VALENCIA. Intu Eurofund, la firma promotora del macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo previsto en Paterna, ha iniciado la batalla judicial contra el Consell de Ximo Puig por tumbar su proyecto. Lo ha hecho con el esperado recurso contencioso-administrativo frente al 'no' de la Generalitat al complejo, una medida que es sólo el primer paso en su estrategia, que contempla una querella por prevaricación y una demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, según ha podido saberValencia Plaza.
Por lo que respecta a la decisión de Medio Ambiente, Intu Eurofund contempla presentar una querella por prevaricación contra los integrantes de la comisión de evaluación ambiental -conformada por dirigentes tanto de la Conselleria de Agricultura como de la de Vivienda y Obras Públicas- encabezada por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.
¿La razón? entre otras cuestiones, los promotores entienden que quienes rechazaron el proyecto conocían o debían conocer que -según su criterio- el marco legal para delimitar la zona de servidumbre del complejo es elII Plan de Carreteras de la Comunitat, y no la Ley de Suelo no Urbanizable estatalen la que se basó la comisión para imponer una distancia de 100 metros junto a la CV-35 -el proyecto contempla justo la mitad-. En esta línea, la empresa aporta una sentencia del TSJ relacionada con esta cuestión que considera que les da la razón.
El rechazo formal, sin embargo, se materializó mediante una disposición administrativa de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, firmada por la titular de esta cartera, la socialista María José Salvador. Contra esta decisión el macrocentro comercial contempla iniciar un nuevo procedimiento contencioso-administrativo, en este caso con una demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios.
Para sustentar esta demanda Intu Eurofund solicitaría un informe pericial para cifrar el daño causado no sólo a la filial promotora del complejo, sino a todo el grupo -Intu Properties cotiza en la Bolsa de Londres-. Como informó este diario, los promotores ya han comprado el 50% del terreno y tienen comprometido más del 90%, de modo que la indemnización que reclamarían sería millonaria.
María José Salvador. Foto: DANIEL DUART
En este último caso, más allá de los posibles errores cometidos a la hora de analizar el proceso, la mercantil sostiene que el argumento clave con el que el Consell tumba su proyecto había recibido el visto bueno por parte de la misma administración en 2015, cuando el gobierno autonómico estaba en manos del PP.
Ximo Puig. Foto: RAFA MOLINA
