Iosé Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.ALICANTE. A Bankia todavía le queda alguna que otra digestión inmobiliaria complicada. Una de ellas, se encuentra en Santa Pola: un plan urbanístico, de nueva creación, que contemplaba el desarrollo de una zona más de 4.000 viviendas, tres campos de golf y centros comerciales. El plan en cuestión se encuentra ubicado en la zona de Balsares, frente a la urbanización de Gran Alacant, en la N-332 y muy cerca del aeropuerto Elche-Alicante. En su momento, el ayuntamiento santapolero calculó que la promotora, Actura, una antigua filial de Bancaja, debía reportarle 21 millones de euros en plusvalías generadas. El acuerdo se rubricó, con la obligación de aportarle 24 millones de euros: 21 millones por las plusvalías y 3 para una carretera. En su momento, Bancaja Habitat le anticipó cuatro millones a las arcas municipales, la cantidad que ahora reclama que se le devuelva porque el proyecto urbanístico no se ha desarrollado.
Bankia ha formalizado esa petición en una demanda contra el Ayuntamiento de Santa Pola. Y lo ha hecho después de que el pleno municipal se lo desestimara el pasado mes de noviembre. La entidad financiera basa su reclamación en dos causas: tanto la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, que incluía el PAI de Balsares, como la aprobación del propio PAI en sí. Ambas cuestiones se debían haber aprobado antes de tres años de la firma de convenio suscrito entre las dos partes, 13 de abril de 2005; es decir, que debía haberse aprobado antes de abril de 2008. Sin embargo, la aprobación definitiva del PGOU se produjo en diciembre de 2008 y la alternativa técnica del PAI, en diciembre de 2010. Es decir, a juicio de Bankia, el Ayuntamiento de Santa Pola ha incumplido y por tanto, le reclama la devolución de los cuatro millones que le adelantó con motivo de las plusvalías generadas. Es más, Bankia acusa al consistorio de "enriquecimiento injusto" al considerar que no se han consumado las plusvalías.
El Ayuntamiento de Santa Pola encargó un dictamen jurídico al letrado Natalio Noales, que viene a decir que ese convenio suscrito entre el consistorio y Bankia se modificó a posteriori, en diciembre de 2010, y, además, se hizo a petición del urbanizador; es decir, de Bankia, y, en ese cambio, se disminuyó la participación públicas de las plusvalías: que pasaron los 24 millones de euros (21 millones más tres adicionales para construir un vial) a 18,5 millones. Añade el informe jurídico que las dos partes dieron vigencia al convenio inicial con las modificaciones hechas a posteriori. Y, sobre todo, insiste Noales en que las plusvalías, a pesar de no haberse desarrollado el plan, sí que se han producido. "La prueba de que la actuación generó enormes plusvalías lo constituyen las enormes transmisiones operadas desde el 2002 por parte de los propietarios iniciales de las fincas", aduce el dictamen. Y los nuevos adquirientes, Bankia, "deben soportar el pago de las aportaciones contempladas en el acuerdo inicial".
Recuerda el consistorio, a través del dictamen, que Bankia no alegó nada cuando se renovó el convenio y además, continuó con la tramitación del plan urbanístico posterior, con la aprobación por parte del pleno municipal en diciembre de 2010. Y sobre el argumento de Bankia de que no se han iniciado las obras del plan, el ayuntamiento defiende que "la promotora no ha presentado ni proyecto de reparcelación ni ha realizado ningún tipo de actuación para cumplir sus obligaciones".
Pero la cosa no queda ahí. En su día, cuando Santa Pola debatió el asunto, no sólo acordó reclamar las cantidades adeudadas, si no que inició el proceso para retirar la condición de agente de urbanizador a Bankia del PAI de Balsares por incumplir sus obligaciones y, además, le reclama daños y perjuicios ocasionados al ayuntamiento y a los propietarios del suelo. Según el ayuntamiento, las cantidades adeudadas ascienden a 14,5 millones de euros: 3,5 millones por una carretera que se tenía que construir en la zona y 11 millones por las plusvalías generadas y no ingresadas en las arcas municipales. En total, 14,5 millones más los intereses.
Ahora, deberá ser un juez quién determine cuál de las dos partes tiene razón.
