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el juez de taula recibe el informe de la guardia civil

La UCO demuestra las trampas del PP de Rita Barberá con las campañas electorales

El informe emitido por la Guardia Civil pone al que fuera mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, como uno de los principales baluartes de la presunta financiación irregular

8/09/2017 - 

VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha emitido un contundente informe en el que asegura que la financiación irregular ha sido una constante dentro del grupo municipal popular en Valencia.

El informe, basado en los papeles que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, evidencia que, no solo el PP de Rita Barberá hizo trampas de forma sistemática, sino que la mano derecha de la exalcaldesa, Alfonso Grau, fue una de las personas más importantes para poder llevar a cabo la citada presunta financiación irregular.

Tal y como se puede leer textualmente en el informe, la UCO afirma: "La cuestión de fondo, que una vez más aflora en este procedimiento, es la irregular forma en la que se sufragó la campaña correspondiente a unas elecciones municipales, en este caso las del año 2007, así como el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo con esa finalidad".

"El resultado de lo anterior –continúa el informe–se tradujo en que también en dicho año en que se sufragaren con dinero en efectivo determinados gastos relacionados con la actividad del partido propios de los periodos electorales sin que ello tuviera reflejo en la  contabilidad global de la  formación  política, pudiendo ser estos hechos constitutivas de un delito electoral".

Junto con la demostración del probable delito electoral, el otro matiz capital que queda claro es el supuesto papel fundamental que tuvo en todo ello el ex vicealcalde de València. Según los agentes, Grau recibió dinero en efectivo de empresas que eran contratistas del Ayuntamiento de Valencia.

Alfonso Grau, directamente implicado

Explica el informe que: “La investigación realizada sitúa a Alfonso Grau como uno de los principales intervinientes en los hechos. No sólo por su implicación directa en el seguimiento y control de los distintos trabajos que se realizaron con motivo de las elecciones municipales del año 2007, sino también por su contribución a la obtención de fondos que permitiesen afrontar el pago de la deuda a los proveedores electorales”.

Y prosiguen asegurando: “Junto al mismo resultó determinante la participación en los hechos investigados de su amigo Vicente Saez. Ambos habrían intervenido en la toma de decisiones respecto de los trabajos a realizar, además de tratar de forma reservada los asuntos de una mayor sensibilidad, sirviéndose de la estructura empresarial del último, especialmente de la empresa Laterne Product Council, para alcanzar el objetivo de financiar de forma irregular los citados trabajos desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos, impidiendo su fiscalización y permitiendo con ello que se supere el techo de gasto sin reflejo en la contabilidad electoral”.

Lluvia sobre mojado

Pero la UCO explica que no solo LPC se utilizó para ‘trampear’. Aseguran en su informe que “En esta ocasión, desde el grupo municipal popular de Valencia se contrató a la empresa LPC (empresa de Tormo) al objeto de desarrollar determinados trabajos relacionados con la campaña electoral de 2007. Fue empleado (el método) en otras ocasiones conocidas como en el caso de la empresa Trasgos, contratada para la campaña del año 2011, y permitió al igual que entonces, que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido velando su identidad de manera buscada, todo ello perfeccionado hasta el punto de permanecer oculto a los órganos fiscalizadores”.

Los datos económicos

Entre los investigados por el presunto blanqueo de capitales hay una tendencia a tratar de desmontar la investigación tratando de desacreditar a los testigos. Pero según se desprende del informe de la UCO, no solo esas declaraciones hunden en la miseria a los populares de Rita Barberá. Las informaciones objetivas sacadas de la Agencia Tributaria o de las diferentes cuentas bancarias analizadas, así como del libro mayor del LPC dejan en evidencia lo hasta ahora defendido por los ‘pitufos’, que no hubo financiación irregular.

La Guardia Civil es clara al afirmar que: “el análisis de las cuentas bancarias permitió contrastar los datos que figuran en los documentos aportados”, unos documentos que este medio no dudó en aportar a la investigación. “Especialmente se pudo comprobar la veracidad de lo declarado por Jesús Gordillo testigo y exasesor de Grau, en relación al destino del dinero que le entregó Alfonso Grau, localizándose los apuntes bancarios correspondientes al abono de determinadas cantidades de dinero en efectivo por parte de LPC a los distintos proveedores que aún no habían cobrado por los servicios prestados. Lo anterior además otorga verosimilitud a las cantidades consignadas en el libro mayor de la empresa LPC, toda vez comprobado que las cuantías reflejadas en el mismo coinciden con las de los ingresos realizados en las cuentas bancarias de los distintos proveedores”.

Las trampas del PP

En sus conclusiones, los agentes de la Unidad Central Operativa son claros y concisos sobre cómo el PP de Barberá hizo trampas: “la forma de proceder implementada permitía sufragar determinados gastos electorales sin que ello tuviera reflejo en la contabilidad global del partido, huyendo así de la fiscalización ejercida por parte de los órganos de control. Esa ausencia de control se traducía en que por parte del PP de la ciudad de Valencia se podían superar los techos de gasto electorales establecidos, sin que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido, algo que también sucedió en el año 2007”.

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