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LA SITUACIÓN sigue sin encontrar solución

UGT lleva a juicio a cinco empresas de la Generalitat por incumplir con la Relación de Puestos de Trabajo

Los representantes sindicales buscan "una sentencia que obligue al cumplimiento de la normativa", con una encrucijada administrativa laboral sin resolver en Vaersa, EIGE, IVACE, CulturArts e IVAM

1/11/2016 - 

VALENCIA. La Generalitat tiene abierto un conflicto laboral y colectivo cuya herida, lejos de cerrarse, no hace más que supurar problemas. El próximo estadio de tensión tendrá lugar la semana que viene, en el juicio que enfrenta a la Unión General de Trabajadores del Pais Valenciano (UGT-PV) con cinco empresas públicas. La razón es el incumplimiento de la Ley del Sector Público Valenciano cuyos plazos obligaban a que existiera una Relación de Puestos de Trabajo completa hace ahora algo más de un año. Una RPT que no se completó entonces en CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa, pero que lejos de tener una solución un año más tarde "está en proceso", según admiten fuentes de Abogacía de la Generalitat a Valencia Plaza.

En esa situación no resuelta se presentarán los representantes públicos el próximo día 9 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que admitió a trámite la demanda de conflicto colectivo a principios de octubre. En frente, la posición con la que el sindicato acude al litigio es férrea: buscar "una sentencia que obligue al cumplimiento de la legislación ante esta irregularidad. Las situaciones irregulares que no le permitimos al Partido Popular no se las vamos a consentir ni a este ni a otro Gobierno". Así se expresa Gonzalo Fernández, secretario de administración de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos. En declaraciones a este diario, detalla que la FeSP-PV "ya acudió a un acto de conciliación hace un año, en el que se dio una prórroga de seis meses para que cumplieran con la norma" y, siempre según su relato, "ocho meses después no habían ni constituido las mesas".

Fernández lamenta que "si pensaban que no iban a poder cumplir con la Ley del Sector Público, tenían la capacidad legislativa de haber ampliado el plazo". No lo hicieron, según conviene, ya que esperaban llegar a tiempo con los plazos, pero queda claro que no ha sido aquí. A partir de ese punto, el relato de las Generalitat y de las fuentes de las distintas empresas públicas difiere del que tiene el sindicato. Mientras que los representantes del Gobierno valenciano aseguran que a finales de junio se produjo una reunión en la que UGT les confirmó que irían a juicio, pese a los avances en un proceso inacabado, el secretario de FesPV-PV niega que forzaran el litigio. Mientras que desde estas empresas se habla del intento de diálogo para "hacer comprender la muy compleja situación de realizar una RPT en estas empresas", desde UGT niegan la mayor y apuntan a una falta de voluntad o recursos en salvar la encrucijada.

Lo cierto es que los informes de Intervención de la Generalitat Valenciana "llevan advirtiendo de esta irregularidad desde 2014", apuntan desde el sindicato. Una situación que tiene que ver con la ley ya citada que, en cualquier caso, abrió un nuevo tiempo para este cumplimiento: "nunca ha habido una RPT para este sector, pero si esa es la legislación vigente, la Generalitat debe concluir ese proceso".

Cómo se ha llegado hasta aquí

El conseller de Hacienda, Vicent Soler (izquierda), junto al president de la Generalitat, Ximo Puig (centro). (Foto: EVA MÁÑEZ)

A la demanda de conflicto colectivo las empresas llegan en situaciones dispares, aunque en todo caso complejas. Algunas de ellas se enfrentan a la "compleja" -adjetivo que se repite en todas las fuentes- resituación de los trabajadores, por origen por la necesidad de ser ahora encajados en una de las posiciones que permite la RPT. En el caso de Vaersa, por ejemplo, apuntan desde la Generalitat que "tiene muy distintas necesidades según el ejercicio. La Generalitat en ese caso "necesita cierta flexibilidad para cumplir con los proyectos; si la Conselleria de Obras Públicas hace un gran encargo, no se puede encajar el servicio de Vaersa con facilidad en una RPT". Un caso que se repiten en distintas empresas es el hecho de tener que reunir añadir personal "de distintos convenios colectivos". 

El caso de CulturArts es paradigmático: no existía una RPT de los institutos que la compusieron (Institut Valencià de la Música, Teatres de la Generalitat e Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia), pero a esa situación se suman variables mucho más enrevesadas, como la inserción de los trabajadores de la mercantil Castelló Cultural que ahora "hay que convertir en trabajadores públicos sin haber pasado por un concurso público o proceso adecuado"; por otro lado, los extrabajadores de Radiotelevisió Valenciana que siguen trabajando en la digitalización de los archivos en Burjassot, también pertenecen a CulturArts, pero sus situaciones laborales por convenios y otros aspectos, les deja en una situación de difícil encaje con sus 'homónimos' del IVAC; un caso más, por escenificar el ramillete de conflictos al que se aduce desde la Generalitat, puede ser el caso del Cor de la Generalitat, que sin haber obtenido la titulación que en principio se les exigía, tuvo que contar con una alternativa gestada por la Conselleria de Hacienda de la que ya informó este diario

Con todo, la situación "ha avanzando", pero "no se ha concluido", tal y como han dejado claro las fuentes de la Abogacía de la Generalitat. "Cada una de esas empresas tiene unas peculiaridades que ya tratamos de exponer en la reunión que tuvimos con UGT antes de verano", apuntan. Los recursos que se están invirtiendo, lejos de la percepción del sindicato, sí existen para la Generalitat, "pero hay muchas preguntas legales que resolver antes de poder hacer una RPT con garantías". En una cosa si coinciden las partes: "la situación deriva de las chorizadas que se hicieron en el pasado" -en palabras del sindicato-, una "herencia envenenada", una "herencia de deudas, de graves deficiencias estructurales de las 'no RPT correspondientes y una deficiencia de responsabilidad y trabajo de las infraestructuras muebles e inmuebles", apuntan desde la Generalitat". 

Eso sí, Fernández remata que "el plazo expiró hace más de un año. Creo que ha habido un margen suficientemente generoso con las empresas". Sea como fuere, el próximo 9 de noviembre las parte se verán las caras en los tribunales. El conflicto colectivo tendrá que encontrar una solución pactada, ya que la Relación de Puestos de Trabajo de estas cinco empresas no se ha completado. Es más, casi todas las fuentes admiten que no se conseguirá antes de final de año: "lo deseable sería que se pudiera empezar 2017 con las RPT solucionadas, pero viendo los tiempos... va a ser complejo que podamos hacerlo". El juicio

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