4 de marzo, el día que Trump se convertirá en el XIX Presidente de EEUU

VALÈNCIA. Será la culminación de un plan maestro que pasaba por perder las elecciones y dejar que Joe Biden tomara posesión. Eso es lo que creen los que están convencidos de que el próximo 4 de marzo, como dicta una tradición que perduró hasta 1933, Donald Trump será investido decimonoveno presidente de EEUU. Un hecho que, la verdad, no deja de tener mérito si consideramos que en 2016 ya fue el cuadragésimo quinto inquilino de la Casa Blanca tras sustituir a Obama. De ser así, se convertirá en el sucesor de Ulysses S. Grant, que ocupó el cargo entre 1864 y 1869. ¿Delirante? Sí, bienvenidos a la era post ‘Q’.

Lo de la inminente toma de posesión de Trump forma parte del proceso de racionalización de su derrota que padecen los seguidores del expresidente, quien todavía no ha reconocido la victoria de Joe Biden. Es su defensa ante una realidad: como la que hay no les gusta, han creado una nueva. Pero esta (de momento) última vuelta de tuerca no es nueva sino que, como es habitual, supone una adaptación de alguna peregrina teoría que ya estaba en el mercado conspiranoico, el cual funciona, básicamente, por imitación: si un argumento ha tenido éxito en un contexto, se puede reciclar con ligeras modificaciones para otros. El espectáculo debe continuar.

El país se dividió en dos entidades: Estados Unidos de América  y Corp. USA, la empresa que gobierna en la sombra

El origen de tan singular creencia tiene que ver, nada menos, que con la consolidación legal del Distrito de Columbia (DC) en virtud de la Ley de Creación del Estado de Columbia (District of Columbia Organic Act) de 1871, que modificaba las normas anteriores de 1790 (Residence Act) y 1801 (District of Columbia Organic Act). Dicha ley configuró la actual estructura del Distrito de Columbia unificando tres territorios independientes (las ciudades de Washington y Georgetown, y Washington County), con similar estatus administrativo (no dependían de sus respectivos estados sino del Gobierno federal). En 1781, se unificaron en una entidad única.

 ¿Y qué lleva a los conspiranoicos a rebuscar en una cuestión que aburre hasta a los historiadores? Pues justificar lo injustificable. La ley que integraba dichas entidades administrativas en una sola lo hacía utilizando la forma jurídica de la ‘Corporación’. Un simple tecnicismo que, según los conspiranoicos tuvo como consecuencia que, en 1871, el país se dividiera en dos entidades: Estados Unidos de América (el país, que lleva casi 150 años suspendido) y Corp. USA, la empresa que gobierna en la sombra. Es el secreto detrás del Deep State contra el que Trump se ha estado enfrentando los últimos cuatro años.

El legado de los ‘ciudadanos soberanos’

Tan singular razonamiento lleva el sello de los llamados Sovereign Citizens (Cuidadanos Soberanos), una subcultura del movimiento conspiranoico tan peculiar que parece que su misión en el mundo sea hacer que los terraplanistas parezcan razonables. Su origen se remonta a 1951 —como explica la periodista Anna Merlan en su libro Republic of lies— cuando un constructor texano llamado Arthur Julius Porth inició una larga batalla legal contra el Gobierno para exigir la devolución de 135 dólares que había pagado en impuestos. Según él, la XIII enmienda abolió la esclavitud pero la XVI la reinstauró al permitir al Gobierno federal cobrara impuestos. La batalla legal duró dieciséis años y Porth, que alcanzó cierta notoriedad, acabó condenado a cinco años de prisión y a someterse a examen psiquiátrico. Pero la bola de nieve había empezado a deslizarse por la ladera.

Según él, cuando Roosvelt abandonó el patrón oro en 1933 aprovechó para sustituir la common law (basada en la jurisprudencia) por el derecho del mar (a partir de leyes nacionales e internacionales). La diferencia es que bajo la primera eran ciudadanos libres y, en virtud del segundo, se convirtieron en esclavos. La originalidad de Porth es que dio una base pseudolegal a los grupos de ciudadanos contrarios a pagar impuestos federales (un movimiento tan antiguo como el país, pero que sabían que su batalla estaba perdida ante un tribunal).

