Los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una imagen de archivo.ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción despliega su hoja de ruta para garantizar condenas en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), una de las piezas principales entre las 20 en las que se desgajó el llamado caso Brugal. El proceso arrancó con el pacto de conformidad alcanzado con el constructor ilicitano Ramón Salvador, el pasado mes de febrero, pero ha sido ahora, con el segundo acuerdo aceptado por el promotor Enrique Ortiz, cuando ha cobrado toda su intensidad.
La confesión de los dos empresarios, en las que reconocen los hechos reflejados en el escrito de acusación de la Fiscalía, deja más que dañada la línea de defensa de dos de los presuntos cabecillas de la trama: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. ¿En qué sentido les perjudica? La consecuencia de las conformidades de Salvador y Ortiz es simple: si dos presuntos corruptores admiten que pagaron o entregaron dádivas a cambio de conseguir un supuesto trato de favor en el diseño urbanístico de la ciudad, los políticos supuestamente corrompidos difícilmente podrán negarlo ante el tribunal en el momento del juicio.
Lo cierto es que con esa estrategia, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero ya han conseguido dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, que cuatro de los encausados validen y certifiquen las conclusiones del proceso de investigación. Cuatro, y no dos, ya que el último pacto de conformidad, firmado el pasado día 9 de abril, también incluye a dos de los empleados de las empresas del constructor: Virgilio Ortiz (su hermano) y Santiago Bernáldez.
El segundo objetivo no es menos trascendente: haber estrechado el cerco sobre los dos expolíticos. Alperi y Castedo quedan más arrinconados que nunca hasta el punto de que también puedan verse forzados a negociar sus propias conformidades para eludir un juicio con una sentencia imprevisible. De hecho, fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que ese es el camino que se pretende seguir en lo sucesivo.
Al margen de Alperi y Castedo, el proceso también se dirige contra otro exempleado de las empresas de Ortiz, Pablo Rico, y contra los letrados del bufete Salvetti Abogados, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez, quienes -según el sumario- tramitaron las alegaciones para que el PGOU incluyese las modificaciones requeridas. La intención de la Fiscalía es tantear a sus respectivas defensas en las próximas semanas para tratar de concertar más conformidades antes de que el proceso llegue a juicio. La vista arranca el 30 de junio.
Hasta el momento, Anticorrupción ha tenido que rebajar sustancialmente sus pretensiones iniciales de condena tras admitir la atenuante de dilaciones indebidas no imputables a los acusados. En el caso de Ortiz, la pena finalmente concertada supone una reducción de seis años respecto a la solicitud que la Fiscalía había planteado en su escrito de acusación inicial. Con todo, el acuerdo garantiza el pago de una multa millonaria, de casi 1,6 millones, con la que se considera resarcido el perjuicio ocasionado al interés público (los costes de tramitación del PGOU).
Ortiz, por su parte, elude el riesgo de ingreso en prisión al que quedaba expuesto en función de cómo se desarrollase el juicio. Todo pese a acumular ya una primera sentencia condenatoria en la causa sobre la financiación ilegal del PPCV juzgada en la Audiencia Nacional en 2018, en una de las ramas separadas del caso Gürtel. Entonces, el empresario también alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que confesó haber aportado fondos para sufragar los gastos de campaña del partido de manera irregular entre 2007 y 2008. En ese caso, Ortiz asumió una pena de un año y tres meses de prisión como autor de un delito electoral y otro de falsedad documental. Sin embargo, su cumplimiento -como en el caso del resto de los empresarios procesados en la causa- se transformó en el pago de multa. Entonces, por un importe de 109.500 euros.
