Presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales e Inclusivos (Fotos: ESTRELLA JOVER)
VALÈNCIA. "Es la ley de la legislatura". Así definió la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, este martes la norma de Servicios Sociales Inclusivos en la que, prácticamente desde que se convirtió en máxima responsable de esta área, lleva trabajando su equipo. Una norma cuyo objetivo principal es equiparar los Servicios Sociales a los tres pilares del Estado del Bienestar: Educación, Sanidad y Dependencia. ¿La manera de conseguir que este se convierta en lo que desde el departamento de Oltra han bautizado como #LaQuartaPota? Priorizar los recursos públicos para que éstos se destinen a unas prestaciones sociales que podían acercar la Comunitat Valenciana a modelos de protección más europeos que no mediterráneos.
Todavía en fase de borrador, la norma "supone la creación del sistema público valenciano de servicios sociales", ya que en ella se establece la prioridad de acabar con la provisión de los servicios sociales desde el ámbito privado. "En la ley queda secuenciado el orden de prioridades: primero con el sector público, si no se puede hacer desde lo público pasamos al modelo concertado, al concierto social, y en última instancia, se recurre a la contratación con empresas privadas", describió Oltra. Una senda por la que ya ha circulado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, con la reversión de las concesiones hospitalarias.
De hecho, tal y como se contempla en el servicio público de salud, la estructura que prevé la ley de los servicios sociales inclusivos también se disgrega en tres escalas. Las zonas básicas, las áreas y departamentos se corresponderían en sanidad con los centros de salud, centros de especialidades y hospitales. Así, en estos tres escalones se articularán los recursos de la atención primaria, la específica y la residencial o secundaria.
Esta nueva ley, que será la primera en España que reconozca los servicios sociales como de interés general, sustituirá a la aprobada en 1997 por el entonces gobierno popular de Eduardo Zaplana. Una normativa que "nunca fue desarrollada y que facilitó la privatización y el desmantelamiento de un sistema que en estos años ha adolecido de liderazgo y coordinación", detalló la consellera de Políticas Inclusivas.
Para garantizar los servicios sociales en toda la Comunitat Valenciana, el departamento que dirige Oltra cuadruplica con esta ley el presupuesto que se destinaba a este fin hace tres años, antes de que la Generalitat cambiara de color. En total, en 2018 se invertirán 41 millones de euros. Una cuantía que irá dirigida a contratar personal -está previsto que se incremente en 1.574 profesionales-, de manera que se reduzca la ratio en el sector. De un asistente social por cada 12.742 personas, pasarán a 2.781.
Ahora bien, la intención no es quedarse en esa cifra, sino reducirla casi hasta la mitad. De manera progresiva, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas irá incrementando el presupuesto para alcanzar una ratio de un profesional por cada 1.500 personas. Para lograrlo, además, Oltra se apoyará de los ayuntamientos, al ser la administración más cercana a los ciudadanos.
Entre otros cambios que conlleva la ley, se encuentra que la tarjeta SIP incluirá el historial de servicios sociales de cada persona. Por lo que, en ella, quedará reflejado si una persona es usuaria de, por ejemplo, la Renta Valenciana de Inclusión, si tiene carnet de familia numerosa o un certificado de discapacidad. "Al pasar la SIP, el médico sabrá la dependencia que le genera a su paciente la patología que tiene diagnosticada, porque eso, a priori, el médico no lo sabe… Sí conoce cuál es la patología, pero no el grado de dependencia que le genera en su vida diaria", describió Oltra tras anunciar que para el desarrollo de este programa, la Generalitat cuenta con fondos europeos, aunque no "estará en vigor hasta 2020".
Pese a las más de 1.000 personas que asistieron a la presentación de la ley en la Rambleta, uno de los principales actores del sector plantó a la vicepresidenta. Aerte, la patronal de las residencias de dependientes que en su momento se opuso al 'modelo Cotino', justificó su ausencia a raíz de las declaraciones que fuentes del departamento de Oltra hacían a Levante afirmando que, con esta, norma, "los únicos que no van a estar contentos son los empresarios". El posicionamiento de Aerte afianza el distanciamiento que se ha ido produciendo desde que se inició la legislatura entre Aerte, presidida hasta 2015 por la actual secretaria autonómica de Hacienda y Modelo Económico, María José Mira, y el departamento que encabeza Oltra.
"Estas declaraciones hacen que entidades que quieren venir a invertir a la Comunidad Valenciana, para mejorar y ampliar la red de atención a personas en situación de dependencia, decidan apostar por otras comunidades en vez de la nuestra, lo que provocará que, en un plazo breve, no tengamos plazas para atender a los miles de ciudadanos que lo necesiten", denunció su presidente José María Toro. "Por todo ello, pedimos a la Vicepresidenta Oltra que se pronuncie sobre este tema de manera inmediata y cese a la persona que ha hecho esas declaraciones", advirtió. La intención de Oltra de seguir con la desprivatización de servicios -e incluso con el rescate de las residencias del 'modelo Cotino'- iniciada en Sanidad empieza marcada por la polémica.
