La Fiscalía tendrá que aplicarles la atenuante de reparación del daño y rebajar las penas que pedía inicialmente
ALICANTE, (EFE). El empresario alicantino Enrique Ortiz se beneficiará de una atenuante si es condenado por un delito fiscal por el que será juzgado a partir de junio tras pagar los 8,8 millones de euros que le reclama la Agencia Estatal Tributaria, según han informado fuentes próximas al caso. El promotor y otros dos acusados han consignado el dinero en la cuenta del juzgado de lo Penal 1 de Alicante, por lo que la Fiscalía tendrá que aplicarles la atenuante de reparación del daño y rebajar las penas de cuatro años y medio de prisión que pedía inicialmente para ellos.
Ortiz ha sido noticia en las últimas semanas después de que haya confesado que financió de forma ilegal al PP de la Comunitat Valenciana en las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de cabecera de la red Gürtel en Valencia, Orange Market. En un escrito presentado por sus abogados ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el empresario ha admitido los hechos, ha pedido que se le aplique la atenuante de "confesión tardía" y se le rebaje de 4 años a 15 meses de cárcel sustituibles por una multa la condena que la Fiscalía Anticorrupción pedía provisionalmente para él.
Además de estar procesado en esa investigación, Ortiz se enfrenta a otra petición de 17 años de prisión por la supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a la recogida de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja conocida como el caso Brugal. También figura como investigado en otras dos piezas separadas de este último caso -ambas relacionadas con el urbanismo de Alicante- y en las diligencias de un juzgado de Alcoi en la que se investigan sobrecostes en la reforma de un teatro.
En cualquier caso, su cita con la jurisdicción penal más cercana está fijada para el próximo 21 de junio, cuando se sentará en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal 1 de Alicante por un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad documental. Enrique Ortiz y otros tres procesados en esta causa se enfrentan a sendas peticiones de cuatro años y medio de cárcel por un supuesto fraude fiscal que la Agencia Estatal Tributaria (AET) cifra en más de seis millones de euros.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que tanto Ortiz como su cuñado y apoderado de algunas de sus sociedades, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y otros empresarios para que éste último percibiera de forma indebida una deducción fiscal. Concretamente, según la versión de las acusaciones, simularon dos contratos de alquiler de nueve fincas ubicadas en una zona de expansión urbanística de la Playa de San Juan, en Alicante. El juicio por estos hechos se debería haber celebrado el pasado 19 de enero, pero tuvo que ser suspendido por la enfermedad de un perito y se pospuso para el 21 de junio y los días 4, 5, 6, 7 y 8 de julio.
Justo antes de ese primer señalamiento, Ortiz y otros dos acusados presentaron un escrito conjunto en el juzgado y consignaron aproximadamente 8,8 millones de euros para satisfacer la deuda, la multa y los intereses que les reclamaba la AET. Aunque las defensas de estos sospechosos mantienen su inocencia y van a presentar informes periciales que contradicen los de Hacienda, el pago de esta cantidad les garantiza ya la aplicación de la atenuante de reparación del daño y una condena más benévola en caso de que la juez les declare culpables, tal y como han confirmado fuentes del proceso.
