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ribera salud asegura llevar esperando año y medio para reunirse con la conselleria

Sanidad sorprende a las concesionarias de hospitales con una reclamación de 260 millones

4/11/2016 - 

VALENCIA. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunciaba este jueves en la presentación de los Presupuestos de 2017 reservados para su cartera que reclamarán a las concesionarias sanitarias la devolución de 260 millones de euros que deben a la Administración por las liquidaciones provisionales pendientes de resolver.

En este sentido, la titular de sanidad denunció que esta fue la situación con la que se encontró el actual Consell cuando llegó al gobierno y que las empresas concesionarias de los departamentos de salud de Dénia, Manises y Elche son las responsables de esta deuda, ya que, desde 2009 las dos primeras, y 2010 la última, no han hecho las liquidaciones pendientes.

Por su parte, Ribera y Torrevieja tienen las liquidaciones realizadas hasta 2012, si bien también deberían actualizarlas hasta 2014, último año hasta el que se puede calcular, pues el Ministerio de Sanidad "tiene que publicar el dato de gasto real, necesario para hacer la liquidación final. Por lo que, sin toda esta información, no se puede cerrar el ejercicio", aseguran fuentes de la conselleria de Montón.

No obstante, algunas de las concesionarias como Ribera Salud no tardaba en contestar a primera hora de la tarde señalando que desde hace 18 meses están esperando mantener una reunión con la Conselleria de Sanidad para estudiar cómo abordar el tema y aseguraban tener "máximo interés en que el procedimiento se haga en el tiempo y forma que marca el contrato, que establece que dichas liquidaciones se realizarán en el mes de marzo". Además, también añadían que, si los plazos se habían incumplido, no había sido "por voluntad de Ribera Salud". 

Así, el operador sanitario trasladó que no podían ni confirmar ni desmentir la cifra que anunció la conselleria hasta que tuvieran "la oportunidad de poner en común la información de ambas partes, concesionaria y Administración, como establece el contrato". En este sentido, tampoco Sanidad facilitó los datos desglosados a Valencia Plaza aduciendo a este mismo motivo, que no le han dado traslado de dicha información a las concesiones de hospitales. 

El análisis económico de Dénia lo hará una empresa privada

Con estos datos, la Generalitat habría estado esperando liquidaciones durante al menos seis años. Sin embargo, pese a que la consellera anunció que se pondrían en contacto con las empresas concesionarias para que liquiden la deuda, también desde Marina Salud responden a Montón: "nos hubiera gustado que se hubieran cumplido las calendarizaciones, los calendarios establecidos por el contrato". Algo que, aseguran que no se ha hecho y que significa que "si hay una deuda, la administración no la comunicó cuando tenía que hacerlo, en el momento de la liquidación". 

De la misma manera que solicita Ribera Salud, la concesionaria del Hospital de Dénia también pide conocer "de dónde salen las cifras que da la conselleria" y que les faciliten un "desglose de las concesiones por ejercicios". 

Por otra parte, tal como avanzó Valencia Plaza la pasada semana, el gobierno valenciano no ha reservado un solo euro en los presupuestos de la Generalitat 2017 para la compra del Hospital de Dénia. Según pudo conocer este diario, aunque en un principio se iban a encargar la Abogacía de la Generalitat y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de los análisis jurídico y económico, respectivamente, de la posible operación, finalmente la Generalitat ha encargado dichos trabajos a un despacho de abogados y a una auditora-consultora

Hospital de Manises

Cabe recordar que en el caso del Hospital de Manises, gestionado en concesión por el Grupo Bupa Sanitas, la Generalitat le reclama 181 millones de euros por las liquidaciones de 2009 a 2013. Un proceso que llegó a los tribunales porque Sanitas discrepaba con la liquidación del gasto cruzado de la concesionaria y la Conselleria de Sanidad en atención a pacientes desplazados de una y otra áreas de salud.

La compañía puso un recurso ante la sala del tribunal contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia alegando que la liquidación no se ajustaba a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".  

En agosto el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya dejó claro que la falta de fiscalización financiera como asistencial eran el máximo problema de las concesiones, pero que sin embargo no se debía "acusar directamente" a las empresas, sino a los anteriores gestores por no haber hecho liquidaciones desde 2008; algo que Montón reiteró al calificar de "negligente" la gestión realizada por los anteriores gobiernos del PP.

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