ALICANTE. En el concurso de acreedores de la promotora alcoyana Luxender, que impulsaba la polémica urbanización Serelles a los pies del paraje natural de la Sierra de Mariola, nada era lo que parecía. Ni siquiera, según sospecha el juez, la insolvencia que llevó a la mercantil a declararse en concurso. El titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante ha deducido testimonio contra tres ex administradores concursales y un perito que contrataron estos, así como contra tres mercantiles (incluida la propia Luxender), porque sospecha que urdieron una trama para vaciar la promotora, terminar la urbanización sin pagarla (y pasarla a otra empresa del grupo), y desviar 24 millones de euros sin pagar a Hacienda.
La controversia ha rodeado el proyecto desde sus inicios, en realidad. Primero, porque comenzó a construirse en los límites de un paraje natural de gran valor, gracias a la autorización del entonces gobierno municipal del PP. Después, porque la promotora se declaró en concurso en 2008 dejando las obras en el aire con varios afectados. Y más tarde, porque el propietario y presidente de la promotora, Antonio García, denunció a la administración concursal en 2014 por cobrar cheques a nombre de la empresa y vender fincas a escondidas. Como consecuencia, el juez apartó a dos de los tres administradores, Abraham García y José Luis Ramos Fortea, y mantuvo a Desiderio Soler. Los administradores apartados fueron inhabilitados luego durante doce meses.
Pero esa denuncia, en realidad, es la que ha servido al juez para tirar el hilo hasta dar con indicios de una presunta actuación concertada no solo de los ex administradores y el perito, sino también del propio dueño de la empresa concursada, para estafar a los acreedores, al fisco y a los compradores de viviendas. Una trama presuntamente urdida hace diez años, cuando la empresa se declaró en concurso, y que el juez admite en su escrito dirigido a la Fiscalía que le ha costado comprender. Porque las actuaciones de los administradores, estudiadas de forma individual, parecían "absurdas". No ha sido hasta que ha empezado a relacionarlas que ha descubierto, indiciariamente, "una operación de extraordinaria complejidad pero a su vez ciertamente ingeniosa", gracias a un "hábil manejo de la Ley Concursal".
Así lo asegura el magistrado en un escrito de siete páginas dirigido a la Fiscalía, en el que pide que el Ministerio Público investigue los indicios de falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa en grado de tentativa y delito contra la Hacienda pública en grado de tentativa. Si la operación no salió bien, a juicio del magistrado, es porque sus participantes se relajaron al creerlo conseguido. La denuncia del empresario contra los administradores terminó con dos de ellos apartados, y la nueva administración concursal empezó a detectar anomalías. En esencia, se inventaron un crédito contra la masa (con preferencia de cobro) de 24 millones de euros, de una constructora que en realidad pertenecía al mismo dueño, y que de haberse aceptado habría supuesto la liquidación de la promotora al superar el valor de todo su activo. El resto de acreedores se habría quedado sin cobrar, y el dinero habría terminado en otra empresa del mismo dueño.
Para ello, la administración concursal depuesta infló los costes de terminar la urbanización subcontratando a otra empresa, hasta triplicar el presupuesto inicial, y denunciaron desperfectos constructivos (aquí entra en juego el perito, que los validó) que luego se descubrió que no eran tales. El objetivo, no pagar a los pequeños proveedores que trabajaban en la obra para facilitar el cobro del crédito falso por parte de otra promotora. En la trama entraron en juego los tres administradores, el perito, Luxender, la mercantil Desarrollos Empresariales Alnofrey (propietaria de la anterior y dirigida por Antonio García), y Edificaciones Artemisa Granatensis, a la que se contrató para terminar las obras y que ha resultado estar vinculada también, presuntamente, al mismo García.
"Cumplidos ya diez años del concurso, lejos aún de su conclusión, y siendo ya evidentes los indicios de actuación fraudulenta", el juez de lo Mercantil número 2 ha puesto los hechos detectados en conocimiento de la Fiscalía, "para evitar prescripciones". Según relata en su escrito, la promotora se declara en concurso en 2008, aunque no es capaz de determinar si el ánimo fraudulento arranca antes o después, "o incluso si la misma es deliberadamente buscada por Luxender". El juez suspendió el procedimiento para no deteriorar el activo, "tal como se le sugirió", mientras se contrataba a una tercera empresa "en teoría ajena", Edificaciones Artemisa, con la que se pactan 10 millones por terminar el trabajo (que estaba valorado en 7). Luego los administradores concursales denuncian los desperfectos constructivos, validados por el perito, con unas fotos propias, pero cuando el juez va a comprobarlo ya se han arreglado. Con ello se consigue "justificar una superación de los límites cuantitativos del ya elevado contrato de terminación de las obras", y además "reconvenir y reclamar a los contratistas el pago de las obras de reparación".
Las sentencias de los distintos incidentes concursales (denuncias de los acreedores por incumplimientos) les dieron siempre la razón a estos últimos, según destaca el escrito. Cerca de cien. El juez destaca que esos sobrecostes, que en realidad no existieron (se incluyeron hasta "facturas de la tintorería" del empresario) permitieron fabricar ese crédito de 24 millones de euros, que luego los administradores situaron el primero en el orden de preferencia de cobro. "Incluso a la AEAT". Si se hubiera tratado de créditos concursales, al no ser impugnados, los presuntos estafadores se habrían salido con la suya. Pero los créditos contra la masa (que se generan después de declararse el concurso y deben pagarse inmediatamente) son "cosa viva". Tras apartar a los administradores, paradójicamente por la denuncia del empresario con quien el juez considera que debían estar cooperando necesariamente en la presunta estafa, el magistrado encargó al nuevo administrador que tasase el crédito. En realidad, no llegaba ni a 4 millones. Y tampoco tenía sentido cobrarlo todo de una vez, cuando eran trabajos prolongados en el tiempo. A no ser que se buscase precisamente dejar sin cobrar a los demás y apropiarse de todo el activo de la promotora.
Toda la operación requería de la colaboración "involuntaria" del resto de acreedores, que no impugnaron la clasificación del crédito. Pero "salvo la AEAT nadie parecía tener esperanzas de cobrar nada", según dice el juez. Incluso para Hacienda, una demanda de tanta cuantía para impugnar las facturas validadas por los tres administradores con unos "aparentes desperfectos tan grandes" era una empresa arriesgada. Otras dos actuaciones llaman la atención al juez: el intento de enajenar bienes a favor de Artemisa, y luego de aportarlos a una ampliación de capital de otra empresa del grupo. Las dos veces se denegaron, y las dos veces se intentaron firmar ante notario para esgrimir luego la fe pública como un hecho consumado.
De haber llegado a buen fin, dice el juez en su conclusión, "hubiera sucedido que todo el activo habría salido de la mercantil para ir a recalar a otras empresas de Antonio García". Un activo, por cierto, altamente revalorizado al ir terminando las obras terceros actores, que no hubieran visto ni un euro por su trabajo al pagarse el falso crédito. Y todo ello "sin pagar un solo euro de impuestos por todas las facturas", dado que el activo "no habría llegado para pagar el siguiente crédito contra la masa, el de la AEAT".
