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la marca blanca de podemos tensa la coalición MUNICIPAL

València En Comú se revuelve contra Ribó y rechaza su alternativa a la V-21

1/11/2017 - 

VALÈNCIA. Al suelo que vienen los nuestros. Al alcalde de València, Joan Ribó, líder de Compromís, uno de sus socios de gobierno en el Ayuntamiento ha decidido amargarle la festividad de Todos los Santos. De manera inesperada València en Comú, la marca blanca de Podemos en la ciudad, se demarcó este miércoles con un comunicado público en el que afeaban al alcalde dos cosas: que tuviera una alternativa a la V-21 y que la hubiera comunicado sin hablar con ellos.

En el texto València En Comú manifiesta su “sorpresa” por el anuncio que hizo el Ayuntamiento en el que informaba sobre la mentada alternativa “que defiende la ejecución de la ampliación a tres carriles y que no ha sido consensuada entre los miembros del equipo de gobierno”, dicen. Desde la agrupación se señala que habían advertido ya al alcalde que su posicionamiento se fijaría “después de reunirse con las principales asociaciones vecinales que se oponen a la ejecución de la obra y esta reunión tuvo lugar ayer martes por la tarde”.

Igualmente, desde la formación morada se recuerda que la moción aprobada el jueves pasado en el Pleno del Ayuntamiento por los tres partidos del Govern de La Nau “se centraba en la paralización del proceso de licitación, el planteamiento de una inversión alternativa acorde con las necesidades del territorio que contemple la protección de la huerta y en un proceso participativo que lo legitime”, dicen.

Comparten “algunos puntos”

A pesar de eso, desde València en Comú se admite que comparten “algunos puntos del comunicado hecho por el Ayuntamiento”. Así, explican que ellos “también” están en contra de que los camiones atraviesen el Cabanyal o que ellos igualmente quieren que esta inversión se mantenga “porque es un derecho de la ciudadanía valenciana”.

La agrupación, que forma parte de la coalición de gobierno municipal junto a Comprimís y PSPV, asegura que aún están recogiendo las demandas ciudadanas y advierten que defienden como “mejor alternativa” la no ejecución de la ampliación a tres carriles. En su lugar proponen que la inversión se ejecute en “diversas obras que redunden en un aumento de la seguridad vial en la red existente”. “Esto permitiría mantener tanto la inversión como los puestos de trabajo previstos”, afirman.

Para VeC no hay “especiales problemas de atasco”

La marca blanca de Podemos justifica su postura en que “existen informes técnicos que demuestran que la V-21 no tiene especiales problemas de atascos”. Y añaden: “En cualquier caso, la ampliación a tres carriles no incluye ninguna medida que minimice las acumulaciones de tráfico. Únicamente plantea su desplazamiento a la entrada al término municipal de València. Además, la previsión de aumento de flujo de tráfico en esta vía corresponde a un modelo de movilidad obsoleto”, apostillan.

La formación cuya portavoz es María Oliver, una de las que se suponía que iba a formar parte de la comisión enviada a Madrid a negociar con el Ministerio de Fomento, recuerda que ellos apuestan por “un modelo de movilidad saludable y sostenible basado en el transporte público, asequible y de calidad que permita a la población acceder a la ciudad de manera fácil, rápida y limpia”.

Murcia como enseñanza

En la formación consideran que la ampliación no contribuye “de manera objetiva” a la mejora de la seguridad. “Más bien al contrario”, dicen, “ya que plantea un aumento de la capacidad y por lo tanto del riesgo de siniestralidad. Únicamente el apaciguamiento del tráfico, mediante un cambio en la señalización, mejoraría la seguridad en este caso. Además, contribuiría a mejorar la calidad de vida de los núcleos de población cercanos a esta vía y la calidad del aire que respiramos todos”, agregan.

Finalmente reclaman que se preste atención a las asociaciones vecinales, las cuales, dicen “demandan un proceso participativo que permita a la ciudadanía decidir sobre las diferentes alternativas al proyecto de la V-21”. Según ellos estos procesos “permiten evitar conflictos sociales innecesarios, como lo sucedido recientemente en Murcia, ante la imposición de infraestructuras que perjudican la vida de las personas”, concluyen.

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