VALÈNCIA. Este jueves se cumplirá un año de la suspensión de las Fallas y el próximo domingo de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno debido a la irrupción de la covid-19. A raíz de ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) hace balance y cifra en más de 180 millones de euros las pérdidas que han acumulado los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana durante este primer año de la pandemia. El cierre o las restricciones reincidentes del canal Horeca –principalmente establecimientos de la restauración y el turismo–, la cancelación de los mercados ambulantes de proximidad, la ralentización de las exportaciones y los sobrecostes en prevención o carga burocrática han supuesto un mazazo para la mayoría de los cultivos y ganaderías valencianas, señala la organización agraria.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, subraya que “la pandemia recordó a la sociedad el papel esencial que cumple la agricultura a la hora de suministrar alimentos en suficiente cantidad y máxima calidad, pero la clase política no ha estado a la altura y su falso reconocimiento ni se ha traducido en precios justos ni en medidas de apoyo que alivien las pérdidas sufridas. De hecho, las ayudas destinadas por las distintas administraciones han sido claramente insuficientes e, incluso en casos como los ganaderos de bous al carrer, discriminatorias por sectarismo ideológico”.
Las producciones agrícolas más perjudicadas han sido el vino, las frutas de hueso, el caqui, el aceite, la almendra, la cebolla, la patata y algunas hortalizas. Desde la organización agraria destacan la crisis sin precedentes del sector vitivinícola, donde las cotizaciones en origen se han hundido un 30% y hay productores que no han percibido ningún ingreso por la venta de sus uvas en estos doce meses. Por ello, AVA-Asaja reclama la puesta en marcha de medidas extraordinarias tanto para revitalizar el mercado del vino –destilación de crisis y vendimia en verde fundamentalmente– como para garantizar la supervivencia financiera de las explotaciones a corto y medio plazo.
El sector de flores y plantas ornamentales se vio tremendamente golpeado por la pandemia justo en los meses primaverales que concentran el 75% de la facturación anual, recuerda asimismo. Algunos viveros destruyeron toneladas de flores y plantas ante la imposibilidad legal de venderlas en la gran distribución pese a las demandas lanzadas desde AVA-Asaja y la entidad asociada Asfplant.
En cuanto a la ganadería, los cierres continuados de la restauración han disminuido de manera drástica la demanda de carne y leche de los sectores ovino, caprino y vacuno, lo que ha presionado los precios a la baja. La supresión de los festejos de bous al carrer y la negativa del Consell a destinar ayudas a estos ganaderos ha forzado al sacrificio de más de 3.000 reses bravas. Los apicultores también han padecido una rentabilidad ruinosa a causa de los bajos precios en el mercado internacional y de la mortandad de abejas.
Aguado lamenta que “tanto el Gobierno como la Generalitat Valenciana no hayan estado al lado del sector agrario sino, al contrario, hayan eludido sus responsabilidades a la hora de favorecer la puesta en marcha de medidas adicionales para la prevención y control de la covid-19 en las diferentes campañas agrícolas y hayan decidido cargar con sobrecostes económicos y más burocracia a los productores. La agricultura valenciana ha mantenido un comportamiento ejemplar para evitar contagios, ha colaborado de manera voluntaria con las labores de desinfección de las calles, ha llevado a cabo iniciativas solidarias con los más necesitados y, sobre todo, ha logrado que a pesar de los pesares no faltasen alimentos en la despensa de los ciudadanos. Eso merece un aplauso, pero los aplausos sirven de poco cuando está en juego la pervivencia de nuestras explotaciones. Además del aplauso, serían preferibles precios justos y ahí la clase política está fallando”.