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La consellera salvador pide al gobierno central que no lleve el texto al TC

Les Corts aprueba la ley de vivienda social sin atender las advertencias de inconstitucionalidad

El Jurídic alertó de que no se puede imponer a los propietarios que sus viviendas estén ocupadas ni "obligar" a la banca a que alquile los inmuebles ejecutados a los afectados por el desahucio

26/01/2017 - 

VALENCIA. La primera ley del Consell de Ximo Puig vio la luz este miércoles sin resolver su incertidumbre legal. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) advirtió de la "dudosa constitucionalidad" de varios artículos del texto, unas advertencias que finalmente han caído en saco roto. Les Corts ha aprobado la normativa sin atender los consejos del órgano consultivo ni las posteriores mociones presentadas por PP y Ciudadanos planteadas en el mismo sentido. La ley salió adelante con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, si bien esta última formación rehusó apoyar los artículos de la discordia.

Como informó en julio Valencia Plaza, el CJC emitió un duro informe contra la ley, ideada para obligar a la banca y a otros grandes propietarios de viviendas vacías a poner los inmuebles a la disposición de los ciudadanos. La fórmula elegida para que la propiedad ceda sus pisos fue la expropiación del usufructo, la misma que se utilizó en otras autonomías y que acabó recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional (TC). Preguntada al respecto, la consellera de Vivienda, María José Salvador, reclamaba este miércoles al ejecutivo que no maniobre contra la norma valenciana.

Precisamente sobre esta cuestión versaban las discrepancias del Jurídic, plasmadas en su informe como "observaciones de carácter esencial". En ellas advertía de que no se puede imponer a los propietarios que sus viviendas estén ocupadas y ni "obligar" a la banca a que alquile los inmuebles ejecutados a los afectados por el desahucio, todo a pesar de que impago se hubiera producido por "circunstancias de emergencia social", tal y como recoge la ley.

El ejecutivo autonómico, sin embargo, optó por ignorar las advertencias del organismo con el argumento de que las medidas contempladas en los artículos 12 y 13 dejan bien claro que la nueva legislación autonómica no entrará en vigor mientras exista la ley estatal (la vigente Ley de Segunda Oportunidad de mayo de 2017), de forma que "claramente no afecta a esta ordenación".

"Además, estos artículos son de competencia autonómica en materia de vivienda y no de derecho civil y, por tanto, no habría problemas de inconstitucionalidad competencial mientras no afecten a la ordenación estatal de la economía", explicaron entonces. El informe del CJC, por contra, consideraba insuficiente esta cautela y advertía de que, aunque quedara sin efecto la ley estatal, seguirá existiendo "el fondo social de viviendas" a nivel nacional, con el que sí podría interferir a nivel competencial el texto valenciano.

"Obligación" vs "movilizar el stock"

Respecto a la "obligación" de tener ocupados los pisos que detecta el CJC en la ley, la Conselleria de Vivienda niega la mayor: "No es una vinculación directa ni una delimitación general del derecho de la propiedad porque sólo afecta a grandes tenedores. Lo que pretende la norma es marcar la función social de la vivienda para movilizar el stock en casos muy particulares", aseguran.

Vivienda también se apoya en que el Gobierno valenciano "cuenta con el informe favorable de Abogacía, que para nada ha advertido de la inconstitucionalidad del texto". "El Consell ha aprobado esta ley que mantiene una postura realista, al lado de las personas, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada", defiende el departamento de Salvador.

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