La UCO afirma que el único criterio de contratación en Imelsa era "ser conocido de"

VALENCIA. El informe definitivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), relativo a la contratación de personal para ejercer funciones de asesoramiento en Imelsa al que ha tenido acceso Valencia Plaza, afirma que "el criterio utilizado para la selección de personal no era otro que el de ‘ser conocido de’, y las normas que se aplicaban eran las ‘instrucciones verbales’ que eran dictadas según la voluntad de determinados responsables al frente de la sociedad pública". 

Entre dichos responsables se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su jefe de gabinete Emilio Llopis y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

Pero "el enchufismo" en Imelsa no sólo se quedaba en las contrataciones, también afectaba a los despidos. Una de las responsables de personal afirma que "cuando hacía propuestas para el despido procedente de alguna persona por causas objetivas, no se le podía despedir por estar relacionado con un tercero".

La contratación "ilegal" de asesores se comenzó a realizar con la llegada como gerente de Marcos Benavent, tal y como él mismo cuenta en sus declaraciones, y finalizó con su salida del ente público. A día de hoy en Divalterra (antigua Imelsa) no hay ningún asesor vinculado a los grupos políticos.

Este informe hace referencia a los zombies que trabajaban directamente para los partidos políticos y que, o bien no trabajaban y cobraban o, por el contrario, ejercían de asesores en la Diputación de Valencia mientras cobraban como asesores de la empresa pública Imelsa. 

De hecho, los investigadores hablan de  Juan José Medina (del PP), José Manuel Orengo y Raúl Pardo (PSOE), Emili Altur (Compromís) y de la denunciante que dio origen al caso Imelsa Rosa Pérez, de Esquerra Unida.

Sobre estos dos últimos, llama la atención dentro del informe que los agentes aseveran que "solicitaron los asesores porque averiguaron que el resto de grupos tenían uno". Es más, algunos de los asesores que debían trabajar para Imelsa "ocupaban un tiempo reducido de su jornada laboral, llegan incluso en ocasiones a no realizar servicio alguno relacionado con Imelsa".

Contratos ilegales

En referencia a los asesores de los grupos políticos, los agentes también explican que "la contratación no está contemplada ni amparada en documento alguno, ni siquiera fue acordado por el Consejo de Administración con su correspondiente reflejo en un acta, algo que se considera lógico cuando el destino de dicho personal era asesorar a sus miembros".

Aseguran los miembros de la UCO que "la contratación del personal en general, y de los asesores respondió a la voluntad principalmente de Rus y Llopis", pero informan que de ello "se aprovecharon los distintos partidos políticos".

Asesores del Consejo de Administración

Este informe implica en el caso Imelsa a todos los partidos políticos con representación en la anterior legislatura. El principal investigado en la causa, Marcos Benavent explicó a la UCO, en relación al número de asesores y sus funciones que "en la primera legislatura había unos 11 asesores, y en la segunda legislatura se descontroló la contratación de asesores y que el número creció considerablemente, hasta llegar a contratar a unos 16. Las funciones eran las que en cada caso le encomendaba el consejero al que estuvieran asignados. Y que como director gerente de Imelsa no tiene constancia de que estas personas realizasen trabajo alguno".

Sobre los asesores de Compromís e Esquerra Unida, el diputado de Compromís Emili Altur declaró que "él y Rosa Pérez se reunieron con el jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, y tras conocer que los otros grupos políticos tenían asesores en la Diputación ‘reclamaron’ uno para ellos. Y que el motivo de que se contratase el asesor a través de Imelsa es que así lo decía Alfonso Rus".