VALENCIA. La consellera de Sanidad Carmen Montón lo tiene claro: "que nadie espere que se vayan a renovar los contratos de las concesiones sanitarias". Así lo reiteró este miércoles en la presentación de la publicación en el Portal de Transparencia de los pliegos y requisitos técnicos de las concesiones de los cinco departamentos sanitarios públicos gestionados de forma privada: Alzira, Torrevieja, La Marina, Manises y Crevillent.
“Estamos arrojando luz a una materia sensible y ahora se van a poner negro sobre blanco los datos". Y es que también se publicarán las comisiones mixtas donde las concesionarias dan cuenta a la Administración o futuros contratos económicos. La consellera insistió en que nunca se ha realizado una auditoría de cuentas, de inversiones ni asistencia, motivo por el que también crearon la dirección general de Alta Inspección con el fin de supervisar la actividad de las concesionarias.
"Se ha comenzado a realizar auditorías de inversiones y en breves se empezarán las asistenciales para ver cómo funcionan los servicios de urgencia", destacaba Montón. Y es que recalca que la calidad asistencial de las concesiones es inferior a la de departamentos públicos a pesar de que Ribera Salud, presente en cuatro de las cinco, insiste en que sus datos son mejores que la media de los públicos e insta a Sanidad a publicarlos junto a los jurídicos.
La consellera apunta a la fiscalización de las concesiones entre los ejercicios 2003 y 2012 y además, desde el departamento están impulsando junto a la Sindicatura de Comptes un informe sobre el modelo con el fin de ver si se hay incumplimientos como ocurrió con las resonancias o si se podría ahorrar derivando todo al sistema público. ¿Da igual el resultado para el futuro de las concesiones? Sí. Si en algún caso, se demostrara que este modelo que está siendo estudiado en Harvard y Berkeley es más eficiente tanto en calidad asistencial como en coste económico, lo cierto es que no tendría ninguna posibilidad bajo el mandato de Montón.
"Nuestra apuesta de calidad asistencial universal obedece a unos pactos electorales", aseguraba. No obstante, por el momento no está probado. "Las sospechas que hay dentro de la conselleria y dentro de la ciudadanía es que es más caro y estamos en esa comprobación", destacaba Montón. "Lo que también estamos recibiendo son muchas quejas de la ciudadanía a través de los comisionados", insistía. "Tenemos que comprobar la calidad asistencial como los tiempos de demora, o cómo se actúa dentro de las urgencias médicas, porque es evidente que deben estar al nivel del resto de departamentos".
Otra de las misiones es aprobar una normativa en para los casos de incumplimiento. Se aplicará un pliego de sanciones como ya existe en el sistema madrileño que prevé multas de hasta 600.00 euros. "Se trata de que haya reglas del juego claras, algo que también nos demandan algunas concesiones", explicó. También señaló que este año tratarán de "agilizar y recuperar" este año la concesión del servicio de resonancias magnéticas, que desde 2008 lleva a cabo la UTE Eresa, en los distintos hospitales públicos. Al respecto, explicó que está recuperación se hará en "cuanto puedan" ya que "no solamente apartaron de lo público" este servicio sino que "secuestraron el conocimiento" y ahora "hay un déficit de profesionales".
Por su parte, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, explicó que la gestión pública de la sanidad es "uno de los derechos fundamentales" que no puede ser analizado desde una perspectiva económica. En ese sentido, argumentó que la Administración pública "no quiere obtener beneficios económicos sino prestar un servicio de calidad", por lo que los resultados de las concesionarias "siempre serán mejores". Es más, recalcó que "no se debe sospechar de la Administración que hace pública la información, sino que la pregunta es qué había para que no se pudieran hacer públicos estos contratos durante 17 años, a ver si es que algunos obtiene beneficios económicos sobre la base de incumplir".
