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la firma, EN PARALELO, mantendrá la batalla legal contra el rechazo del consell

Puerto Mediterráneo y Paterna negocian el rescate del proyecto en el plan general del municipio

31/01/2017 - 

VALENCIA. Una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este es el 'plan B' en el que ya trabajan Puerto Mediterráneo y el Ayuntamiento de Paterna para rescatar el macrocentro comercial y de ocio proyectado en la localidad, según trasladan a Valencia Plaza fuentes conocedoras de la negociación.

El ambicioso complejo, que fue rechazado por el Consell tras ser calificada como desfavorable su memoria ambiental, busca ahora cobijo en la tramitación municipal de una administración que sí quiere su implantación en la localidad, todo tras haber sufrido un importante retraso hasta la conclusión de su tramitación como Actuación Territorial Estratégica (ATE).

La intención de ambas partes es cumplir con el "empezar desde cero" que reclamó el presidente Ximo Puig en sus primeras declaraciones tras el 'no' de la Generalitat a Puerto Mediterráneo. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que los promotores del complejo están dispuestos a acometer cambios significativos con el objetivo de adecuarlo a la ordenación local y hallar una solución para los aspectos que supusieron el veto medioambiental.

Porque conviene subrayar que el complejo, pese a su tramitación local, debería volver a ser sometido al examen de la Comisión de Evaluación Ambiental que lo tumbó, presidida por el el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.

En este sentido, Puerto Mediterráneo deberá decidir si cede ante la exigencia de Medio ambiente de guardar 100 metros de servidumbre junto a la carretera CV-35 -lo que le obligaría a reducir su edificabilidad- o si, por el contrario, logra convencer a la administración autonómica de la legalidad de los 50 metros que contempla actualmente el proyecto. La empresa defiende que el Consell se equivoca en esta cuestión y que existe una sentencia que le da la razón.

La empresa ya ha iniciado un proceso contencioso administrativo contra la Generalitat por esta cuestión, una vía que Intu-Eurofund mantendrá en paralelo para defender sus intereses.

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