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ciudadana / OPINIÓN

A favor de la democracia

5/07/2020 - 

La crisis sanitaria mundial del coronavirus ha necesitado que los gobiernos adoptaran extremadas medidas para luchar contra la pandemia y proteger la vida de los ciudadanos.

Se advierte que en casi todos los países estas medidas han derivado en la limitación de derechos aunque en algunos países, más que en otros. No sólo se ha reducido el derecho o libertad de movimiento sino también otros como el derecho de culto, manifestación, limitación al derecho de acceso a la información pública (transparencia). He hablado en alguna columna sobre ello. Pero esta preocupación personal que les he ido trasladando es común a  ciudadanos de muchos países.

La semana pasada, el Instituto Internacional para la democracia y asistencia electoral (IDEA) hacía un llamamiento público para la defensa de la democracia. IDEA es una prestigiosa organización intergubernamental, con sede en Estocolmo, aglutina a países de todo el mundo, fue fundada en 1995 y actúa como observadora de la ONU. Tiene como objetivos principales promover y fomentar la democracia, incrementar el conocimiento sobre procesos electorales democráticos y promover la transparencia y rendición de cuentas.

Más de cuatrocientas cincuenta personas pertenecientes a 118 países, entre ellas, trece premios Nobel, 58 ex- Jefes de Estado o de gobierno, representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, respondieron a la llamada de IDEA Internacional para suscribir una carta abierta global en defensa del sistema democrático.

La crisis actual no sólo es sanitaria, también es económica y política. Los firmantes del manifiesto exponen que tras las medidas ejercidas por los gobiernos  para luchar contra la pandemia existe una peligrosa amenaza a las democracias del mundo y que allí donde hay modelos autoritarios, se está implementando prácticas que los refuerzan. Los regímenes autoritarios están utilizando las crisis para silenciar a los críticos y reforzar su control político. Pero también gobiernos elegidos democráticamente están luchando contra la pandemia acumulando poderes “de emergencia” que restringen los Derechos Humanos y refuerzan la vigilancia estatal sin tener en cuenta las restricciones legales o la supervisión parlamentaria.

Siguiendo los datos de IDEA y comparando determinadas variables o atributos entre los años 2000 y 2018 se aprecia que estamos descendiendo en calidad democrática.

No hay datos posteriores al 2018, pero en su momento, cuando se publiquen, se podrá comprobar como seguirá bajando la puntuación que mide esas variables democráticas.

Amnistia Internacional también ha denunciado que el estado de alarma en nuestro país ha confirmado la “arbitrariedad” de las fuerzas de seguridad. En un informe donde analiza distintos supuestos de ejercicio arbitrario de las fuerzas de seguridad hace un llamamiento a una reforma de la famosa “ley mordaza” y confirma que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han ejercido una función coercitiva y punitiva excesiva, más que una función disuasoria u orientativa. Yo también escribí sobre un ejercicio arbitrario de los poderes públicos en pleno confinamiento en The Conversation.

En España, últimamente asistimos a determinados tics preocupantes, se ha cerrado los parlamentos, hemos visto interferencias en la policía judicial, ceses en el cuerpo de la Guardia Civil, maniobras raras del Gobierno en la dirección ejecutiva de poderosos medios de comunicación (El País, y Cadena Ser), guerra interna con dimisiones y ceses de los directores territoriales de RTVE, conexiones poco neutras de la Fiscalía con la abogada de algún vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias)…

Como ciudadana exigente suelo ser crítica con los poderes públicos, gobierne quien gobierne. Hay que llevar cuidado y estar en posición “vigilante” porque la crisis de salud pública puede ser una excusa perfecta para debilitar la democracia.

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