CASTELLÓ. Los nuevos gestores de las áreas de servicio de la AP-7, que aún debe determinar un proceso derivado de la liberalización de la autopista, todavía deberán esperar un tiempo para comenzar a explotar sus negocios. Un recurso de BP Oil España, interpuesto el pasado 10 de noviembre y aceptado por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, ha paralizado el procedimiento, que este verano había determinado, de forma provisional, a sus adjudicatarios.
La compañía con sede en Castellón pero que gestiona su división de gasolineras desde Madrid considera que la Mesa de Contratación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha saltado la Ley de Carreteras y el propio pliego para adjudicar cuatro de las áreas de servicio a la italiana Eni, dos a Cepsa, otras dos a Galp y una a la propia BP.
En una posibilidad de la que ya advirtió este medio en su información del pasado verano, la compañía originaria del Reino Unido considera que el procedimiento no es válido al adjudicar a la misma empresa (Eni) dos áreas consecutivas en el trazado de la AP-7, las catalanas de l'Hospitalet y el Baix Ebre. Esta es una posibilidad que niegan el pliego y la ley, y para saltársela, la Mesa de Contratación recurre a una explicación sobre gasolineras cercanas fuera de la autopista.
El Estado solo ingresará 16 millones al año por las nueve áreas de servicio de la AP-7 liberalizada
Asimismo, y en el caso de que el órgano que depende del Ministerio de Hacienda no atienda su recurso para retrotraer la tramitación de los nueve lotes al momento previo a la adjudicación, BP solicita, expresamente, que se anule la concesión de la joya de la corona de las áreas de servicio de la AP-7, la de La Marina, cercana a Benidorm, a Cepsa. En concreto, la compañía demanda que se le adjudique este área "por ser la oferta más ventajosa y que cumple a la vez" con lo marcado por el pliego y la Ley de Carreteras en lo que a alternancia de prestadores de servicios en la carretera se refiere. Según las valoraciones, por encima de la oferta de BP solo quedó la de Cepsa, por lo que pide que esta no sea estimada.
Todo, después de que a finales de septiembre el Ministerio de Transportes ya hiciese oficial la adjudicación de las nueve áreas, en un procedimiento por el que ingresará 16 millones de euros anuales cuando el volumen de negocio que él mismo estima es superior a los 217, y eso sin contar el aumento de tráfico derivado de la eliminación de los peajes.
BP ha dado en los últimos años un impulso a su división de gasolineras, hasta el punto que se ha convertido en uno de los pilares para el crecimiento de la compañía en España.
