La macrocausa de los cursos de formación obliga a reforzar el juzgado de Nules 

VALENCIA. El juzgado de Nules pide refuerzos para investigar un posible fraude en el uso de fondos para formación por parte de la patronal de la provincia de Castellón CEC. Ante la complejidad de las diligencias, en las que están imputados el presidente de la organización, José Roca, el secretario general, Rafael Montero, y otras ocho personas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado a la Generalitat que refuerce el juzgado de Primera Instancia número 1 donde todavía sigue llegando documentación que aumenta el volumen de la causa.

La solicitud, según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), se realiza a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) de reciente creación. Este organismo ya ha instado en el pasado el refuerzo de otros juzgados valencianos, como el de Instrucción número 21 de Valencia, donde se instruyen los casos Cooperación y Metro de Valencia.

La petición, que se cursó en septiembre ante la evidencia de que la causa de los fondos para formación adquiría mayor dimensión, pretende dotar al juzgado de medios proporcionales a la complejidad de las diligencias y ayudar a la tramitación “de la manera más eficaz posible”

El juez pide un sistema de videograbación y un escaner con capacidad para digitalizar causas extensas

El órgano de gobierno de los jueces solicita al Consell que adscriba al Juzgado un gestor o un tramitador procesal con experiencia y que dote al órgano judicial "de un sistema de videograbación y de una máquina de escaneo de documentos con la suficiente capacidad para digitalizar causas extensas".

Las diligencias abiertas para investigar posibles delitos contra Hacienda en la gestión de los fondos públicos para formación correspondiente a cursos impartidos por la patronal de Castellón. También se investiga una posible falsedad documental en relación con las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.

Diez imputados

El juzgado mantiene abierta la causa desde principios de julio como consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía contra dos empresas, la CEC y contra la patronal Cierval, cuya función era la de canalizar las ayudas hacia la organización castellonense. La patronal autonómica no retiene "ni un duro" del dinero que recibe para acciones formativas concretas de las organizaciones provinciales, según declaró su presidente. "Nuestra responsabilidad en este caso es ninguna", sostiene José Vicente González.

Entre los imputados se encuentran el actual presidente de la CEC, José Roca, quien alcanzará los 32 años al frente de la patronal tras renovar este año su mandato, y el secretario general de la organización, Rafael Montero, quien ocupaba ese mismo cargo en la patronal autonómica el año en el que se concedieron los fondos bajo sospecha. Las ayudas investigadas superan los 400.000 euros y se concedieron en 2009.

Tras las primeras declaraciones, el juez imputó posteriormente a Elodia Salvador, Elodia Benedito, José Antonio Espejo Pérez, y los representantes legales de L.R. Centro de Oficios La Vall S.L., Restaurante El Palay de La Vall S.L. y CFAL, C.B.

El pasado mes de octubre declararon como testigos un excargo de la Conselleria de Empleo que firmó la denuncia, una persona que pertenecía a la Dirección Territorial de Formación en Castellón y dos trabajadores de Cierval.

Tras la apertura de las diligencias, la CEC defendió que los cursos de formación investigados fueron "realizados, controlados y supervisados por el Servef" y fueron sometidos a "mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".