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VALENCIA (EP/VP). La Sindicatura de Comptes ha detectado en su Informe de Fiscalización del sector público autonómico correspondiente al ejercicio 2009 derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores por valor de 1.080,7 millones de euros, 776,6 millones de 1990 a 2004 y otros 304,1 millones de 2005 a 2008.

Por su parte, la provisión por insolvencias asciende a 401,9 millones, por lo que, según señala el informe, "debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos que se estimen de dudoso cobro" y, en este sentido, precisa en sus conclusiones que debería aumentarse "en la parte referida a los derechos pendientes de cobro de los ejercicios 2004 y anteriores, teniendo en cuenta sus posibles grados de realización".

También precisa, respecto al pendiente de cobro 2005 a 2008, que los análisis de cobrabilidad y de cancelación de derechos "deberían igualmente extenderse a los derechos de fondos europeos contabilizados mediante previsiones de ingresos, cuyo importe pendiente de cobro asciende a 304,1 millones de euros", dado que "se observa un bajo grado de cobro" y "el programa operativo europeo 2000-2006 en que se sustentan la mayor parte de ellos ya ha finalizado".

Respecto a la evolución de los ingresos en 2009, la Sindicatura indica que "ha estado marcada por los efectos de la desaceleración económica", de modo que los derechos reconocidos (excluida la variación de pasivos financieros) sólo ha aumentado un 1,3 por ciento respecto a 2008, tras disminuir un 0,1 por ciento ese ejercicio.

El síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha entregado este jueves a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, el Informe de Fiscalización del sector público autonómico de 2009, que incluye análisis individuales de la Administración de la Generalitat, entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones públicas, que suman un gasto de 18.029,1 millones de euros, así como de las Cámaras de Comercio y de las Universidades.

Además de esas fiscalizaciones de control general, este año la Sindicatura ha realizado una fiscalización especial sobre la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y una auditoría de los sistemas de información de varias entidades, a fin de "avanzar en la fiscalización pública e impulsar la transparencia en la gestión, para adaptar la auditoría pública a las nuevas metodologías de trabajo y para aportar un valor añadido a su contenido".

En relación con la liquidación del presupuesto de gastos, el gasto de asistencia sanitaria ostenta el mayor peso en el presupuesto, con un 40,7 por ciento de las obligaciones reconocidas frente al 41,8 por ciento de 2008, seguido de los gastos de educación, que representan el 28,1 por ciento.

En concreto, a 31 de diciembre de 2009, el gasto sanitario asciende a 1.543,3 millones de euros para su imputación de 2010 a 2017, con obligaciones no reconocidas por valor de 962,2 millones, a imputar también en ejercicios posteriores. De ese importe, 290,5 millones corresponden a facturas de noviembre y diciembre de 2009 de las prestaciones de farmacia, imputadas al presupuesto de 2010 y pagadas en el primer trimestre de este año.

9.333,7 MILLONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

En relación al balance, el endeudamiento financiero asciende a 9.333,7 millones de euros, frente a los 7.460,7 millones del año anterior, con un reflejo contable "adecuado" según el informe.

Respecto al inmovilizado, insiste en la necesidad de crear un inventario que refleje la composición actualizada valorada de sus distintos epígrafes y apunta que, en 2009, se han contabilizado 189,5 millones correspondientes a infraestructuras puestas a disposición de la Conselleria de Educación por la empresa pública Ciegsa, punto sobre el que recalca que "debe seguir actualizándose el inventario y conciliándose los datos para que en el balance figuren todas las obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar puestas a disposición de la Conselleria".

La Sindicatura apunta asimismo que la cuenta del resultado económico patrimonial y el pasivo del balance "no recoge ninguna cantidad en concepto de estimación de los intereses de demora" derivados de la aplicación del artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que "podría ser significativa".

NO FIGURAN 3.025,3 MILLONES DE GASTOS

En cuanto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, el informe subraya que la memoria "no incorpora los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 3.025,3 millones de euros".

En alegaciones, la Intervención General de la Generalitat informó que en febrero se procedió a la contabilización de los compromisos con cargo a ejercicios posteriores derivados de los convenios suscritos por Educación con las universidades para la financiación del Plan Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano, por importe de 760,9 millones.

Respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Intervención General de la Generalitat ha facilitado a la Sindicatura el cálculo de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Comunitat a efectos de cumplimiento con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que muestra una necesidad de financiación por importe de 3.144 millones de euros, que suponen el 3,09 por ciento del PIB regional.

En el apartado de contratación, precisa que un 49,5 por ciento de los contratos se adjudicó por procedimiento abierto, que aglutinaron el 76,3 por ciento del importe global, y otro 49,6 por ciento por procedimiento negociado, con un 15,3 por ciento del importe. El resto corresponde a 0,6 por ciento por procedimiento restringido y un 0,3 por ciento por emergencia.

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN "CLARAS Y CONCISAS"

Queralt ha reclamado a la administración que establezca unas instrucciones de contratación "claras, concisas, entendibles" y que las plataformas para el acceso de los usuarios a las contrataciones sean "concretas y se puedan encontrar fácilmente". Además, recomienda las Conselleria de Justicia y Cultura que incluyan en sus webs accesos específicos al apartado de perfil de contratante.

La Sindicatura concluye que "en general, la información se presenta de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que le son de aplicación, con las excepciones y salvedades que se señalan en el informe" y que en el ejercicio de la función fiscalizadora "no se han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir características básicas de responsabilidad contable".

En declaraciones a los periodistas, Queralt ha indicado que "siempre le ha preocupado" la gestión adecuada de los fondos públicos y que, de hecho, uno de los aspectos "más críticos" del informe se refiere al uso de los fondos públicos que "cada vez son mayores y cada vez hay que utilizarlos mejor". En este sentido, ha valorado que desde la Generalitat "se han hecho considerables esfuerzos por mejorar las cosas" y no se puede decir "que se ha gastado mal".

Por otro lado, ha constatado que se "consolida una situación de crisis muy considerable" con la "disminución casi generalizada de todos los ingresos", lo que conlleva a un remanente de tesorería y un déficit de financiación negativo.