VALENCIA. El IBI del pequeño comercio es, a día de hoy, una cuestión en la que chocan los dos principales socios de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. Los establecimientos representados por la patronal Cecoval urgen desde hace un par de semanas al consistorio para que ponga negro sobre blanco la voluntad que les trasladó el PSPV: revisar el Impuesto de Bienes Inmuebles para que afecte a un menor número de tiendas en la ciudad. Pero ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo formalizan si el concejal de Hacienda parece dispuesto a hacerlo? Se preguntan. La respuesta es que Compromís no ve tan clara esta reivindicación.
Los comerciantes, que han acuñado el término "catastrazo" para denominar la subida del tributo que tuvo lugar en el presente ejercicio, solicitan al Ayuntamiento "una solución urgente ante el 'castigo' aplicado al comercio de la ciudad de Valencia, que se ha visto afectado por la notable subida del 40% del recibo del IBI", según sostienen.
La propuesta de la patronal es que sólo se le aplique la subida a los comercios cuyo valor catastral supere el millón de euros, lo que permitiría, según afirman, "un 'respiro' para 1.266 microempresas y pymes valencianas". Actualmente el listón está en 250.000 euros.
Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del consistorio liderado por Joan Ribó subrayan en primer lugar que la subida del IBI aplicada en 2016 no pesa sobre el pequeño comercio. "Se aplica a establecimientos con un elevado valor catastral, no a cualquier tienda de barrio. Los establecimientos más pequeños no han sufrido incremento alguno", recalcan.
Además, agregan que el ajuste realizado "sitúa a Valencia al nivel de lo que sucede en las grandes ciudades de España". "El IBI de Valencia se ha ajustado porque era una anomalía. Lo que se paga ahora guarda proporción con lo que sucede en ciudades como Madrid o Barcelona, gobernadas por Ahora Madrid o Barcelona en Comú, formaciones nada sospechosas de perseguir al pequeño comercio", indican. Dicho lo cual, desde Compromís añaden que "todo se puede estudiar".
En paralelo, el PSPV, que ostenta la Concejalía de Hacienda, ofrece desde hace días una postura mucho más próxima a la reivindicación del pequeño comercio. De hecho, el concejal del ramo, Ramón Vilar, ya ha trazado una hoja de ruta para suavizar el incremento del IBI en 2017. El escenario al que está dispuesto a llegar consiste en que la subida del tributo sólo afecte a los 200 comercios de la ciudad que tengan el valor catastral más alto. Para lograrlo renunciaría a una recaudación de "casi de un millón de euros".
El debate, que deberá zanjarse con tiempo para la inclusión del posible ajuste en los próximos presupuestos, está en estos momentos completamente abierto. ¿Se impondrá Compromís y no habrá rebaja? ¿Lo hará el PSPV y se atenderá la petición de Cecoval? ¿Será la solución un punto intermedio? La solución a este choque de pareceres la deberán negociar los portavoces de las formaciones que integran el gobierno local.
En sus manos está que esta nueva rencilla no se convierta en un enfrentamiento de mayores proporciones como el de la prohibición de los festejos del 'bou embolat' en la ciudad, que tuvo precisamente al socialista Vilar como epicentro de la discrepancia con la medida del alcalde Ribó.
