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El nuevo golpe a la formación popular invita a cambios orgánicos y hace resurgir el debate interno en el partido
VALENCIA. El PPCV vuelve a sumergirse en una crisis interna. La renovación abordada tras el mal resultado de las elecciones autonómicas y locales parecía haber contentado a Génova y militancia. Líderes diferentes en el ámbito regional, provincial -en Valencia- y local -en la capital-, y un discurso más enérgico y orgulloso por parte de la nueva presidenta del partido, Isabel Bonig, había sido la receta para tratar de reactivar la formación popular.
Estos cambios, acompañados de una leve recuperación en los resultados de las elecciones generales, habían generado cierta imagen de reconstrucción que, sin embargo, saltó por los aires el pasado martes con la 'Operación Taula'. Una supuesta trama que, según fuentes de la investigación, se ha extendido también al ámbito regional del partido. Es decir, no solo Alfonso Rus y los suyos podrían estar implicados, sino también otros referentes y estructuras del partido, ya no solo la local, sino también la autonómica.
El golpe recibido genera preguntas. La militancia y cuadros intermedios, los que nunca han estado al mando del partido, vuelven a mentar una palabra que había sido olvidada -o amortizada- tras la salida de Alberto Fabra: refundación.
Las reflexiones que se deslizan entre los afiliados van dirigidas a que resulta muy difícil construir un nuevo PP si, en cualquier momento, los populares que todavía se encuentran en las instituciones o en los cargos orgánicos son detenidos o investigados por la justicia. Algunos, lo verbalizan: "Nadie o casi nadie que haya estado en las instituciones en el pasado debería estar en primera línea en el futuro", comenta un cargo del partido nombrado en el último rediseño de la dirección.
Y es que la investigación, todavía bajo secreto sumarial, deja un margen de maniobra limitado a los dirigentes del partido. Por un lado, lanzarse a acometer cambios de forma precipitada puede ser contraproducente si no se conoce el alcance de la causa judicial y, por otro, los implicados o afines ofrecen resistencia y apelan a la presunción de inocencia. Sin duda, el caso más complejo es el del presidente local del PP de Valencia, Alfonso Novo, que por el momento ha sido desplazado en la portavocía del Ayuntamiento por Maria Àngels Ramón-Llin. Sin embargo, y aunque se le ha suspendido cautelarmente de militancia, resulta complicado ofrecer una solución de consistencia a corto plazo a su puesto orgánico como ya informó este diario.
También hay conflicto en el seno provincial del partido. Al presidente del PP de Valencia, Vicente Betoret, le ha cogido la operación en pleno proceso de apuntalamiento de su liderazgo bajo una Ejecutiva heredada de Alfonso Rus. De hecho, cedió en mantener como asesores a los detenidos en la operación Juan José Medina y Emilio Llopis, personas de confianza del exbarón provincial, una decisión que ahora le ha pasado factura y que, internamente, ya ha admitido como una equivocación. Fuentes populares apuntaban este jueves a que Betoret abordará en la Junta Provincial de hoy una renovación de la dirección para construir su propio equipo y apartar a los implicados en el caso así como a los dirigentes más estrechamente vinculados al rusismo y a la Diputación.
Unas decisiones a las que no puede ser ajena la presidenta regional, Isabel Bonig. Al margen de cómo pueda salpicar la investigación en el ámbito autonómico al partido y las propias tensiones que se desencadenen en las diferentes estructuras del PP por los cambios orgánicos, es indiscutible que los últimos acontecimientos debilitan el discurso vehemente y crítico que viene desarrollando la líder de la formación popular. Aunque los hechos acaecidos sean atribuidos a una manera de actuar de anteriores direcciones, es indiscutible que las consecuencias implican desgaste, más aún cuando se está jugando en Madrid la investidura del futuro presidente del Gobierno.
En este sentido, fuentes populares de los sectores críticos apuntan a que las siguientes semanas serán claves para ver el alcance de la investigación judicial por un lado y, por otro, asistir al desenlace de la resolución del debate nacional. Si el socialista Pedro Sánchez termina siendo presidente, podría iniciarse un proceso sucesorio de Rajoy en Madrid de cara al próximo congreso nacional del PP que podría animar candidaturas alternativas a la de Bonig en clave regional.