VALÈNCIA (EFE). El alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha alertado hoy del "riesgo financiero" de 42 millones de euros al que se enfrenta el Ayuntamiento por conflictos urbanísticos y ha lamentado "el horizonte judicial y económico que se avecina" y que se remonta a 2011, bajo el gobierno del PP.
Raga ha criticado en un comunicado "la incapacidad del anterior gobierno de negociar con los distintos propietarios de terrenos antes de llegar a los tribunales, donde el perjuicio para las arcas municipales puede ser devastador para su correcto funcionamiento futuro".
"Deberemos realizar un esfuerzo ímprobo para defender los intereses de nuestros vecinos", ha dicho Raga, quien ha informado de que el global de estas demandas y reclamaciones procede, principalmente, del área urbanística e inmobiliaria.
"Está relacionada con los años de la 'burbuja económica' desarrollada por el anterior gobierno del Partido Popular, encabezado por el exalcalde Francisco Tarazona, por su decisión de poner en marcha más de diez programa de actuación que, finalmente, no se han llevado a cabo", ha señalado Raga.
Según el comunicado del Ayuntamiento, el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos, donde el Valencia CF planea la construcción de 2.000 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva, es el proyecto que concentra buena parte del montante económico global que afronta el consistorio con un total de 25 millones de euros.
"Esta PAI está a expensas de que la Conselleria de Medio Ambiente se pronuncie sobre la segunda propuesta presentada por Litoral del Este -mercantil creada por el Valencia- después de que la primera de ellas fuese tumbada por una sentencia contraria del Tribunal Supremo", han explicado.
La segunda mayor reclamación económica asciende a 6,7 millones que una familia de la localidad interpuso a raíz de unas expropiaciones que se remontan a 1967 y que se ha prolongado "por la negativa del anterior gobierno a negociar con sus propietarios hasta llegar a un acuerdo de indemnización".
"Sin embargo, los dueños de la parcela, destinada inicialmente para un parque en Montealcedo, elevaron a la justicia el enfrentamiento con el consistorio; de momento, una sentencia del TSJ ha obligado al pago de 879.000 euros como medida cautelar antes de pronunciarse sobre la petición de 6,7 millones", añade el actual equipo de gobierno.
En la lista de posibles indemnizaciones que deberá afrontar el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a medio plazo también se encuentra la ocupación de unos terrenos en el Barranc de les Monges valorada en 2,2 millones, más otros 500.000 euros como intereses.
Según han señalado en el comunicado, el origen del conflicto se remonta a 2005, cuando el ayuntamiento se comprometió a permutar estos terrenos privados por otros en la zona del Calvari, lo que, finalmente, nunca se llegó a ejecutar.
También se añade la exigencia de 2,2 millones del propietario de una fábrica que se incendió por el fuego causado por una empresa anexa que carecía de la pertinente licencia de actividades, y otra indemnización de 2,2 millones a una empresa inmobiliaria valenciana por posibles daños y perjuicios a raíz de la falta de ejecución de un PAI.
"Una nueva mercantil se añade a la lista con otros 506.000 euros al considerar 'contraria a ley' la decisión del ayuntamiento de rescindir un contrato por prestación de un servicio municipal", han añadido.
El Ayuntamiento ha informado de que las previsiones de desembolso económico se completan con otros 420.000 euros que exige otra mercantil urbanística por diversos litigios administrativos, un millón de euros en concepto de costas e intereses financieros en función de los recursos y demandas judiciales.
