VALENCIA. El Consell ya ha comenzado a trazar las líneas básicas del que será el nuevo esquema del sector empresarial y fundacional de la Generalitat. El diseño definitivo estará definido en la nueva Ley de Sector Público que el Ejecutivo valenciano se ha comprometido a impulsar este semestre como parte de los acuerdos del encuentro de invierno celebrado el segundo fin de semana del año en Morella.
Esta refundación del sector público empresarial valenciano, que el presidente Ximo Puig ratificó en la sesión de control del pasado jueves en Les Corts, pretende racionalizar su estructura y evitar excesos del pasado. Para ello, uno de los ejes básicos será la introducción de mecanismos de transparencia y control público para las empresas que se acuerde mantener.
Según explican desde la Conselleria de Hacienda, sólo permanecerán las que resulten "absolutamente necesarias". Al menos ocho de las empresas y funciones que sobrevivieron a la reestructuración que realizó el anterior Consell caerán en la futura ronda de ajustes.
Entre ellas, destacan la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) -a la que pertenecen en Aeropuerto de Castellón o la Ciudad de la Luz- o Ciegsa -a la que se encomendó la construcción de infraestructuras educativas- por representar, según la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca, el paradigma de una época marcada por el descontrol y la opacidad.
No obstante, desenmarañar el complejo entramado de sociedades públicas tejido durante años no será sencillo. Al margen de una pesada mochila de casi 4.944 millones de euros de deuda a 30 de junio, buena parte de las empresas, constituidas en muchos casos para dificultar los mecanismos de control, arrastran una retahíla de procesos judiciales abiertos o en ciernes.
Por citar el más reciente, el Consell desveló hace pocos días la remisión a la fiscalía de supuestas "irregularidades" detectadas por la Intervención en la empresa mixta Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, creada por el antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) -actualmente integrado en el EIGE- con Rafael Blasco como conseller de Urbanismo.
La premisa de la que parte la Conselleria de Hacienda es cambiar de arriba a abajo la filosofía del sector empresarial público valenciano. El principio fundamental, según explican fuentes de este departamento, será identificar las necesidades para constituir, mantener o reordenar las sociedades que sean estrictamente necesarias.
Con esos mimbres, ¿qué hay sobre la mesa de la secretaria de Modelo Económico y Financiación? El boceto muestra alrededor de quince sociedades en proceso de extinción o redefinición; desde firmas como la mencionada Sociedad Proyectos Temáticos, condenada a una segura extinción, a entidades como Vaersa cuyo destino todavía no está decidido, pasando por casos especiales como el de RTVV o el IVF, que acaba de formalizar su transformación en banco público.
La mencionada SPTCV es una de las firmas condenadas por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, sobre Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional. La empresa está formalmente en proceso de liquidación desde junio de 2014, año en el que registró pérdidas superiores a los 40 millones de euros. No obstante, existen circunstancias que dificultan el proceso.
Una de ellas es la solución a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el Consell en cuanto a lo que tiene que ver con el sector público: la subasta de la Ciudad de la Luz. El asunto colea desde hace meses. Tras una primera subasta fallida, Bruselas ha autorizado al Consell a colocar el complejo por un precio de salida de 40 millones, el doble de lo fijado para la segunda subasta. No obstante, aún está por ver en qué condiciones se pone en el mercado, un pliego que debe contar con el visto bueno de la Comisión.
La otra derivada que ralentiza la liquidación de SPTCV es Aerocas, la sociedad pública promotora del Aeropuerto de Castellón sobre la que existe una investigación de Bruselas para determinar si el canon que se le pagará al operador privado que explotará el aeródromo "constituye una ayuda estatal posiblemente ilegal". La participación en Aerocas que está en SPTCV podría pasar directamente a la Generalitat, pero independientemente de lo que proponga Hacienda es el Consell el que tiene la última palabra.
Otro de los entes que tiene los días contados es la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat (Feports), cuya actividad se nutre en buena medida de fondos europeos, así como la firma Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones S. A. (Tissat).
Sobre esta última, la Generalitat tiene el mandato de traspasar su participación del 38% en el capital de esta firma tras la aprobación del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre de 2012. Sin embargo, la operación está condicionada por la resolución del concurso de acreedores de la tecnológica, que fue declarado el pasado verano.
Algo más avanzados están los trámites de liquidación en la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. Los nuevos patronos tomaron formalmente posesión la semana pasada y se constituyó la nueva comisión liquidadora. A diferencia de ésta, en el caso de la Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes aún se han de resolver incidencias judiciales, precisan fuentes de la Conselleria de Hacienda.
El repertorio de entes públicos condenados a desaparecer se completa con las fundaciones Luz de la Imágenes y Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz, en las que el la liquidación está vías de culminar.
Sobre la empresa responsable de las infraestructuras educativas (Ciegsa), se ciernen varios interrogantes. El actual Consell ve en ella uno de los paradigmas más claros de la anterior etapa, marcada por el "despilfarro y la megalomanía". La firma representa lo opuesto a lo que se aspira que sea el nuevo sector público, pero todo apunta a que su desaparición, como metáfora del punto y aparte que se pretende marcar, va para largo.
El mandato de desaparición de esta sociedad, un agujero negro por el que ya se han evaporado nada menos que 800 millones de euros, surge del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre. El compromiso es traspasar todas las acciones de esta empresa al EIGE, que asume los activos y la deuda, pero la operación sigue pendiente.
Al margen de las ocho empresas y fundaciones mencionadas hasta ahora, abocadas a desaparecer, Hacienda trabaja con otro grupo de empresas que en principio seguirán existiendo, pero que serán sometidas a un proceso de redefinición.
Hacienda plantea la continuidad de Vaersa, el EIGE y el IVAS tras un proceso de reforma
Se trata de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), incluido el centro especial de empleo.
La firma de gestión de residuos, no obstante, carga con una pesada losa reputacional: la investigación que se sigue en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia contra varios exdirectivos como presuntos autores de delitos de malversación y prevaricación. La causa acaba de ser declarada compleja, por lo que aún se prolongará varios meses.
Por lo que se refiere al EIGE, la empresa tendría reservado un papel relevante dentro de la nueva política de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas para potenciar la rehabilitación y lanzar un plan de vivienda social.
Hacienda ha establecido un tercer grupo con entidades ante las que se abre un abanico muy amplio, desde la opción de realizar una propuesta de extinción, de cesión global o la posible integración en la correspondiente conselleria. Aquí se encuadrarían la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito (Favide), la Fundación de la Comunitat para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) o la Fundación Agroalimed.
Un caso especial por su extraordinaria complejidad es del ente público RTVV, donde confluyen la liquidación de la anterior sociedad con la puesta en marcha del nuevo servicio de televisión pública. Los liquidadores de RTVV denunciaron hace algunas semanas los problemas con los que se están encontrando para desarrollar su labor como consecuencia de la escasez de recursos. Los pleitos señalados por reclamaciones de productoras o extrabajadores siguen llegando a diario y a día de hoy se alargan al menos hasta 2017.
