VALENCIA (EFE/VP). La Generalitat se personará como acusación particular en la causa que investiga un posible fraude a las arcas públicas en relación a los pagos realizados a algunos centros concertados para pagar como docentes a diez liberados de las patronales.
Esa es una de las medidas que ha adoptado el Consell en relación a este caso que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia a raíz de una denuncia de Compromís ante la Fiscalía y que ha anunciado hoy el conseller de Educación, Vicent Marzà, durante la sesión de control.
El conseller ha respondido así a una pregunta de la diputada de Compromís, Isaura Navarro, sobre las medidas que han adoptado respecto a este supuesto fraude, que ha cifrado en más de dos millones de euros desde 2008.
Marzà ha recordado que se han abierto diligencias previas que pretenden determinar si hay hechos constitutivos de delito y quienes son sus autores en relación a los pagos realizados en los últimos años en algunos centros concertados.
"Yo mismo como conseller he firmado la autorización a la Abogacía de la Generalitat para personarnos como acusación particular y en defensa de los intereses de la Generalitat que son los de todos los valencianos", ha manifestado.
El conseller ha asegurado que además están "colaborando absolutamente con todas las peticiones jurisdiccionales" y en poner a disposición de la justicia todo lo que les pidan.
"Evidentemente estamos colaborando al máximo con la justicia", ha aseverado, antes de afirmar que al haber un procedimiento abierto y una investigación no le corresponde a él hacer una valoración "pero sí evidentemente colaborar y seguir haciéndolo con toda la predisposición cuando nos lo requieran".
"Haremos todo lo que sea necesario para garantizar que en nuestras actuaciones no se produzca ninguna de las acciones ilegales o alegales y que sean ajustada a la legalidad", ha concluido.
Navarro ha reprochado a la anterior Conselleria de Educación de "no hacer nada", a pesar de un informe de la Intervención como el de 2013 que ya "advertía del pago de horas en exceso a determinados centros concertados" y ha asegurado que ha habido "menosprecio a la legalidad".
Ha recordado algunos nombres de liberados de las dos patronales, Feceval y Escuelas Católicas, "pagados como docentes por la Conselleria de Educación, algo totalmente ilegal porque el concepto no existe", además de apuntar que "hay centros concertados que han facturado horas en exceso y han cobrado esas horas en exceso más allá de las concertadas".
"La gente tiene derecho a saber si se ha dado cobertura al pago ilegal de nóminas y se han destinado fondos públicos que se deberían haber destinado a la educación pública", ha apuntado.
En su opinión, "esto no es libre elección de centro, es delincuencia organizada, malversación, prevaricación, fraude de subvención y falsedad documental" y ha señalado que "es necesaria la colaboración de la Conselleria para llegar al fondo del asunto".
Según ha dicho, el informe de Intervención habla sobre un curso de más de 3 millones, que en 7 años serían más de 21 millones y ha reprochado que la Conselleria de Hacienda no ha aportado toda la documentación requerida.
"Se han de implementar los instrumentos para que esto no pase hoy ni mañana", ha afirmado y ha apostado por programas informáticos que "no permita introducir horas que no están concertadas" y depurar responsabilidades.
