Los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Felipe Briones, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La denuncia presentada por dos activistas vecinales de la ciudad de Alicante sobre los cargos públicos de la provincia que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 ya tiene las primeras consecuencias. El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ordenó este lunes la apertura de diligencias preliminares para determinar si alguno de esos alcaldes y concejales pudo incurrir en algún supuesto delictivo y dejó la tarea en manos del fiscal Pablo Romero, uno de los titulares de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante.
Fuentes de la Fiscalía consultadas indicaron que su tarea consistirá ahora en elaborar un primer informe jurídico sobre las circunstancias en las que se produjo la administración de esa primera dosis para cada uno de los políticos señalados en esa denuncia vecinal. En ese escrito, se señala, en concreto, los casos que afectan al alcalde de de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP); del alcalde de El Verger, Ximo Coll (PSOE) y de la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSOE), así como del concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano (PP); del comisionado del área de Salud de Torrevieja y concejal de Benejúzar, José Antonio García (PSOE), y de la ya exedil de Sanidad y Bienestar Social de Dénia, Cristina Morera (PSOE), quien presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal la semana pasada.
El objetivo de ese primer análisis será determinar si esos seis cargos públicos pudieron prevalerse de sus respectivas posiciones para recibir la vacuna contraviniendo el orden de colectivos prioritarios preestablecido en el protocolo de inoculación. Según las mismas fuentes, para ello bastará con cotejar cada una de sus situaciones particulares con el protocolo acordado por el grupo de expertos designado por el Gobierno central y las comunidades autónomas a la hora de definir la estrategia española de vacunación contra la covid-19.
Romero debe elaborar un informe jurídico sobre las circunstancias en las que cada político recibió la dosis para determinar si pudo producirse una conducta ilícita
En ese documento, actualizado hasta ahora por última vez el 21 de enero, concreta que los primeros colectivos en recibir la vacuna deberían ser: en primer lugar, "residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes". En segundo término, "personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario". Después, "otro personal sanitario y sociosanitario" y, en cuarto turno, "personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas".
Con esa comparación, se podrá concretar si se vulneró ese procedimiento y si existe base suficiente para considerar que alguno de los alcaldes o concejales señalados en la denuncia pudo mantener un comportamiento ilícito al recibir la vacuna. En ese supuesto, se deberá precisar cuál sería el tipo delictivo en el que su conducta podría tener encaje. A priori, según las fuentes consultadas, de existir delito, podría encuadrarse en los supuestos de prevaricación o tráfico de influencias.
Por lo pronto, al menos en el caso del alcalde de La Nucía, sí concurriría una de las condiciones previstas en ese protocolo de vacunación: Cano es médico con plaza en la Agencia Valenciana de la Salud. No obstante, en la actualidad se encontraría en situación de excedencia por lo que, en estos momentos, no sería un profesional expuesto a un posible riesgo de contagio en el ejercicio de su profesión.
