Los presidentes de Coepa y Cepyme, Francisco Gómez y Cristóbal Navarro, en una entrevista. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La reactivación del embargo de las cuentas de la patronal alicantina, Coepa, por la reclamación de 1,9 millones de euros del Servef por unas ayudas mal justificadas, acerca peligrosamente a la confederación empresarial a la liquidación, tras salir del concurso de acreedores en diciembre. La vía ejecutiva, que tampoco servirá para recuperar la cantidad reclamada (Hacienda no puede embargar otra cosa que las cuentas, donde apenas hay unos miles de euros, puesto que a Coepa no le queda patrimonio), pondrá salvo sorpresa mayúscula el punto final a una historia de cuatro décadas en las que Coepa, mejor o peor, ha sido la depositante de la representatividad empresarial de la provincia.
En previsión de lo que podía suceder, como ha contado este diario, Coepa y Cepyme Alicante pusieron en marcha hace unos meses la creación de una nueva patronal, el Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante (Cepal), con la idea de que con el tiempo asumiese dicha representatividad. Todo indica que tendrá que ser antes de lo esperado. El problema es que en estos momentos está en trámites de registro y alta en Hacienda, hay que desarrollar los Estatutos, formar los órganos de gobierno y asociar a las federaciones y asociaciones sectoriales y empresas que ahora son socias de Coepa (y de Cepyme).
Lo que no parece que vaya a afectar a Cepal es la deuda de Coepa, que ni mucho menos va a quedar saldada con su liquidación. La representatividad se traspasará en la medida en que las asociaciones sectoriales y federaciones se den de baja en la primera para asociarse a la segunda. Pero ni los activos ni los pasivos de la patronal actual pasarán a su 'heredera'. Eso sí, en los círculos empresariales se da por hecho que los exempleados de Coepa, que (si se liquida la patronal) no van a ver ni un euro por el ERE en el que terminaron despedidos, denunciarán una sucesión de empresa, tal como sucedió también con los despedidos de Cierval respecto de la CEV. Y ahí tendrá que ser un juez el que decida.
El golpe de gracia del Servef llega además en un momento en el que Coepa tiene que lidiar con el intento de la valenciana CEV de ocupar su espacio en la provincia, tras convertirse en patronal autonómica mediante una modificación estatutaria y haber comenzado a captar los primeros socios entre los miembros de la patronal alicantina: Fempa (metal), Avecal (calzado), Hosbec (hoteles) y Cedma (empresarios de la Marina Alta). Si embargan sus cuentas y tiene que ir a liquidación sin Cepal activa, el escenario favorecería la 'fuga' de asociados hacia la CEV.
Como ha publicado Alicante Plaza, el servicio provincial de Recaudación de Alicante (IVAT), a partir del informe elaborado por el Servef en el que se desestimaban las pretensiones de la patronal, ha rechazado la impugnación que presentó Coepa contra la providencia de apremio que se le envió hace unas semanas. Es decir, el camino administrativo se ha agotado, y Coepa sigue debiendo 1,9 millones de euros al Consell. La providencia de apremio se ha formalizado por los 1,9 millones de euros más el recargo del 20% por la vía ejecutiva, lo que eleva el importe a satisfacer hasta los 2,3 millones de euros.
La impugnación presentada en su momento por Coepa, que alegaba un error matemático, suspendió el procedimiento de embargo iniciado por la AEAT. Ahora, este procedimiento vuelve a retomarse, de forma que la AEAT continuará con las acciones para intentar el cobro de estos recursos públicos, incluidos los embargos oportunos. En todo caso, en la notificación se indicará a Coepa que tiene un mes para presentar un recurso en alzada ante el IVAT, pero este recurso ya no paralizaría la vía ejecutiva.
Así las cosas, Coepa tiene que abonar la deuda o presentar un aval, ya que, en caso contrario, sigue el procedimiento. Y no parece que puedan hacer ni lo uno ni lo otro. Es decir, todo aboca a la patronal a la liquidación, dado que el embargo impedirá que pueda cumplir con el plan de pagos a los acreedores y cualquiera de ellos (o la propia deudora) pueden solicitar esa resolución a la situación. Eso sí, la liquidación dejará sin cobrar a la mayoría de acreedores, incluidos los empleados despedidos en dos ERE y el Fogasa. Y la Generalitat recuperará apenas una ínfima parte de esos 1,9 millones de euros. La clave estriba en que el plan de viabilidad de Coepa incluía la continuidad de su actividad como garantía del pago, al generar nuevos ingresos. Algo que ahora se antoja imposible.
