Foto: SINDICATURA DE COMPTESVALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes advierte de "un relevante incumplimiento" de las entidades locales en cuanto a las obligaciones de plazos derivadas de la ejecución del ciclo presupuestario: el 77% no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal en 2021, siendo relevante también la vulneración de los plazos de aprobación de la liquidación del presupuesto (25%) y de la cuenta general (24%).
Así, se desprende del informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales del ejercicio 2021 realizado por la Sindicatura de Comptes, que proporciona "una visión global" del sector público local de la Comunitat Valenciana, según la cuenta general de dicho año. En concreto, sobre su composición, cumplimiento del ciclo presupuestario, calidad de las cuentas rendidas, agregados y evolución de las magnitudes presupuestarias y financiero-patrimoniales.
No obstante, destaca que el 78% de las entidades locales rindió la cuenta general del ejercicio 2021 dentro del plazo legal, porcentaje similar al de la cuenta general del ejercicio 2020, que se situó en el 79%. Hasta la fecha de agregación de las cuentas --31 de diciembre de 2022-- este número ascendió al 97% del total, el mismo porcentaje que en la rendición del ejercicio 2020.
Sin embargo, hay 12 entidades locales que no la han presentado. En concreto, a 31 de diciembre de 2022, 17 entidades locales no habían presentado la cuenta general de 2021, seis de ellas correspondían a municipios, aunque, hasta el 31 de marzo de 2023 la presentaron otras cinco entidades. La Síndicatura recuerda que la falta de presentación de las cuentas es un incumplimiento "muy grave de una obligación esencial de quien gestiona fondos públicos".
Por ello, destaca que esta institución ha mantenido una actitud "proactiva" en orden a la obtención de las cuentas, efectuando los recordatorios y requerimientos habituales. Así, señala que el número de entidades que no cumplen la obligación de remitir las cuentas se mantiene "en niveles bajos, aunque debe aspirarse a que se reduzcan a cero". A ello puede contribuir, tal como menciona el Informe, la imposibilidad de percibir subvenciones de la Generalitat en el caso de no estar al día en la rendición de cuentas a la Sindicatura.
Asimismo, en la revisión de las cuentas se ha verificado que las incidencias presupuestarias más frecuentes son la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un resultado presupuestario ajustado negativo y la falta de estimación del importe de dudoso cobro en la determinación del remanente de tesorería.
La Sindicatura compara los datos agregados de las instituciones que han rendido cuentas en los últimos dos años, reflejando de ese modo una información homogénea. El resultado presupuestario agregado del ejercicio 2021 fue positivo en todos los tipos de entidad, al igual que ocurrió en el periodo 2018-2020. En conjunto, el resultado presupuestario ajustado ha experimentado una mejora del 2,3% respecto a 2020.
Por su parte, la variación del remanente en términos globales ha obtenido un incremento del 10,9%, siguiendo la tendencia positiva de los últimos años y el 63,3% de las entidades analizadas ha mejorado el remanente de tesorería en 2021.
Otra magnitud que refleja la mejora del sector local de la Comunitat Valenciana es la reducción del endeudamiento, suma de las deudas a corto y a largo plazo, al disminuir en 2021 la dependencia de esta fuente de financiación para el conjunto de entidades locales en un 5,7%.
Así, la evolución de la cuenta 413, 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', en términos homogéneos, evidencia que estas operaciones han disminuido en 2021 un 3,8% para el conjunto de entidades locales. No obstante, matiza que la variación ha sido distinta por tipo de entidad, destacando por su importancia cuantitativa el decremento en los municipios y provincias y el incremento producido en los consorcios.
Del mismo modo, destacan las medidas extraordinarias de financiación aprobadas en los últimos ejercicios para la reducción de este tipo de gastos, al obligar a las entidades locales a destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Por último, el Informe reitera las recomendaciones de ejercicios anteriores, señalando la necesidad del cumplimiento del ciclo presupuestario, la potenciación del control interno y la adopción de las medidas necesarias para subsanar las anomalías que se ponen de manifiesto.
Del mismo modo, insta a revisarse la estructura del sector público local empresarial de modo que la creación y actuación de estas entidades responda, de manera efectiva, a razones de mejora de la gestión pública, eficiencia y sostenibilidad financiera. Asimismo, se incide en la existencia de unos controles eficaces de ciberseguridad como un elemento esencial para la prestación de servicios públicos en una Administración tecnológicamente avanzada.
