Amorós y López Abad, en el juicio de la pieza principal de la CAM, en 2017. Foto: EFEALICANTE (EFE). La asociación de consumidores Adicae ha recurrido por razones de "interés general" el archivo de la pieza separada que investigaba a los ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por presuntas irregularidades en la venta de preferentes. En su escrito al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe, la agrupación que preside Manuel Pardos asegura que el sobreseimiento "impide el enjuiciamiento y la aplicación de unas penas a unas conductas que son presuntamente delictivas" y que afectan colectivamente al mercado y los consumidores.
El pasado 4 de julio la Audiencia Nacional suspendió sine die el juicio, en el que la Fiscalía no ejercía cargos contra ninguno de los directivos, después de que las acusaciones particulares se retiraran, dejando a Adicae como única personada. El Ministerio Público solicitó entonces la aplicación de la llamada 'doctrina Botín', adoptada por el Supremo en 2007 y que conllevó el cierre del caso por las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
Archivan la causa de las preferentes de la CAM al retirarse las acusaciones particulares
Para la asociación, la retirada de dichas acusaciones no se puede traducir en "una petición de sobreseimiento sino que realmente lo que ocurre es que decae el interés resarcitorio de ciertos perjudicados personados", hecho que "no deslegitima al resto". De este modo, entienden legítima su presencia "por ser la única que vela por los intereses de ese colectivo social", y remite a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que ampara la existencia de acusaciones populares en supuestos delitos "que afectan a los intereses colectivos más allá de los puramente individuales".
En una nota de prensa, Adicae señala que "aunque se haya resarcido a un gran parte de los afectados, no se ha acreditado la ausencia de daños y perjuicios a los pequeños ahorradores y a la economía y la sociedad en su conjunto". Al respecto cree que "una estafa de tal magnitud no debe quedar impune", y afea que "la actuación judicial ha impedido hasta el momento" un reproche penal a los máximos dirigentes de las antiguas cajas de ahorros.
Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal también se mostraron a favor del archivo los abogados defensores de López Abad, Amorós, el Banco Sabadell -que figuraba como responsable civil subsidiario en calidad de heredero de la CAM-, y la aseguradora Caser. Entre los argumentos, la fiscal Ana Cuenca alegaba que al quedar únicamente Adicae y puesto que los afectados por la venta de preferentes había recuperado su inversión, "no hay perjudicados", por lo que la acusación popular "no está legitimada", y habría de aplicarse la doctrina Botín.
El pasado octubre, la Audiencia Nacional condenó a López Abad y Amorós, junto a otros dos antiguos altos cargos de la extinta entidad, a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la CAM en momentos de grave crisis. Además se espera que este mes la sección décima de la Audiencia de Alicante haga pública la sentencia por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la caja Modesto Crespo, causa por la que se sentó en el banquillo López Abad, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel como "ideólogo" del fraude
Los exdirectivos de la Caja del Mediterráneo y de Bancaja afirman que no era necesaria la intermediación de Olivas en la operación de la venta de la sociedad de los parques eólicos
