Nadie quiere darle la puntilla a Cierval

VALENCIA. El plazo que José Vicente González se autoimpuso para pactar la reforma de los estatutos de los que depende la salvación de la patronal autonómica Cierval se aproxima a su fin sin que las tres partes que deben negociarla, las organizaciones empresariales de Castellón, Alicante y Valencia, hayan llegado a un acuerdo al respecto. Al contrario, los problemas económicos y judiciales que afectan a las dos primeras han condicionado la negociación e impedido a Cierval salir del bucle en el que lleva encerrada desde hace meses, un bloqueo que la aproxima cada día más hacia una quiebra de la que nadie quiere que se le señale como responsable.

La disparidad de criterios entre la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la alicantina Coepa y la castellonense CEC se pondrá de manifiesto este martes en la reunión del comité ejecutivo de la patronal autonómica. El encuentro se planteaba como decisivo para resolver el fenomenal embrollo en el que se encuentra Cierval, tanto por la mencionada reforma estatutaria como porque, como principal acreedor de Coepa, debería decidir si acepta o no la quita del 95% a la que la alicantina, en concurso de acreedores desde marzo, fía su salvación.

Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por este periódico rebajan las expectativas sobre el resultado de la reunión, ya que Cierval no ha incluido en el orden del día la esperada votación sobre la quita ni tampoco sobre la reforma de los estatutos. El pretexto, según las fuentes, es que Coepa remitió a la autonómica su plan de viabilidad el pasado jueves, después de que se convocase el comité que se celebra hoy.

Frente a ello, Coepa está decidida a que el asunto se ventile este mismo martes. La organización que preside Francisco Gómez ha destacado en las horas previas a esta reunión el carácter decisivo de la misma, intentando trasladar al resto de integrantes de la ejecutiva de Cierval -de la que él mismo forma parte- toda la presión sobre la salvación de Coepa. Previamente acordará con la CEC la estrategia conjunta que mantendrán en Cierval. 

Tras ese interés por aclarar por la vía rápida el futuro de la patronal alicantina se encuentra la celebración, el próximo día 11, de la junta de acreedores de Coepa. La postura de Cierval, principal acreedor ordinario con una deuda que supera el medio millón de euros por cuotas impagadas, será determinante. La patronal alicantina pretende que le perdone el grueso de la deuda porque la mayor parte la tiene provisionada, pero el asunto se ve de forma muy distinta desde Valencia.

González incumple sus propios tiempos

De hecho, a la vista de sus últimos movimientos, el presidente de Cierval parece decidido a prolongar la incertidumbre Coepa hasta la misma junta de acreedores del día 11. De entrada, José Vicente González incumplirá sus propios plazos al no plantear la votación sobre una reforma estatutaria sobre la que descansa todo el plan para mantener a flote a Cierval.

En paralelo, los representantes de la valenciana CEV en el comité de Cierval también acuden a la reunión de este martes sin un criterio oficial sobre el sentido de su voto respecto a la quita que quiere Coepa. Adoptarán una actitud pasiva porque el asunto no está en el orden del día y porque, antes de pronunciarse, consultarán a los expertos a los que ya encargaron un informe sobre la viabilidad de embarcarse en una fusión con Cierval para tratar de salvarla.

La organización que preside Salvador Navarro descartó la semana pasada su idea de fusionarse con Cierval para rescatarla a la vista de que los procesos administrativos, penales y concursales que afectan a la CEC, Coepa y la propia Cierval podrían dar un giro radical a la situación. Tras ello, la patronal valenciana ha optado por esperar y ver el nivel de "compromiso" de sus socios por salvar a Cierval o qué propuestas de viabilidad plantean.

Ahora bien, la CEV rechaza que Coepa traslade a Cierval toda la presión sobre su salvación ya que, según recuerda, si la CEC y Coepa acuerdan ir a una, tienen mayoría suficiente en el comité ejecutivo de la patronal autonómica para aprobar la quita que quiere conseguir la alicantina independientemente de la postura que defiendan los representantes de la CEV.

La cuestión es si dos de los tres socios fundadores de Cierval se atreverán a sacar adelante sin el apoyo de la tercera pata una medida que perjudica los intereses de Cierval. Ese pulso táctico en el que la salvación de Coepa compromete la viabilidad de Cierval y viceversa provoca el bloqueo en el que ahora se encuentra la situación. Nadie quiere quedar como quien dé la puntilla a Cierval.

Un convenio recurrido por la Generalitat

A las incertidumbres que plantean las tensiones internas por la supervivencia de las patronales de la Comunitat se unen algunos factores externos como el procesamiento de Cierval por el fraude en la gestión de las subvenciones presuntamente cometido por los responsables de la CEC o, en el caso concreto de Coepa, la amenaza de que su propuesta para llegar a un acuerdo con los acreedores quede en papel mojado.

Al margen de la deuda que arrastra con Cierval, el problema que ha llevado a Coepa al borde del colapso son los 3 millones de euros más intereses que le adeuda al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por un crédito para la construcción de un centro de formación.

El ente dependiente de la Conselleria de Hacienda, acreedor privilegiado en el concurso de Coepa, ha recurrido en el juzgado el convenio de acreedores presentado por Coepa por considerarlo inviable. La patronal alicantina propone devolver el crédito con la venta del inmueble, pero no incluye ninguna oferta por el mismo en el plan de viabilidad, un argumento en el que el IVF sustenta su rechazo.

La otra circunstancia que ensombrece el futuro de Coepa es la denuncia que el Servef ha presentado contra la organización empresarial por presunto fraude en subvenciones, estafa y apropiación indebida, entre otros delitos. En paralelo al proceso penal, sobre cuya admisión a trámite todavía ha de pronunciarse el juzgado de Alicante al que le ha correspondido, se une la reclamación administrativa de 1,9 millones de euros que Coepa debería devolver a la Generalitat por no justificar adecuadamente los conceptos subvencionados.

Sin previsión para la asamblea

Si se cumple lo previsto en el orden del día y Cierval no fija postura sobre la quita de Coepa, sus órganos de gobierno tendrán que reunirse de nuevo de forma extraordinaria para tomar una decisión antes del día 11.

La urgencia por aclarar esta cuestión ha relegado a un segundo plano la reforma estatutaria en la que Cierval confía para salvarse. El planteamiento se basa en que las federaciones sectoriales contribuyan al sostenimiento de la patronal autonómica pagándole directamente sus cuotas en lugar de a través de las patronales territoriales, algo a lo que tanto la CEC como Coepa se oponen.

Entre tanto, Cierval aún tiene pendiente celebrar su asamblea anual ordinaria, una cita que tradicionalmente tiene lugar en verano pero que este año se aplazó a la espera de resolver la reforma estatutaria y, por ende, los graves problemas financieros de la organización empresarial autonómica.

Sin visos de resolver ese asunto a corto plazo, el retraso en la celebración de la asamblea no hará sino agravar un poco más esos problemas y situará a Cierval al borde del concurso de acreedores. Al margen de que la liquidación de 2015 no ha sido ratificada por la asamblea, la facturación de las cuotas de 2016 también sigue congelada a apenas dos meses de cerrar el ejercicio.