De los ciudadanos soberanos al poder del pueblo

Tras salir de la cárcel, Porth escribió A manual for those who think that they must pay income taxes, un libro que cayó en manos del tan racista como antisemita William Potter Gale. Exmilitar y fundador del Ministerio de la Iglesia de Cristo, Gale llevó más allá las ideas de Porter y las integró en el movimiento identitario cristiano (un embrión de lo que es ahora) y las recicló cuando creó, a principios de los setenta, el movimiento conocido como Posse Comitatus (Poder del pueblo) antes de impulsar el de los Cristianos Patriotas.

Gale llevó más lejos la teoría de Porth de que era posible dejar de rendir cuentas ante las leyes del mar y volver a ser ciudadano libre bajo la common law mediante un proceso conocido como ‘Redención’ (o su variante la ‘Expatriación’). Quien recorriera ese camino de vuelta se convertía en un Sovereign Citizen que solo respondía ante la ‘ley natural’, que emana de Dios y está consagrada en la Constitución. Para Gale, la clave estaba en la XIV enmienda, aprobada tras la Guerra Civil y que concretaba a nivel constitucional el concepto de ciudadanía. En virtud de ella, explicó a su parroquia de redneck, los americanos se convirtieron en esclavos del Gobierno federal.

Aunque la doctrina de los Soverign Citizens tiene varias modalidades, defiende, básicamente, que cuando una persona nace, el Gobierno apunta en una cuenta (recordemos que es una corporación) una cantidad que varía entre los seiscientos mil y los veinte millones de dólares, en función de lo que piensen que el sujeto llegará a valer a lo largo de su vida y que sirve como garantía de pago a los prestamistas extranjeros (el clásico eufemismo para no decir ‘judíos’).

El delirio es tal que cuando reciben una factura creen que basta con escribir Accepted for Value para que ese dinero lo tenga que pagar el Departamento del Tesoro

Por eso, una vez consumada la Redención, la persona recupera esa cantidad y, además, queda exenta de pagar impuestos, solicitar licencias para las actividades que así lo exijan, llevar matrícula en el coche… pues dejan de estar bajo la autoridad del Gobierno. El delirio es de tal magnitud que creen que cuando reciben una factura (da igual si es un impuesto o la cuota de Netflix) basta con escribir Accepted for Value (en tinta roja) para que ese dinero lo tenga que pagar el Departamento del Tesoro.

La clave, dicen, está en la partida de nacimiento que, normalmente se escribe con mayúsculas. Así, alguien inscrito como ‘NOMBRE APELLIDO APELLIDO2’ está bajo la jurisdicción de la Corporación, pero si lo escribe ‘Apellido-Apellido2: Nombre’ (el guion y los dos puntos son fundamentales), ya no lo está, y se reivindica como ciudadano ‘de carne y hueso’ —en contraposición a su nombre de ‘hombre de paja’ o strawman —. Hacer valer este inexistente derecho es lo que se conoce como ‘Aseveración’.

El caldo de cultivo de los Sovereign Citizens son gente de bajos ingresos, al borde siempre de la quiebra, que ven en El Dorado de no pagar impuestos y volverse ricos tras la ‘Aseveración’ la única solución a su situación. De hecho, existe toda una industria de cursos dedicada a explicarles cómo hacerlo. Así, no parece casual que cerca del 60% de los detenidos por el asalto al Capitolio —según el Washington Post— haya tenido problemas con el fisco en los últimos años.

