11.600 multas en un mes: así avanzan las cámaras para el control de tráfico de Ciutat Vella

VALÈNCIA. Las cámaras de control del tráfico en Ciutat Vella se hicieron esperar mucho más de lo previsto. Pero, una vez puestas en funcionamiento, se podría decir que cumplen con honores su objetivo: durante el primer mes de rodadura, han interpuesto casi 11.600 multas a todas aquellas personas que accedieron sin el permiso reglamentario al Área de Prioridad Residencial (APR) del barrio.

Esta tendencia al alza ya se puso de manifiesto durante la primera semana en la que las cámaras estuvieron en marcha, entre el 8 y el 16 de enero. Un periodo de tan solo siete días que se saldó con casi 4.900 propuestas de sanción. Y los números no han hecho más que subir desde entonces, hasta duplicar la cifra: a fecha de 4 de febrero, se habían alcanzado las 11.591 multas mencionadas, tal y como explicó el área de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi a preguntas planteadas por Ciudadanos. 

Según los datos aportados, 5.528 de estas se encuentran todavía en trámite de incoación. Es decir, en proceso de identificación del conductor o de firma del procedimiento. Por su parte, las 6.063 restantes ya tienen el acuerdo de incoación firmado y por lo tanto han sido validadas y enviadas a los supuestos infractores. Así con todo, cabe recordar que cada una de las multas supone un desembolso de 60 euros para el titular del vehículo. 

Sea como sea, el número total de propuestas de sanción que se han cosechado en tan solo un mes representan prácticamente la mitad de la cifra de los permisos expedidos. Es decir, hay casi 11.600 multas cuando realmente, y según las últimas cifras que se hicieron públicas, los vecinos y usuarios del entorno tan solo han pedido autorización para 25.000 matrículas. Un proceso que se aceleró considerablemente conforme se acercaba la fecha de entrada en vigor de la medida, pero que parece ser que no ha llegado a todas las personas interesadas en acceder con vehículo al corazón del barrio. Tal y como se puede concluir, al menos, a la luz de los datos aportados hasta el 4 de febrero.

El proceso para empezar a pedir permisos se abrió en febrero de 2021, pero se saldó con alrededor de 3.800 peticiones. Luego, entre octubre y noviembre, la Policía Local puso en marcha una campaña informativa que dio cierto impulso al ánimo de los usuarios, y la cifra se elevó hasta los 14.000. Sin embargo, todavía hubo que esperar a que la medida entrase teóricamente en marcha para llegar a la marca de los 25.000 que se maneja actualmente. 

Y es que, la APR tendría que haber empezado a funcionar el 1 de diciembre de 2021. Y de hecho, las cámaras se llegaron a poner en funcionamiento. Sin embargo, la concejalía de Grezzi retrasó hasta el 8 de enero la imposición de infracciones porque, tal y como explicaron, "se dio prioridad a tramitar las nuevas solicitudes de permiso antes que las multas". Pero parece ser que ni siquiera este aplazado ha sido suficiente, y el mensaje no ha llegado suficientemente claro a los conductores que de manera habitual transitan por el barrio. Así, finalmente, el primer mes de APR se ha saldado con más de 11.500 multas.

"Compromís y PSOE están evidenciando a base de multas y poca pedagogía su afán recaudatorio", denunciaba el concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés. "Esta montaña de multas es el pernicioso efecto de poner en marcha a toda costa una APR mal planificada, sin información suficiente y sin diálogo previo con las entidades vecinales, asociaciones de comercio, fallas y sectores de las tradiciones del centro histórico", aludía al respecto. 

"Para Ciudadanos, a fecha de hoy, la APR debería seguir estando aplazada por falta de consenso, por el caos circulatorio por obras como la de la Plaza de la Reina y cortes de calles, por la falta de plazas de aparcamiento y la ausencia de bonificaciones y descuentos para los usuarios de los aparcamientos. Sin esas condiciones y sin una buena información urbana y metropolitana, no debería haber APR", concluía el edil. 

Miedo a la falta de suministros

Una de las principales preocupaciones que manifestaron los comerciantes del entorno es la dificultad que podría entrañar la APR a la hora de garantizar los suministros externos. Y es que, consideran que la obligación de pedir una acreditación podría afectar principalmente a todas aquellas empresas de transporte y abastecimiento que normalmente operan en el barrio. En este sentido, temen que algunos de ellos desistan en pedir la acreditación y simplemente prefieran operar en otros barrios de la ciudad, a la luz de las posibles dificultades logísticas que el proceso entraña.

Aunque, sea como sea, cabe recordar que existen diferentes vías para sortear este nuevo impedimento. Por una parte, las empresas de reparto pueden pedir un permiso propio siempre que acrediten que son asiduas a Ciutat Vella. Y, sino, los comerciantes también tienen derecho a dos entradas permanentes, que pueden utilizar o bien para sus propios vehículos o para los de sus proveedores más habituales. 

En este sentido, no todos los comerciantes se oponen frontalmente a la descongestión del tráfico, pero sí que manifestaron en su conjunto que preferirían que el proceso se hubiera abordado de una manera más "sensata" y "ordenada", de manera que hubiera un margen más amplio de adaptación. Además, también afearon que las cámaras de control se hubieran puesto en marcha justo en el momento en el que la zona sufre una "situación excepcional" por las sucesivas obras que se producen en el entorno. Esto es, la Plaza de la Reina o el entorno del Mercado Central, las cuales dificultan todavía más el aparcamiento y la circulación. 

También cabe recordar que las entradas a los aparcamientos públicos en las inmediaciones del barrio no están controlados por las cámaras, de manera que los usuarios pueden dejar el coche y luego moverse tanto a pie como en transporte público. Sin embargo, los propios vecinos también mostraron algo de escepticismo ante la medida. En este sentido, explicaron que los permisos puntuales para visitantes se tienen que pedir en los días anteriores o posteriores a que se produzca la entrada, lo que podría acarrear dificultades o procesos demasiado farragosos para la vida diaria.

A lo que, nuevamente, se sumaron también las quejas por el miedo a la falta de suministros, esta vez domésticos: "Si tengo que pedir que vengan a arreglarme la lavadora de urgencia, tengo que pedir el permiso o asegurarme de que la empresa tiene acreditación para circular por el barrio", lamentaban desde algunas agrupaciones, como ejemplo a las dificultades puntuales.