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registro policial por presunta corrupción en sagunto 

Los reparos del interventor y el Síndic de Comptes, en el origen de la 'operación Flotador'

20/10/2016 - 

VALENCIA (VP/EP). El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto coordinó este miércoles una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del consistorio saguntino entre 2007 y 2014, dos legislaturas en las que estaba al frente del Ayuntamiento el actual diputado del PP en Les Corts Alfredo Castelló.

La investigación se centra en el presunto amaño de contratos mediante el fraccionamiento para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. 

La bautizada como operación Flotador afecta al exalcalde Castelló y a once concejales y excediles de las dos últimas legislaturas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. También se investiga a seis empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La causa se inició en agosto de 2015 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía tras las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas. Según ha comprobado Valencia Plaza, las prácticas presuntamente corruptas fueron objeto de discrepancia por parte del interventor municipal y, posteriormente quedaron plasmadas en dos informes de la Sindicatura de Comptes, que se remitieron al Tribunal de Cuentas.

Un centenar de "reparos" del interventor

Concretamente, en el Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Sagunto. Ejercicios 2012-2014, la Sindicatura, entonces dirigida por Rafael Vicente Queralt, afirmaba que "durante los ejercicios 2012 y 2013, la Intervención municipal formuló un total de 102 y 110 reparos de legalidad, respectivamente, todos ellos objeto de discrepancia con los órganos gestores". De estas discrepancias se dio cuenta al Pleno municipal de Sagunto, pero no fueron subsanadas.

Los reparos formulados afectaban a contratación, personal, subvenciones, urbanismo y a la prórroga del presupuesto, así como a las modificaciones presupuestarias. Añadía la Sindicatura que los reparos por gastos realizados sin ajustarse a a Ley de Contratos, "ya sea por fraccionamientos indebidos, ausencia de contrato u otros motivos ascienden en el ejercicio 2012 a 875.249 euros y en el ejercicio 2013 a 513.640 euros". 

En el informe relativo a 2011, la Sindicatura señalaba que "se han efectuado nueve reparos como consecuencia del fraccionamiento del objeto del contrato". 

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron, por orden de la instructora, varias dependencias municipales y las oficinas de seis empresas. Se trata de tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Aguas de Valencia en la localidad y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

Otras irregularidades

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, según el TSJCV, se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. 

En el marco de estas diligencias, se desarrolló la operación de este miércoles encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. 

Morera olvidó avisar a Castelló

Según informaron este miércoles fuentes parlamentarias, el juzgado número 4 de Sagunto envió en enero a Les Corts un requerimiento sobre la condición de diputado de Alfredo Castelló que fue contestado. 

Sin embargo, el diputado del PPCV negó tener conocimiento de esa solicitud a la cámara valenciana. "Estoy absolutamente sorprendido" y no tengo ninguna información", afirmó Castelló.

La explicación está en que Enric Morera, presidente de Les Corts, no avisó al diputado de la solicitud del juzgado, como es costumbre hacer, por cortesía, aunque no sea una obligación. Según fuentes de la presidencia de la Cámara, el motivo es que la solicitud no llegó del TSJCV, como sí ocurrió con la de Francisco Camps o la más reciente de Miquel Domínguez, sino del juzgado de Sagunto, y nadie se apercibió de que podía tratarse de un nuevo caso de corrupción.

Morera dio este miércoles esta explicación al propio Castelló, al que pidió disculpas por no haberle avisado.

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