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mayor control, centralismo y menos autogobierno 

PP y C's pactan apretar más a las autonomías y ningunean el Corredor Mediterráneo

30/08/2016 - 

VALENCIA. El acuerdo de investidura sellado entre Partido Popular y Ciudadanos con apretón de manos de sus respectivos líderes, Mariano Rajoy y Albert Rivera, será sometido este martes a un primer examen en el Congreso de los Diputados. Un pacto de 150 puntos en el que se percibe un talante centralista, con medidas claramente dirigidas a atar en corto a las comunidades autónomas, así como una débil -o inexistente- concreción en lo que se refiere a las reivindicaciones valencianas, especialmente en infraestructuras. Así pues, un documento que más allá de la referencia a la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, deja los compromisos con la Comunitat en una mera cuestión de fe.

Las medidas pactadas por Rajoy y Rivera, que implican un aumento del gasto público en 28.500 millones de euros en los próximos cuatro años, sustentan en buena medida su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas en el refuerzo del control sobre las comunidades autónomas, en particular de las rescatadas.

Así, el quinto punto del primer apartado del documento titulado '150 Compromisos para mejorar España', correspondiente al bloque referido al 'Cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria', hace hincapié en el "refuerzo de los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de los mecanismos de financiación a las CCAA (Fondo de Liquidez Autonómica)". Para continuar recalcando "en particular" que deben reforzarse "los mecanismos de supervisión de los Planes Económico Financieros (PEF), Planes de Ajuste, Periodos Medios de Pago y condicionalidad reforzada vinculada al FLA".

La medida incluida en el pacto entre PP y Ciudadanos evidencia la intención de atar lo más en corto posible a las comunidades autónomas que, como la valenciana, se hayan acogido al FLA, lo que abre la puerta a aumentar un poco más la presión sobre estas regiones como indica el párrafo del citado acuerdo.

De hecho, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 ya hay previstas una serie de medidas coercitivas que el Estado se reserva para las comunidades que no cumplan con las condiciones impuestas como contraprestación a la asistencia financiera, unas actuaciones que en último extremo podrían derivar en la intervención de las competencias fiscales.

El Consell lo considera "lesivo"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya llamó la atención este lunes sobre el propósito de endurecer un poco más las imposiciones a las comunidades con problemas. El jefe del Consell lamentó que el pacto PP-C's plantee "más recortes" y "cerrar aún más el corsé" de las autonomías. "Imposibilita cualquier posición favorable porque es lesivo para los intereses de los valencianos", sentenció el jefe del Consell.

En esta línea, también se aprecia otra medida dentro del bloque económico que amenaza la capacidad de maniobra de las autonomías, o al menos así se interpretaba este lunes desde el Gobierno valenciano. Así, el quinto punto del apartado 'Unas finanzas públicas responsables y un sistema fiscal que beneficie a los que cumplen' se refiere a la financiación autonómica introduciendo el siguiente matiz: "Se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos a las CCAA para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional". Un párrafo que, a juicio de fuentes del Gobierno valenciano, restaría poder político a las regiones a la hora de gestionar los tributos cedidos.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, durante su intervención a los medios. EVA MÁÑEZ

Por otro lado, bien es cierto que en la medida número 123 se refiere a la reforma del sistema de financiación en términos similares y con unos objetivos mínimos análogos a los que se han reivindicado desde la Comunitat Valenciana.

En esta línea, se habla de "corregir las insuficiencias del sistema  y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional". Así, este apartado recalca que el nuevo sistema de financiación autonómica "establecerá una cartera de servicios comunes para todos los españoles garantizados por el Estado, que podrán ser ampliados por las Comunidades Autónomas siguiendo el principio de corresponsabilidad fiscal".

No obstante, en el documento no se define ningún mecanismo de compensación para paliar la llamada deuda histórica que todos los grupos valencianos  con representación en Les Corts se encargaron -PPCV y C's incluidos- de reivindicar en un documento firmado en octubre del año pasado.

Si se hace una referencia específica a la defensa y potenciación del "Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del territorio nacional". Coalición Canaria confirmó públicamente horas atrás que respaldaría la investidura de Rajoy tras haber aceptado el PP la "agenda canaria" por cuestiones como la citada, además de otras que no chocan con el acuerdo con C's. 

Corredor Mediterráneo sí, pero sin fechas

En lo que se refiere a las infraestructuras, el documento en el compromiso número 21 aparece mencionado el Corredor Mediterráneo. No obstante, esta cita no ofrece "ninguna garantía" al Gobierno valenciano, tal y como admitieron varios altos cargos este mismo lunes y como por ejemplo evidenció el propio secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, en su cuenta de Twitter.

Así, la citada iniciativa insta a "racionalizar la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional. En particular, se impulsará decididamente el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, se agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y se continuará fomentado el transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España". 

Un párrafo que no convence al Consell, precisamente por la ausencia de compromisos ajustados a un calendario tal y como venían exigiendo, algo que sí sucede con las otras dos infraestructuras mencionadas.

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