VALENCIA. Cualquier cifra que salga de las cuentas de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. (Ciegsa) ya no sorprende. Ahora, un informe provisional de la Intervención de la Generalitat alumbra que los colegios de Ciegsa costaron casi 310 millones más de lo que establecía el importe adjudicado, un sobre coste de un 19% respecto al precio asignado. Este informe, que ya era esperado por la conselleria de Marzà para tomar una decisión sobre qué hacer con la entidad, revela que en la mayoría de ocasiones el coste final suponía un aumento respecto al importe adjudicado a la empresa elegida.
En todo este periodo de existencia, desde 2001, existen años punta donde gastar más de lo inicialmente presupuestado era notorio. Por ejemplo, ese mismo año, con Manuel Tarancón al mando de educación, la desviación fue de 95 millones, un 22% más del importe licitado, en 2003, con Esteban González Pons como conseller de Educación el sobre coste fue de un 27%, concretamente de 41 millones, mientras que en 2005, con Alejandro Font de Mora a la cabeza fue de un 43% con 35 millones. A partir de ahí el incremento sobre el importe licitado fue bajando a partir de 2007, cuando llegó la crisis, hasta ser de -9% en 2012 gastando 16.000 euros menos del importe de licitación.
El culmen llegaba no solo con el hecho de gastar más de lo que debería, sino que ya se veía aupado el coste con la admisión de ofertas al alza de las empresas adjudicatarias. Y es que una de las incidencias era la utilización de la solvencia como criterio para valorar la adjudicación, lo que ha provocado que la ejecución de la obra, evidentemente, sea más cara que usando criterios económicos.
Además, a mismas construcciones, ubicación similar y con superficies construidas semejantes la disparidad de precios es bastante significante. Los encargos de Ciegsa ya partían con problemas de base como construcciones facturadas por la compañía que la Generalitat no ha recibido, actuaciones que aún no han empezado y que generan costes pero que no tienen previsión de terminarse o actuaciones que están por empezar, como todas las que el Banco Europeo de Inversiones obligó a la entidad a estructurar en un calendario y que debían estar terminadas en 2010.
Por no hablar de las contrataciones irregulares de asistencias técnicas para la supervisión de los proyectos. Tampoco la Conselleria tenía ningún tipo de control sobre Ciegsa al no comprobar la documentación de la facturación. El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, denunció la intervención sobre la adquisición de suministros por valor de 250 millones a través de Ciegsa “cuando esta empresa no estaba autorizada para ello y cuando la Conselleria además tiene personal encargado precisamente de esta función, lo que demuestra el vacío consciente de competencias por parte de la conselleria para disminuir todo tipo de control sobre las contrataciones y la dejación de funciones en la dirección, inspección, control y recepción de obras”.
También los costes llegaron por la vía bancaria, donde 393 millones sumaron en concepto de gastos financieros como consecuencia de la falta de dotación presupuestaria que el Consell destinó a la construcción de centros públicos a través de esta empresa. De hecho, esta situación obligó a Ciegsa a recurrir a financiación privada, con los consecuentes intereses de pago asociados, y a acogerse entre 2012 y 2014 a distintos mecanismos de financiación aprobados por el gobierno central como el FLA; el Plan de Pago a Proveedores o líneas directas de financiación del ICO. En total, el coste de la deuda de Ciegsa asumida por la Generalitat a final de 2013 era de 1.734 millones. También es destacable el gasto de 92 millones de euros en barracones que en algunos casos parecían tener carácter definitivo por todos los años que han estado en pie.
Según el informe de auditoría de la sociedad, Ciegsa tendrá que pasar todos sus activos a la Generalitat antes de que termine 2015 si la Conselleria de Educación no cambia la ley del Gobierno anterior. En las apreciaciones del auditor de sus cuentas de 2014 llama la atención sobre el artículo 29 del Decreto Ley 7/2012 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat.
En éste apunta a que se prevé la incorporación de la totalidad de las acciones de la sociedad, titularidad de la Generalitat, a favor de la Entidad de infraestructuras de la Generalitat, momento a partir del cual se procederá a su extinción de la sociedad mediante la cesión de su activo y pasivo. El Convenio de Colaboración firmado el 5 de febrero de 2001 con la Conselleria de Educación, que se creó con el objeto de regular la realización y financiación de las obras y estructuras educativas, establece como fecha límite para que los edificios construidos vuelvan a manos de la Generalitat el 31 de diciembre de 2015.
La auditora recuerda que cuando hizo esta apreciación la administración no había tomado ningún tipo de decisión para iniciar este proceso. Y es que Educación estaba esperando este informe jurídico para saber exactamente qué podían o no hacer. Ahora, se han hecho los cálculos de la deuda que asumirá la Generalitat y sus sociedad dependientes en el caso de liquidarla, que será de 2.826 millones de euros, donde hay deuda que ni ha sido comprobada.
