CASTELLÓ. La Conselleria de Agricultura ha regulado, por fin, la lucha contra el cotonet de Sudáfrica. Lo ha hecho doce años después de que fuese detectada la plaga en les Valls (concretamente en 2009 en Benifairó de la Valldigna) y casi uno desde que el Ministerio lanzase su plan de acción contra ella... una iniciativa que se ha demostrado inútil, tal y como viene denunciando el campo.
De hecho, la resolución del departamento que dirige Mireia Mollà "por la cual se declara la existencia de la plaga Delottococus aberiae en el territorio de la Comunitat Valenciana" tiene además el objetivo de definir "medidas fitosanitarias para su control y evitar su propagación". La norma huele a rancio ya en su denominación y los agricultores ya la han criticado abiertamente.
Lo hacen, por ejemplo, desde las asociaciones de Vila-real y Nules, que tienen en el cotonet un auténtico caballo de batalla debido a la afección en sus huertos. Ambas asociaciones critican que la resolución "parece que se olvida de la responsabilidad de la Administración y de sus obligaciones". Y es que, aunque califica de utilidad pública la lucha contra la plaga, la mayoría de las medidas dejan al sector -agricultores, empresas comercializadoras y viveros- la responsabilidad de la lucha contra la plaga, mientras no establece ninguna línea de ayudas desde la Administración.
En este sentido, desde las asociaciones locales de Nules y Vila-real censuran que no se citen "compensaciones económicas", una posibilidad que abre la resolución al ser calificada la plaga de utilidad pública, pero que no concreta. Especialmente relevante sería esta medida en el caso de los campos que deban ser tratados con el insecticida prohibido por la Unión Europea (metil clorpirifos) debido a la extensión de la plaga y cuya fruta deberá ser destruida.
Sobre posibles ayudas, desde La Unió de Llauradors se muestran esperanzados en que la Conselleria apruebe una línea de subvenciones el próximo mes de septiembre y destacan que este departamento sí está trabajando en el tema a través de diferentes inversiones y la compra de insectos parasitoides, mientras el Ministerio "se va de rositas". Eso sí, la organización agraria censura que, una vez más, la mayor parte del trabajo recae sobre el sector: "Ahora tenemos más obligaciones y no sabemos, ni están concretadas, las ayudas para implementar el plan de acción".
Así, mientras la Administración autonómica seguirá realizando sueltas de parasitoides, trampeos con feromonas y, si el Ministerio lo autoriza, la lucha de "emergencia" con clorpirifos en campos "con una grave incidencia de la plaga"; los agricultores deberán proceder a desinfestar la maquinaria, herramientas y ropa utilizada para trabajar en los campos, así como los cajones y otros útiles de campo.
De igual forma se deberá proceder en los centros de confección de la fruta con los envases y embalajes, a cuyos trabajadores se les pide "ser capaces de identificar la plaga". También a los empleados de los viveros se les exige lo mismo, y estos recintos deberán tener trampas sexuales y realizar prospecciones en su material vegetal en busca del cotonet. Todo ello irá acompañado de las lógicas inversiones.
Asimismo, a través de la resolución se crea un comité científico-técnico para el seguimiento de la plaga. Entre sus ocho miembros no hay ningún representante del campo ni de las empresas comercializadoras: cinco son técnicos de la Administración autonómica, uno del IVIA y dos de la Universitat Politècnica de València.
En todo caso, las medidas para luchar contra la plaga parecen, a todas luces, totalmente insuficientes, máxime si no llegan acompañadas de una dotación presupuestaria a nivel estatal. No en vano, la resolución de la Conselleria reconoce que el Delottococcus aberiae ya ha sido detectado en 80 términos municipales de la Comunitat (son 30 de Castellón, 45 de Valencia y 5 de Alicante) y a buen seguro este número irá en aumento. Asimismo, la plaga ya ha sido detectada en Cataluña y Murcia, por lo que el problema trasciende las fronteras valencianas.