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El centro desoye a la intervención para reducir los salarios

La Universidad de Alicante paga 700.000 euros en sueldos por encima de la legalidad en cinco años

27/07/2016 - 

VALENCIA. La Universidad de Alicante (UA) paga sueldos por encima de normativa vigente. Así lo pone de manifiesto la Intervención de la Generalitat en su auditoria de cumplimiento del ejercicio 2015, en la que especifica que la cantidad satisfecha a su personal de forma irregular se eleva a 699.819 euros desde 2010.

En el estudio, realizado conjuntamente por la Intervención y el auditor externo, se subraya que el centro público es reincidente, ya que abona sueldos por encima de la norma "a pesar de haber sido advertida" de esa circunstancia en las diferentes auditorías realizadas durante esos ejercicios.

El incumplimiento deriva de la no aplicación de reducción del 5% a las retribuciones por complementos autonómicos que quedó establecida en el Real Decreto–ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

A ese incumplimiento, el centro universitario suma otros relativos a los procedimientos de selección de personal o a la tramitación de contratos menores, irregularidades que se repiten también ejercicio tras ejercicio en otros ámbitos de la administración, como las fundaciones públicas sin que, como advierten los interventores, se adopten medidas para corregirlas.

La UA debe pedir el reembolso

En su informe, los técnicos explican que el pasado 5 de junio de 2015 la UA solicitó a la Dirección General de Universidad de la Generalitat autorización para abonar esas retribuciones, pero en la respuesta que recibió no consta expresamente la autorización a las cantidades retribuidas.

Por ello, la Intervención de la Generalitat estima que se ha de proceder "con carácter prioritario y urgente" a regularizar los salarios para cumplir la normativa vigente y, además, urge a que se exija a los trabajadores las cantidades no prescritas indebidamente abonadas como retribuciones. Ahí estarían incluidos los últimos doce meses para el personal laboral y los últimos cuatro años para los funcionarios. "Todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que pudiera derivarse para los responsables del establecimiento, la autorización y el pago de estas retribuciones", advierten.

Otra incidencia detectada en relación con el régimen de personal está relacionada con el régimen de incompatibilidades. Como en el caso de las reducciones salariales pendientes de aplicar, el viceinterventor de la Generalitat y el auditor externo constatan que la situación no ha cambiado respecto a la ya detectada en 2014.

En concreto, se advierte de que la mayor parte de las personas que presentan el escrito de solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad al inicio de la actividad docente y comienzan a ingresar su salario antes de contar con el visto bueno a la compatibilidad según lo previsto en el artículo 3 de la ley 53/ 1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas para el ejercicio de la segunda actividad.

Transformación irregular de contratos

Por otro lado, la auditoría de cumplimiento señala que convocatorias de selección y las contrataciones llevadas a cabo en 2015 se realizaron con la autorizción de la Dirección General de Universidades cuando, según los técnicos, se requiere autorización de la Conselleria de Hacienda.

Además, llama la atención sobre la transformación de los contratos del personal docente e investigador en personal laboral interino una vez agotan el periodo máximo legal de contratación. La contratación de esos trabajadores bajo la figura de "profesor contratado doctor interino" no se ajustaría a los principios de igualdad y publicidad de acceso al empleo público, alerta la intervención.

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