Mariano Rajoy y el rey Felipe VI. Foto: MONCLOAVALÈNCIA/PALMA DE MALLORCA (X. M./EP). Un año. Este es el nuevo plazo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se marcó este lunes para la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014 y que él mismo se comprometió a culminar y aplicar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año.
Tras mantener el despacho de verano con el rey Felipe, Rajoy destacó que la aprobación del nuevo modelo debería hacerse por "unanimidad" de todas las partes y pidió "sentido común" a los representantes de las diferentes comunidades autónomas en la negociación política que se abrirá próximamente para trasladar a acuerdos concretos las propuestas realizadas por los expertos en su informe sobre la reforma del modelo.
De esta manera, el presidente del Gobierno marca distancias con la negociación, que se desarrollará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que están representadas todas las comunidades autónomas pero también el Gobierno, y traslada a las regiones toda la responsabilidad para ponerse de acuerdo.
"Siempre que hay una negociación, el 80% es la voluntad de llegar a un acuerdo, si se sientan con la voluntad de echarse los trastos a la cabeza, va a ser muy difícil", destacó Rajoy, para quien el Gobierno central ejercerá el rol secundario, de facilitador para "estimular" y que se pueda cerrar un acuerdo. "Lo que no podemos hacer es un modelo de financiación autonómico con cuatro votos contra cinco; hay que trabajar para que haya unanimidad y el Gobierno va a intentar que haya entendimiento", remarcó el presidente del Ejecutivo, que reiteró que todo dependerá de la voluntad de pacto de las distintas partes.
Las palabras de Rajoy ahondan en la división evidenciada por los expertos de las respectivas comunidades sobre las condiciones en las que ha de negociarse la nueva financiación. Uno de los temas más controvertidos en los que los expertos no han logrado el consenso ha sido en la conveniencia de incluir en la negociación una quita parcial de la deuda de algunas comunidades, tal y como reclamaba el experto valenciano.
De hecho, según publicó este periódico, los representantes de regiones como la Comunidad de Madrid o Canarias reflejaron en sus respectivos votos particulares su frontal oposición a la propuesta de la quita de la deuda autonómica. Incluso el experto designado por el Gobierno, Ángel de la Fuente, se despachó con dureza contra los representantes autonómicos al calificarlos de "expertos con bandera".
Además, el nuevo plazo de un año lanzado este lunes por Rajoy echa por tierra las esperanzas de la Comunitat de contar con el nuevo modelo este mismo año. El jefe del Consell, Ximo Puig, ha recordado en en varias ocasiones que el presidente del Gobierno central debía cumplir su promesa de aplicar la reforma este mismo año. La última, ayer mismo. También el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reiterado la necesidad de respetar ese compromiso.
La postura del presidente del Gobierno resulta especialmente hiriente, además, porque se produjo el mismo día en el que Fedea publicó su informe sobre la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que con los datos de 2015 volvió a poner de relieve que la Comunitat Valenciana tiene la peor financiación efectiva por habitante.
El estudio, elaborado por Ángel de la Fuente, es especialmente relevante porque la comparación entre comunidades está ajustada con las competencias homogéneas. Con los resultados en la mano los recursos que cada valenciano recibe del Estado alcanzan los 2.178 euros, 728 euros menos que los cántabros, los habitantes mejor financiados con el actual sistema.
Si la media es cien por habitante, Cantabria recibió 123,4 en 2015, 2,1 puntos más que el año anterior, seguida de La Rioja que se financió con 120,8, un punto menos que en 2014. Les siguen como mejor financiadas Extremadura (114,4), Baleares (108,4), Castilla y León (106,8), Aragón (105,4), Asturias (104,8), Galicia (104,6), Canarias (102,9) y Castilla-La Mancha (100,3).
El resto de comunidades están por debajo de la media en la financiación de sus competencias y destaca la situación de la Comunitat Valenciana, con un 92,5, la más baja de la tabla.
