe de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) del pasado mes de mayo en el que cuestiona los 3,92 millones en los que Coepa tasó el inmueble porque no detalló los cálculos efectuados ni el criterio para la selección de las muestras.

La concurrencia de ambas circunstancias lleva al denunciante a considerar que la conducta de la organización podría ser constitutiva también de un delito de insolvencia punible.

El próximo viernes día 29 expira el plazo dado por el juzgado en el que se tramita el concurso de acreedores de Coepa para que presenta su propuesta de convenio y el plan de viabilidad.

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