VALÈNCIA. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada este lunes por la fiscal general del Estado María José Segarra, apunta, en la parte dedicada a la Fiscalía Anticorrupción, que el fiscal del caso Taula, Pablo Ponce, da por terminada la instrucción de la pieza B del caso, la conocida como pieza de los ‘zombies’.
Según explica el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su parte de la memoria, “la Pieza B se ocupa de la presunta contratación con fondos públicos por parte de la empresa Imelsa (actual Divalterra), sociedad pública cien por cien dependiente de la Diputación Provincial de Valencia. Dicha pieza se encuentra terminada, no se ha solicitado ninguna prorroga y falta tan sólo que se dicte el auto de procedimiento abreviado (procesamiento)”.
Tal como ha ido informando Valencia Plaza desde el 26 de enero de 2015, día que se produjeron las primeras detenciones del caso, en esta parte del sumario se investiga a varios trabajadores que cobraban del erario pero que no iban a trabajar, de ahí el apodo de ‘zombies’.
De este tipo de contratación hay dos piezas, ya que existe otra relativa a la empresa Ciegsa que se encuentra en la misma fase de instrucción que la de Imelsa, es decir, a falta del auto del juez que ponga fin a esta primera fase. Al no haberse solicitado prórroga por parte del fiscal, el juez está obligado a archivar o procesar a los investigados. Al haber dos piezas muy parecidas, el magistrado puede optar por realizar un auto de procesamiento en el que se incluya a todos los acusados o, por el contrario, mantener divididas por empresas las acusaciones.
Entre los investigados dentro de las piezas de los ‘zombies’ se encuentran, además de las personas que supuestamente cobraban sin ir a trabajar, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent o el empresario, José Adolfo Vedri.
En el caso de Ciegsa, en uno de los autos emitidos por el juzgado, el magistrado instructor explicaba que existen “indicios de que, desde las facultades que les ofrecía su respectiva posición, habría ordenado el primero (Rus) y llevado a cabo el segundo (Caturla) la contratación de personas con cargo al presupuesto de la empresa pública sin observancia de requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos para la empresa". El juez consideraba que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Por su parte, en Imelsa, el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, fue el gerente de Imelsa y durante su declaración ante el magistrado, no le tembló el pulso a la hora de declarar que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de los asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí". Benavent aseguró ante la UCO que "jamás se respetaron los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad".
El juez les acusa hasta ahora de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además de los presuntos trabajadores zombies, en esta parte de la causa también están siendo investigados Alfonso Rus, Marcos Benavent, la jefa de recursos humanos de Imelsa, el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, el exdirector financiero de la sociedad, y el empresario José Aldolfo Vedri.