ALTEA. La decisión del Consell de multiplicar hasta por siete, en el caso de Altea, el canon anual que los clubes náuticos valencianos deben abonar a la administración valenciana por gestionar las instalaciones náuticas, significa “de facto” una "sentencia para estas entidades, obligadas a subir las cuotas a su masa social, multiplicar las tarifas y reducir al límite la actividad deportiva. Ello se traducirá, de forma inmediata, en una merma de su competitividad, cuando no en su definitiva desaparición", así lo explica el Club Náutico de Altea en un comunicado.
A ello se suma que las autoridades dan este paso "sin iniciar el preceptivo y lógico proceso de adjudicación de concesiones previsto en la Ley para clubes náuticos deportivos sin ánimo de lucro". Desde la entidad entienden que pretenden otorgar una autorización administrativa temporal y precaria, con un nuevo y "desproporcionado" canon, como si de una instalación portuaria nueva se tratara.
Para José Román Zurutuza, presidente del Club Náutico de Altea, ese canon resultante de aplicar el 5% del valor de las instalaciones, según marca la Ley de Puertos Valenciana de 2014, sería “ilegal” en tanto en cuanto “esa valoración con la que trabaja el Consell la establece una tasación encargada a una empresa privada con anterioridad a la Ley”. “Para más inri”, denuncia Zurutuza, “oficialmente nunca hemos sido informados de esas tasaciones, que, insisto, para nosotros son ilegales, y cabe denunciar que los cálculos efectuados en la tasación del Club Náutico de Altea no se ajustan a los criterios de valoración por comparación con instalaciones deportivas, tal y como prevé la Ley”.
Con respecto al argumentario que la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas sobre el conflicto que enfrenta a los clubes náuticos valencianos con el Consell, Zurutuza matiza que el Club Náutico de Altea no pertenece a la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat valenciana, “y así lo comunicamos formalmente a la Conselleria en fecha 10 de enero de 2013”.
Por tanto, aseguran que la administración es perfectamente conocedora de que este Club no pactó nada en cuanto a la Ley de Puertos. Desde que se inició el trámite del anteproyecto de dicha Ley de Puertos, el Club Náutico de Altea "intentó trasladar sus alegaciones y mejoras a la Conselleria, siendo rechazado en fecha 4 de junio de 2014 con la lacónica excusa de que no podíamos ser partícipes del proceso. Toda una auténtica burla", dicen desde la entidad de Altea.
Como consecuencia, han presentado decenas de recursos, alegaciones, preguntas y recordatorios planteados ante la administración autonómica como entidad afectada e interesada, tanto por esta cuestión como interesándose por la renovación de la licencia para gestionar las instalaciones portuarias. Así, el Club Náutico de Altea considera el pacto como “letal” para la promoción deportiva, ya que el texto no recoge la singularidad propia de los clubes náuticos como entidades con un claro cometido social, deportivo y de fomento del turismo y de la economía local.
Entre otros motivos, afirman que no existe ni una sola mención que permita diferenciar el régimen jurídico aplicable a tales entidades sin finalidad lucrativa, de la aplicable a las personas jurídicas que se dedican a la explotación económica, sin más, de instalaciones portuarias. "Esta Ley supone una clara ruptura con los actos y los compromisos asumidos públicamente por parte de los poderes públicos valencianos en cuanto a la importancia del turismo náutico, la promoción y difusión del deporte y, por extensión, del asociacionismo deportivo, que en el ámbito náutico está representado por los Clubes Náuticos", afirman.
“Nunca estuvimos de acuerdo con los términos de la Ley de Puertos, y nunca nos dejaron participar en su trámite”, puntualiza José Román Zurutuza, quien cree que desde la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas "se confunde a la sociedad".
La explicación que ofrece la Conselleria con respecto al canon que pretende imponer al Club Náutico de Altea no les convence. Les señalaron que no se multiplica por siete la cantidad a abonar anualmente, sino “por casi seis veces más”.
“Esta cuestión es ya de clase particular de matemáticas. Ahora pagamos 50.804 euros anuales (IVA del 21% incluido), como bien dice el Consell, que pretenden pasar a cobrarnos 289.642 euros. Con esas cantidades tendrían razón, pero se les olvida en la última cifra añadir el impuesto, con lo que están tergiversando la realidad una vez más", manifiestan duramente en el comunicado.
A continuación, dicen que "una simple operación dará como resultado definitivo un canon final de 350.467,39 euros (IVA del 21% incluido). Por tanto, la proporción entre 41.651,43 euros y 289.642,47 euros (sin IVA) significa un incremento de 6,95 veces. Y si lo hacemos incluyendo IVA, el resultado es el mismo”, concluyeron.