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la abogacía avala que la administración provincial mantenga la explotación del servicio

Medio Ambiente y la Diputación llegan a un principio de acuerdo para zanjar la crisis de Egevasa

1/12/2017 - 

VALÈNCIA. Luz al final del túnel de Egevasa. Tras un largo enfrentamiento entre la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente -liderada por Compromís- y la Diputación de València -presidida por el PSPV- ambas partes han encontrado una vía de paz para zanjar la guerra por la explotación de las 59 depuradoras que gestiona la empresa mixta valorada en 5,6 millones de euros.

El principio de acuerdo se produce tras pronunciarse al respecto la Abogacía de la Generalitat, que, según la Diputación, avala que la administración provincial siga gestionando las instalaciones en liza. La solución en la que ambas partes trabajan tras este dictamen pasa por actualizar el acuerdo alcanzado hace dos décadas, pero con una salvedad: que esta vez sea directamente la diputación quien firme el convenio, no Egevasa.

El acuerdo de la discordia data de 1997. Fue en dicho año cuando Egevasa, entonces 100% pública, asumió la explotación de las 59 pequeñas depuradoras de titularidad autonómica -tuteladas por la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar)-. Con posterioridad, el grupo Aguas de Valencia asumió el 49%, circunstancia que, a juicio de Medio Ambiente, dejó el convenio en una situación irregular.

La actual dirección de la Epsar, respaldada por la secretaría autonómica de Medio Ambiente, tenía hasta ahora la clara intención de "recuperar la gestión de las 59 pequeñas depuradoras de titularidad de la Generalitat Valenciana en la provincia de Valencia".

"La 'economicidad' se verá favorecida con el rescate doblemente. Por una parte, los precios actuales, según la opinión de los técnicos, son superiores a los de mercado al no existir libre concurrencia en la elección de la oferta más ventajosa. En los últimos 20 años la explotación esta cautiva en manos de Egevasa a diferencia de la mayoría de las explotaciones que se renuevan como mucho cada ocho años. Por otra, las nuevas plantas depuradoras incluidas en el Plan de Obras de Epsar verán reducidos sus costes de explotación al poderse gestionar conjuntamente con las existentes, es lo que se denomina economía de escala", argumentaba en mayo la entidad dirigida por Enrique Lapuente.

Pero el departamento asume ahora una postura mucho más pragmática. Según detallan fuentes de la secretaría autonómica, Medio Ambiente se conforma con la rúbrica de un nuevo convenio en el que sea directamente la Diputación de Valencia quien asuma la explotación.

De este modo, según indican, la administración autonómica ya no sería responsable de la permanencia de un convenio de 20 años de antigüedad con una empresa mixta. Sus exigencias se centran ahora en que el nuevo trato se adecúe a los actuales precios del mercado y que el texto definitivo reciba el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat.

Una salida "interesante"

Por su parte, fuentes de la Diputación de Valencia subrayan al respecto que el dictamen de la Abogacía permite mantener la encomienda, al tiempo que valoran como positiva la fórmula de cederla directamente a la Diputación.

"Se trata de una salida muy interesante que permitiría la continuación de un servicio en manos públicas", afirman. En caso de que, como es más que previsible, la Diputación recurriera a Egevasa para la explotación de las estaciones, "se mantendría a gestión de una empresa que cuenta con 300 trabajadores y que ha prestado un servicio excelente.

Como informó este diario, los cálculos de precios de la Diputación distaban mucho de los de la Epsar, a la que acusaban de tomar "el escenario más desfavorable" para juzgar todo el convenio. "El coste de las depuradoras de Egevasa responde al cumplimiento de la normativa y es más elevado por tratarse de instalaciones pequeñas -y, en consecuencia, más caras-", defendían desde la administración provincial.

El cualquier caso, la fórmula finalmente escogida lograría satisfacer a ambas partes: a Medio Ambiente librándola de la responsabilidad de un convenio -el actual- que consideran irregular para pasar a otro adecuado a los actuales precios de mercado; y a la Diputación, manteniendo en sus manos la explotación de las depuradoras.

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