VALÈNCIA. Este lunes finalizó el plazo para presentar enmiendas a la ley del Consell Audiovisual. Un órgano que debe velar por la calidad de la información que se emita en la nueva À Punt para que sea imparcial y veraz y cuyo trámite de enmiendas han aprovechado los grupos parlamentarios para modificar la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que aprobaron en junio de 2016.
Mientras Ciudadanos ha planteado cambios significativos como la introducción en la ley de los porcentajes máximos de puntuación que pueden obtener los ex de RTVV para acceder al nuevo ente y, así, evitar desequilibrios en las bolsas, Podemos ha enmendado la ley para que en el plazo máximo de tres años se convoquen las plazas definitivas de À Punt. Esto es, la formación morada quiere que Empar Marco abra la convocatoria antes de 2020 con la "esperanza" de que en esa ocasión sí se dé una combinación "equilibrada" entre la experiencia de los extrabajadores y las aportaciones de gente nueva.
La corrección que plantea Podemos, no obstante, no es la única que se ha registrado. PSPV y Compromís, que también admitieron en enero a través de sus portavoces que habrían "hecho las cosas diferentes" en relación a las bolsas de trabajo temporales, han enmendado la disposición transitoria novena de la ley de la CVMC para que en la provisión de plazas definitivas "la valoración de méritos no pueda suponer la exclusión por completo de quien no cuente con algunos de los méritos estipulados". Esto es, haber sido ex trabajador de RTVV.
El desequilibrio en las bolsas de À Punt no agradó a ninguno de los grupos parlamentarios de Les Corts. A finales del pasado mes de enero, cuando se supo que cerca del 91% de las bolsas de trabajo temporales resueltas lo formaban exempleados de la antigua Radiotelevisión Valenciana, los partidos que sustentan al Consell comenzaron a estudiar las distintas maneras que tenían para rebajar la presencia de los antiguos trabajadores de RTVV en la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Compromís y Podemos encontraron en la ley de Función Pública una opción a explorar para evitar que el escenario de las bolsas temporales se pudiera replicar en un futuro en las plazas definitivas, que, según la ley de la CVMC se obtendrían tras superar un concurso-oposición que deberá convocar Marco. Al tratarse de plazas públicas, el acceso a los puestos de trabajo estaría regulado por esta norma de la Generalitat.
En esta ley se establece que la fase de concurso "será proporcionada, no pudiendo superar el 40% de la puntuación total que pueda alcanzarse en el conjunto del proceso selectivo y, sin que en ningún caso, su puntuación pueda determinar por sí sola el resultado del procedimiento". Por ello, la oposición (examen) tendría un peso mayor de cara a obtener una plaza definitiva como sucede con cualquier proceso selectivo, y no la fase de concurso (méritos) que en esta provisión de puestos temporales ha inclinado la balanza en favor de los ex de RTVV.
Ciudadanos también modifica con sus enmiendas la disposición transitoria novena de esta ley, que recogía que para la provisión de plazas temporales se valoraría "como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV". En este apartado, el partido de Mari Carmen Sánchez establece límites respecto a la puntuación que pueden obtener los extrabajadores de RTVV por haber trabajado en el antiguo ente. Así, fijan que para los puestos temporales no puedan sumar más de un 20% y, en el caso de los definitivos, no más de un 5% por antigüedad y un 3% por los méritos.
La intención de los naranjas es que con estos nuevos porcentajes se modifique el baremo que elaboró el Consejo Rector y se vuelvan a baremar las plazas que todavía no están resueltas -no todas las bolsas están cerradas porque todavía están en fase de alegaciones-. Una maniobra que se antoja complicada, ya que de haber un baremo nuevo, el concurso debería abrirse de nuevo a todo el público para que la gente que quedó fuera con la anterior puntuación tuviera la oportunidad de volver a puntuarse para saber si con estos parámetros nuevos podría mejorar su nota y acceder a la Corporació.
La limitación que plantean los naranjas mediante porcentajes para acceder a las plazas definitivas también genera dudas en los grupos parlamentarios, ya que, al tratarse de puestos públicos, estos deberían regirse por los porcentajes que anualmente fije la ley de Función Pública. No en vano, desde Podemos señalan que los porcentajes de las OPEs "son negociados anualmente con los sindicatos y se aprueban en una mesa sectorial". Por lo que, introduciendo porcentajes en la ley de la CVMC "no sólo se está limitando la capacidad negociadora de los sindicatos, sino que se está estableciendo unos porcentajes para un caso concreto"."No se puede hacer una ley para cada sector", añaden.
Cuando al inicio de la legislatura se puso sobre la mesa la necesidad de reabrir radiotelevisión valenciana, Ciudadanos puso tres condiciones al Consell inamovibles para hacerlo: un techo de gasto, un presupuesto sostenible y que el nuevo ente estuviera despolitizado.
Para "garantizar la viabilidad" de À Punt, el grupo que lidera Mari Carmen Sánchez ha planteado también que el coste de la plantilla nunca supere un tercio del total del presupuesto. Los naranjas no quieren que se vuelva a repetir la imagen de una televisión "sobredimensionada".
Ciudadanos también introduce entre sus enmiendas poder cesar a algún miembro del Consejo Rector por causa de incompatibilidad. Aunque la ley de la CVMC ya contemplaba un régimen de incompatibilidades para los consejeros, ahora el partido naranja quiere que, en caso de que incurran en una incompatibilidad manifiesta, sea el Consejo el que realice un informe que remita a la comisión de RTVV de Les Corts y ésta eleve al pleno la opción de cese.