VALÈNCIA. El Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella ha pasado de cero a cien en un segundo. Y es que, las cámaras tendrían que haber empezado a multar el pasado 1 de diciembre a todos aquellos vehículos que circulasen sin permiso por la zona norte del barrio. Sin embargo, a fecha del 4 de enero, todavía no había llegado ni una sola propuesta de sanción al servicio sancionador del Ayuntamiento. Por lo que, en la práctica, el sistema no había entrado en pleno rendimiento a pesar de los insistentes anuncios. 

Pero la situación dio un vuelco sustancial el pasado 8 de enero, cuando el contador que hasta entonces había permanecido muerto comenzó a correr súbitamente: desde esa fecha hasta el día 16, la concejalía de Movilidad Sostenible elevó 4.800 propuestas de sanción. Las 4.800 primeras. Es decir, que en una sola semana se identificaron cerca de 5.000 accesos a Ciutat Vella sin el correspondiente permiso reservado para vecinos, dueños de plazas de garaje, comercios, y otro tipo de vehículos autorizados como carga y descarga o taxi. 

En este sentido, el concejal al frente del área, Giuseppe Grezzi, reconoció este miércoles en la Cadena SER que el retraso a la hora de iniciar las sanciones se debe, precisamente, a que se ha priorizado la tramitación de las solicitudes de permiso por encima de la gestión de las primeras multas. Y es que, después de todo, el reguero de peticiones ha ido en aumento conforme se acercaba la fecha de sanción: antes de la campaña informativa, tan solo había contabilizados 3.800 vehículos autorizados, a pesar de que el plazo para solicitar el pase se abrió en febrero de 2021.

Ya durante esta fase de explicación por parte de los agentes de la Policía local, que se alargó entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, la cifra creció exponencialmente hasta alcanzar los alrededor de 14.000 permisos. Sin embargo, todavía ha habido que esperar a que la norma entre en supuesto funcionamiento para que el registro reciba su impulso definitivo, con 25.000 matrículas que han recibido la autorización para circular por el área de Ciutat Vella Nord. Es decir, que más de 11.000 registros se han producido cuando ya estaba en marcha teóricamente el sistema de vigilancia. 

En esta línea, Grezzi matizaba que la prioridad ha sido en todo momento la de normalizar los permisos, antes de empezar a multar: "La medida no tiene afán recaudatorio, sino cubrir las peticiones vecinales", aludía a este respecto. Así con todo, no se puede decir que la medida haya estado exenta de accidentes a lo largo de toda su tramitación: inicialmente se había previsto que las cinco cámaras empezasen a funcionar en el mes de abril, pero por circunstancias técnicas el plazo comenzó a acumular meses y meses de retraso. 

Finalmente, en octubre se inició la fase informativa, aunque no fue hasta el 5 de noviembre que se enviaron las cartas a los vecinos como recordatorio. Y el 1 de diciembre entró en vigor con todas sus consecuencias la medida, aunque ha habido que esperar más de un mes a las primeras multas, que pueden ascender hasta los 60 euros por infracción.

Miedo a la falta de suministros

Aunque, sea como sea, lo cierto es que el reguero de peticiones durante el primer mes de funcionamiento de la APR ha permitido cumplir con una de las principales reivindicaciones de los vecinos y comerciantes del entorno: que no se multase durante el periodo festivo. Así, ha habido que esperar hasta el final de las Navidades para que lleguen las primeras sanciones. Sin embargo, lo cierto es que los afectados por la medida van mucho más allá, y piden que las cámaras no entren en pleno rendimiento hasta que las obras que se suceden en los alrededores del barrio se den por concluidas. 

Este es el caso, por ejemplo, de la Plaza de la Reina o el entorno del Mercado Central. Y es que, consideran que la medida ya tiene suficiente impacto por sí misma como para añadirla a las dificultades de acceso y de aparcamiento que suponen estas intervenciones. Por eso, los comerciantes no se muestran totalmente en contra de la reducción del tráfico pero sí que defienden que se debería hacer de manera ordenada y "sensata" para que el periodo de adaptación de los usuarios no sea tan extremo.