Coepa alega que las subvenciones que reclama el Consell están afectadas por la quita del 95%

ALICANTE. Los 220.000 euros que la Conselleria de Hacienda quiere reclamar directamente a la patronal alicantina, Coepa, tras la extinción de la antigua patronal autonómica Cierval, podrían quedarse en bastantes menos, a juicio de la organización alicantina. Fuentes de Coepa consultadas este viernes por Alicante Plaza recuerdan que las subvenciones a devolver formaban parte del crédito con la patronal autonómica sobre la que ésta aceptó una quita del 95% en el concurso de acreedores.

Esa al menos es la postura que pretende defender la confederación empresarial de la provincia de Alicante cuando llegue la reclamación de Hacienda, que quiere recuperar un millón de euros en ayudas injustificadas concedidas a las tres patronales provinciales a través de Cierval. Se trata, tal como ha contado este diario, de subvenciones para cursos de formación indebidamente justificados o que no se impartieron. La deuda con la Generalitat era de Cierval, pero al ir a liquidación exprés, la administración autonómica quiere reclamarla directamente a las patronales provinciales. La única que está en condiciones de pagar (unos 250.000 euros), según ha asegurado, es la valenciana CEV.

Hasta ahora era Cierval la que respondía por las reclamaciones que no podían afrontar sus entidades fundadoras, que ahora tendrán que hacerse cargo directamente de sus respectivas deudas. La deuda conjunta, según recoge el juez en su auto, supera el millón de euros y es el resultado de los diferentes expedientes de reintegro iniciados por la administración autonómica contra las organizaciones empresariales por la incorrecta justificación de las subvenciones. La mayor parte corresponde a 600.000 euros que el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) llevaba meses reclamando a Cierval. La diferencia entre esa cantidad y el millón de euros que refleja el juez del concurso de Cierval corresponde a otros requerimientos que aún no estarían en fase ejecutiva.

Sin embargo, a juicio de Coepa, esos 220.000 euros aproximadamente que le corresponde devolver del total a la patronal alicantina estarían afectados por la quita del 95% que Cierval aceptó en el convenio de acreedores validado por el juez de lo Mercantil de Alicante. Es decir, que la cantidad a devolver sería de 11.000 euros. "Es cierto que Hacienda puede discutir que ellos no eran el acreedor que aceptó la quita", admiten fuentes de la patronal, "pero en el convenio aprobado por los acreedores, incluida Cierval, la quita no se aplicaba solo a las cuotas impagadas, sino también a los reintegros". Al menos, a los expedientes iniciados antes de entrar en concurso. "Cuando Cierval admitió la quita, era para todo lo que dijo que le debía Coepa".

En Coepa contemplaban la llegada de este escenario, aunque la extinción exprés de Cierval lo ha adelantado, sin haber completado aún su integración en la nueva patronal autonómica (hay prevista una reunión, finalmente en mayo, entre Salvador Navarro y su homólogo alicantino, Francisco Gómez, que también acudirá a la presentación del proyecto en el acto del diario Información). No obstante, confían en poder negociar un acuerdo con la Conselleria, si no acepta 'heredar' la quita, o en "una negociación a todos los niveles durante la integración en la patronal autonómica".

"Si nos liquidan, no cobra nadie"

En caso contrario, solo caben dos opciones: "U ordenamos los pagos (esto es, la deuda con la Conselleria pasa al último lugar de la lista, una vez que se haya cumplido el plan de pagos a los acreedores), o nos hacen ir a liquidación". Y estas fuentes advierten que "si nos hacen ir a liquidación no cobra nadie, ni la Conselleria ni ninguno más", ya que el único bien que le queda a Coepa es el Centro de Oficios adjudicado al IVF en el mismo concurso de acreedores. Es decir, la única forma de poder cumplir el convenio es mantener la actividad y seguir generando ingresos.

Otro escenario que, llegado el caso, podía plantear la patronal alicantina a la administración autonómica, sería compensar los pagos de la Ley de Participación Institucional (LPI) a los que considera que tiene derecho (por estar ejerciéndola efectivamente), cifrados en unos 120.000 euros, con la deuda. Es decir, pasar dos años sin percibir subvenciones. Y, como ya ha contado Alicante Plaza, ese 'agujero' que destroza la previsión de ingresos del plan de viabilidad validado por el juez se cubriría con dos derramas entre sus asociados, la primera a fondo perdido y la segunda a devolver cuando se cumpla el convenio de acreedores.