Lío informático entre abogados y fiscales en la primera semana de LexNET

VALENCIA. Los abogados valencianos se van despegando del papel para abrazar la vía telemática. La entrada en vigor el lunes de la semana pasada del programa LexNET supone que, a partir de ahora, todas las notificaciones remitidas a los abogados y graduados sociales desde todos los órganos judiciales de la Comunitat deben hacerse de manera digital. Una medida que no ha sido recibida con agrado por los profesionales.

No han sido pocas las voces que se han alzado en contra. Una de ellas, la de la Susana Gisbert fiscal portavoz de la Audiencia Provincial de Valencia. “Todos los operadores jurídicos estamos a favor de la informatización, sería lo ideal, y ojalá estuviéramos preparados para ella. Pero no es el caso”, corrobora. En su opinión, la implantación de LexNET se ha llevado a cabo “de manera precipitada”. “Nos lo han intentado vender como el expediente electrónico, pero solo hemos cambiado la impresora de sitio”, asevera. 

El calendario de implantación ha sido progresivo. Del día 8 al 21 de febrero, se puso en marcha una experiencia piloto con un grupo reducido de profesionales en los Juzgados de lo Social. Hasta el día 6 de marzo, se mantuvo la doble vía (papel y telemática) en todos juzgados de la Comunitat y ya se practicaron las notificaciones vía LexNET a abogados. No obstante, fue el pasado lunes, 7 de marzo, cuando terminó la duplicidad de opciones y la digitalización impuso su hegemonía.

Ahora bien, los juzgados aún siguen imprimiendo papeles y no en todas partes se está respetando está obligatoriedad. De hecho, Gisbert hace alusión a la “incompatibilidad” entre programas, que ha llevado a su no aplicación. “En la Fiscalía no está funcionando. El programa de los fiscales, que es Fortuny, tecnológicamente no es compatible con LexNET, por lo que se están dando problemas graves. “Mientras a abogados y procuradores se les está notificando telemáticamente, a nosotros con papel, con  lo cual hay diferencias de plazos de hasta 15 días”, explica Gisbert. Que todos los operadores estén notificados afecta a la hora de interponer recursos. 

Un crítica muy en la línea de la Fiscalía General del Estado, desde donde incluso han llegado a elaborar un informe, filtrado a los medios, en el que se pedía “una implantación progresiva de la plataforma que permitiera valorar su impacto”. En el documento se identificaban como principales carencias de LexNet “la necesidad de tener que operar hasta con seis aplicaciones distintas que no se encuentran integradas entre sí”, “la dificultad para organizar los buzones de correo”, “la excesiva lentitud del sistema” o “el ingente volumen de notificaciones recibidas en asuntos en los que la Fiscalía no es parte”, entre otros. 

Tal es la situación que Ciudadanos ha presentado en el Congreso una PNL en la que pide que se aplique una "moratoria temporal" en el uso obligatorio del sistema de notificación telemática LexNet, debido a la "gran inseguridad jurídica" generada.

La Administración no ha recibido quejas

Desde la Administración niegan que se hayan recibido quejas por la implantación de notificaciones vía LexNET. “No ha habido incidencias reseñables, más allá de algunos despachos que aún no han actualizado su sistema informático y, por tanto, no han podido incorporarse”, explica Ferran Puchades, secretario de Justicia de la Comunitat Valenciana. “Procuradores y abogados llevan un par de años familiarizándose con el sistema y los Colegios Profesionales han informado permanentemente, por lo que todo se ha desarrollado con bastante normalidad”, explica. 

Preguntado por la incompatibilidad con otros sistemas, admite que sería “ideal” que Fiscalía y abogados recibieran las notificaciones al mismo tiempo, “pero que esto siempre ha sido así”.  Insiste en que su prioridad es trabajar en la compatibilidad de Fortuny y Cicerone, el programa de los jueces. Con respecto al informe la Fiscalía General del Estado, considera que hace alusión exclusivamente al “caso de Madrid”, “donde parece ser que está siendo un desastre sin paliativos”.

“Para lo que todavía no estamos preparados es para la famosa idea del papel 0, por la que todo se digitalizará y no habrá que imprimir nada”, explica Puchades. “El Ministerio de Justica quería implantar esta medida a partir del 1 de enero, pero nosotros dijimos que era complicado, por lo que lo haremos de forma progresiva a lo largo del segundo semestre del año", insiste. Lejos de revertir la situación, el plan es continuar avanzando. 

Precariedad de medios

Hasta ahora, LexNET únicamente atañe a las notificaciones, pero Justicia sigue trabajando para que dentro de poco se lleve a cabo también la presentación telemática de escritos. Concretamente, el plan de la Conselleria arrancaría en junio, lo que podría desencadenar mayores críticas del sector. Piensan que no será así al hacerlo de modo "escalonado". 

Para Susana Gisbert, existe “demasiada prisa”. En su opinión, lo conveniente sería “empezar por preparar los sistemas informáticos para que fueran compatibles” y lograr que el sistema electrónico “no tenga que acabar en imprimir los papeles, como sigue sucediendo”. En este sentido, incide en “el problema de los juzgados en cuanto a medios personales e informáticos”, aunque admite que la nueva Administración “se ha espabilado” y poco a poco van contando con ordenadores nuevos y más rápidos. 

Las Consellerias de Hacienda y Modelo Económico y Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ya anunciaron el mes pasado que lanzarían un "plan de choque" conjunto para atajar la situación de "emergencia informática" que viven los juzgados y fiscalías de la Comunitat. Hablaban de "una falta de medios heredada del anterior Ejecutivo” y prometían dotar de más medios a la Justicia. 

Un informe interno puso de manifiesto la situación de "abandono" en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que se utilizan en el día a día en la Administración de Justicia valenciana. De hecho, en la actualidad, el sistema con el que trabajan los jueces valencianos (Cicerone) es incompatible con el de las fiscalías (Fortuny), con el de los abogados (LexNET) y con el de los institutos de medicina legal (IML-Melva).