Legalidad a gusto del consumidor

El movimiento de los Sovereign Citizen no es particularmente extenso, y ni siquiera es un grupo compacto, ya que incluye desde supremacistas arios hasta la Moorish Science Temple of America, integrada únicamente por negros. Su importancia actual radica más en cómo sus ideas sirven para erosionar la legitimidad de las instituciones. De lo que no hay duda es de que es caldo de cultivo de actitudes peligrosas. Su huella, por ejemplo, está en el intento de secuestro y asesinato de la gobernadora del Estado de Michigan Gretchen Whitmer el pasado noviembre, por parte de los miembros de un grupúsculo, conocido como los Wolverine Watchman, tras una campaña de acoso por parte del expresidente Trump al grito de ‘Liberad Michigan’.

Las ideas de esta pseudomilicia representan exactamente la ideología del Posse Comitatus, tal y como lo concebía Gale: los ciudadanos tienen derecho a autodesignarse agentes de la ley e instaurar sus propios tribunales, en los que son jueces y jurados ajenos a cualquier legislación existente y sin necesidad de aplicar ninguna norma más allá de las que ellos decidan. Por supuesto, no es más que una parodia de los Posse Comitatus (heredados de la legislación británica) por la que un agente de la ley podía reclutar a civiles en situaciones concretas para ayudarle a hacer cumplir la ley —¿Recuerdan Johnny Guitar?— con la diferencia de que aquí tratan de sustituirla: cualquiera puede autoproclamarse sheriff y rodearse de lo mejor de cada cárcel para imponer su voluntad y hacerla pasar por la legalidad que emana de la ley natural. Los que, durante el asalto al Congreso buscaban a algunos políticos para juzgarlos creían firmemente en este despropósito.

Pero lo de los Wolverine Watchman no fue un caso aislado. No extraña, pues, que el FBI incluya a los Soverign Citizens bajo la etiqueta de ‘terroristas domésticos’. En la encuesta de START (Study of Terrorism and Responses to Terrorism), realizada en 2014 entre agentes de la ley de diferentes cuerpos, los Sovereign Citizens se sitúan primeros en una lista de peligrosidad, por delante de los yihadistas, las milicias, los skinheads o el Ku Klux Klan. Y es que los nacionalistas blancos (Arios, Proud Boys, 3%ers, Boogaloos, Oath keepers…) deben mucho a esta ideología que actúa como ácido sobre los pilares de la democracia y en los que Trump encontró un aliado natural en su lucha por deslegitimar las instituciones.

Lo que se viene encima

De lo que no cabe duda es que tras haber superado su segundo impeachment, Trump está más fuerte que hace unas semanas. De los 211 congresistas republicanos, 197 se opusieron al proceso; en el Senado, solo seis de cincuenta lo apoyaron. Además, sus más de setenta y cuatro millones de votantes lo convierten en el segundo candidato más popular de la historia, solo por detrás de Joe Biden, y con casi cinco millones más que el tercero (Obama en 2008). El expresidente lo sabe y lo aprovecha. El aviso lo dio el pasado miércoles, con una carta abierta en la que calificaba de “líder de tercera” a Mitch McConnell, primer espada de la minoría republicana en el Senado, por criticar su responsabilidad en el asalto al Capitolio (aunque votó ‘no’ al impeachment) y advirtió que en las primarias solo apoyaría a los defensores del Make America Great Again (MAGA) y el America First.

No son bravuconerías: esa misma mañana, una encuesta de Politico/Morning Consult anunciaba que el 53% de los votantes republicanos apoyaría al expresidente en unas primarias (el segundo clasificado, el exvicepresidente Mike Pence solo lograba un 12%). Los que pensaban que Trump rompería el GOP y formaría un tercer partido (el Patriots Party) ya saben que los que sobran son ellos.

El peligro de los Sovereign Citizen, más allá de sus aspectos risibles, es que aportan a los camisas parda que apoyan a Trump un entramado pseudolegal presuntamente basado en la Constitución en el que justificar sus delirios. Un paso más en la desconexión de la realidad en la que lo del pucherazo electoral suena casi a razonable. Es el caldo de cultivo que necesita el empresario para expandir su populismo ultra. Como escribía esta misma semana el sicólogo Stuart Vyse en The Skeptical Inquirer: «cuando no hay un cimiento sólido en la verdad, cualquier hecho inconveniente puede ser explicado».